¿Atando o matando cabos?

Benjamín Cuéllar

25 de febrero de 2016

Ser policía “de a pie” en El Salvador es un perenne acto de valentía digno de ser reconocido con creces, y de ser agradecido aún más. No solo cuando se desempeña con pleno respeto de la legalidad y los derechos humanos, confirmando a diario su vocación y su entrega en aras de garantizar la seguridad ciudadana; también cuando la persona que porta el uniforme demuestra su arrojo y arriesga su vida, o la pierde, cumpliendo su deber al enfrentarse con estructuras organizadas, armadas y –por no tener control ni freno– desatadas. En el infernal escenario en el cual se mueven sus agentes, fueron sesenta y dos las víctimas de la Policía Nacional Civil que murieron violentamente el año pasado; las de este ya sumaban cinco, hasta el 22 de febrero. 

A esa realidad delincuencial que colma de violencia e inseguridad la cotidianeidad del país, hay que agregarle otro factor que igualmente afecta a la corporación policial en sus estratos inferiores: las condiciones en las cuales desarrollan su labor. No hay que abundar en eso, solo hay que mencionar algunas: salarios de hambre, infraestructura precaria dizque para “descansar”, flota vehicular que da pena y lástima aunque recién hayan publicitado nuevas unidades donadas, promesas de mejorías sin cumplir –como el famoso “bono”– y tantas penurias más que refuerzan lo antes dicho: quienes aguantan todo eso y no obstante trabajan bien, son un monumento de carne y hueso al heroísmo. Si no se les dignifica en la institución policial como personas y profesionales, al menos deberían erigirles una estatua alta; tan alta como el tamaño de su sacrificio.

¿Hay quienes dejan mucho, muchísimo que desear por su falta de moral y su cuestionable actuar dentro de la Policía Nacional Civil? ¡Claro que hay! De esa calaña hay, tanto arriba como abajo. Pero desde afuera, lo que se observa es que la limpieza no la hacen bien: en lugar de hacerla de arriba hacia abajo la hacen al revés. Eso se ha visto, en estos días, con algunas detenciones bastante publicitadas. ¡Qué bien! Pero cuando el aseo se hace así y solo así, la basura le cae en su cara a quien comienza a barrer; entonces mejor se opta por guardar la escoba tras la puerta, para sacarla hasta que la cochinada vuelve a ser insufrible.

Así como vamos, ¿nos vamos a quedar sin policías decentes? Entre quienes mueren a manos de la delincuencia organizada, quienes capturan por “rentear” –léase, extorsionar–  gente indefensa, quienes son sometidos a investigaciones y sufren amenazas por defender sus derechos, quienes se van del país por la inseguridad, quienes se enredan en las redes criminales de “primera división”… ¿Nos vamos a quedar sin policías decentes? 

El problema es cardinal. En buena medida, con ese permanente vaciado se está echando al traste una inversión millonaria de años al perder –por las causas enlistadas y otras más– personal policial capacitado y con experiencia, debido a la falta de una política pública en materia de seguridad ciudadana y combate a la delincuencia; una verdadera política criminal que trascienda gobiernos de cualquier signo y sea pensada, diseñada y ejecutada en función del país, no del partido.

Hoy se habla de un gran proyecto de vivienda para las y los integrantes de la corporación responsable, por Constitución y por ley, de garantizar la seguridad de la población. La idea esencial es que esas personas, esos seres humanos que ahora habitan los mismos ámbitos donde deben desplegarse para cumplir su noble misión de enfrentar estructuras criminales, vivan en lugares seguros. Por eso, en su momento se cuestionó en público y en privado la oferta de un “bono” que –hay que decirlo– a la fecha reclaman quienes aún no lo reciben. Otra cosa es la legalidad o ilegalidad de sus acciones. Pero no siempre lo legal es sinónimo de justo. ¿O no? 

Cuando hace meses se anunció el mentado “bono”, hubo chance de comentarlo en el desarrollo de un curso en la Academia Nacional de Seguridad Pública. Ahí fue es donde fue criticado abiertamente por ser un paliativo y no una solución consistente, de fondo, para la situación de inseguridad en que se encuentran las y los policías en sus vecindarios. Y desde ese entonces se propuso lo que ahora ofrecen desde el Gobierno: la creación de “Ciudad Policía”.

Misael Navas cuidaba el domicilio de la hija del mandatario salvadoreño. Con su cobarde asesinato ocurrido hace unos días, la muerte ya casi toca el timbre de la entrada principal al entorno familiar de Salvador Sánchez Cerén mientras este –en Casa Presidencial– preparaba papeles y maletas en su residencia particular para viajar a la capital imperial. A estas alturas ya fue a estirar la mano allá en Washington, D. C., junto a sus colegas del “triángulo norte” centroamericano, buscando los dólares con los cuales pueda seguir prometiéndole al país la “prosperidad” del “buen vivir”.

Misael Navas era subsargento de la Fuerza Armada de El Salvador, cuyos integrantes más humildes también mueren en medio del diario “mal vivir” mayoritario sin que –a la fecha– exista una guerra declarada en el territorio nacional. En el 2015 fueron más de veinte militares asesinados y la cuenta sigue en el 2016. El subsargento Navas bien pudo haber sido sargento, cabo o agente “de a pie” del mismo ejército o de la Policía Nacional Civil. El caso es que las víctimas uniformadas dentro de la caótica situación nacional, son solo del nivel básico policial y militar. Nadie más. Ni los comisionados ni los generales mueren en el fragor de las batallas de posguerra.

Eso está pasando desde hace mucho. Y mientras las altas autoridades de seguridad pública –altas por el cargo, nomás– se quiebran la cabeza atando cabos para encontrarle la “cuadratura al círculo” del más grave problema nacional –la combinación de la violencia intolerable y la inseguridad hasta hoy insuperable– en el nivel básico de la corporación policial y de la milicia desde hace rato y a cada rato, siguen y siguen “matando cabos”. ¿Hasta cuándo habrá que seguir así?