Benjamín Cuéllar
09 de febrero de 2016
En la coyuntura actual, se puso a cero el
reloj nacional. Tanto su horaria como su minutero y su segundero estuvieron a
punto, listas para comenzar a trocar la historia; para comenzar a corregirle el
rumbo al país. Para pasar, pues, de la oscura impunidad a la brillante
justicia. Sin embargo, como malacostumbran, el par de cerriles actores
políticos de posguerra que le han dado cuerda desde hace casi cinco lustros, siguen
y seguirán enfrascados en impedir que avancen esas agujas; necios, quieren imponer
cada cual su hora. Nada más que su hora. “Todas las cosas tienen su tiempo”,
reza el Eclesiastés. El actual, bien podría y debería ser de cambio sabiendo
que “el tiempo perdido, hasta los santos lo lloran”. Hoy, pues, se corre el
riesgo de dilapidar –una vez más– otra oportunidad para El Salvador; de
desperdiciar un nuevo chance para sacarlo del hoyo profundo en que se
encuentra, dolido y jodido.
Lamentable pero cierto, hoy por hoy el
territorio nacional es una mesa cuyas patas son el hambre, la sangre, la
corrupción y la impunidad. Ahí comen bien, muy bien, y están seguras, muy
seguras, las minorías privilegiadas: económicas, políticas, mediáticas,
militares y demás. Ahí han estado en sus señoríos, aprovechándose de su viveza
y picardía; también del “no se aflijan” institucional, del “podemos hacer lo
que sea y qué”. Y así seguirán, según parece. Con las “alertas rojas” en el
caso de la masacre de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA),
se está ante la posibilidad de darle vuelta a la historia. Pero, como van las
cosas, no se aprovechará.
La captura de cuatro militares es, sin
duda, un triunfo de las víctimas. De todas las víctimas. “A Dios rogando y con
el mazo dando”, se dice. Pero también del trabajo de las organizaciones que
iniciaron la querella en el ámbito de la justicia universal allá en España, el
13 de noviembre del 2008, y del apoyo brindado por el Instituto de Derechos
Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA) desde
antes de su presentación. Pero son solo cuatro los detenidos, de un total de
diecisiete perseguidos. Trece “se hicieron humo”. ¿Por qué? Si “el que nada
debe, nada teme”.
Tomás Zárpate Castillo, alias “Sansón”;
sargento del Batallón de Reacción Inmediata (BIRI) “Atlacatl”. Procesado a
partir de 1990 y declarado inocente en 1991, pese a haberse hecho cargo de su
participación en los hechos. Confesó que “les disparó a las dos mujeres que les
estaba dando seguridad [Julia Elba y Celina Ramos], no recordando qué cantidad
de disparos hizo, pero que sí fue tiro a tiro”. Antonio Ramiro Ávalos Vargas
es el otro; alias “Sapo” o “Satanás”, como quieran. También sargento del
“Atlacatl”. Igual que su colega anterior, aceptó su actuación criminal. Enfrente,
“boca abajo”, estaban tendidos cinco jesuitas en el jardín de su residencia. En
voz baja le dijo al soldado Óscar Mariano Amaya Grimaldi, alias “Pilijay”:
“Procedamos”. Acto seguido, dispararon a las cabezas y cuerpos de las víctimas;
“Pilijay” a tres, con un fusil soviético Ak-47, y “Satanás” a dos.
El tercer detenido hace unos
días: Ángel Pérez Vásquez, alias “Saguamura”, cabo del mismo BIRI. Este reveló
que un “señor alto”, tras haber observado los cinco cadáveres en el jardín, se
regresó al interior de la residencia. Unos militares lo llamaron; no hizo caso
y, cuando iba a entrar a una de las habitaciones, le dispararon. Luego, Pérez
Vásquez entró a registrar dicha habitación. Agonizando, la víctima “lo agarró
de los pies, a lo que él retrocedió y le disparó”.
Finalmente, entre las capturas
está la del coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno. El único “pez gordo”.
Bueno, ni tanto por dos razones. Era miembro de la “tandona”, como fue conocida
la promoción de subtenientes que egresó en 1966 de la Escuela Militar “Capitán
general Gerardo Barrios”; entre ellos se encontraba René Emilio Ponce y cuatro
oficiales más acusados como autores mediatos de la masacre en la universidad
jesuita. Pero Benavides no era de los “guerreros”; hay quien lo calificó como
“ajeno a eso de la guerra”. Un “botas virgas”, como les decían a los oficiales
sin mayor experiencia operativa.
Además, Benavides Moreno no
debe considerarse entre los “gruesos” pues más bien fue y sigue siendo –con su
reciente arresto– el “chivo expiatorio” por excelencia en la conspiración para
garantizar el encubrimiento y la
impunidad a los “grandes” de verdad. No le aparece un “alias”, pero ese sería
el más indicado. Lo fue cuando lo condenaron en 1991 por el asesinato de
Ignacio Ellacuría y siete personas más, pese a que solo había sido el
“mensajero”; el simple transmisor de la orden proveniente del Estado Mayor de
la Fuerza Armada de El Salvador y nada más. Tampoco era jefe ordinario de la
tropa a la que le comunicó la orden de matar salida del Estado Mayor castrense.
Desde su condena en septiembre de 1991 hasta su amnistía en marzo de 1993, “enmudeció” seguro
de que saldría “con bien”, cuando también se amnistiaran a sí mismos los
cobardes; los otros cobardes. Este sí sabe que “calladito se ve más bonito”.
Vale la pena, acá, parafrasear
al quizás mejor jurista y magistrado costarricense: el entrañable, ya fallecido, Rodolfo Piza Escalante. La
amnistía es una gracia que se otorga a los valientes; a los que, cuando hacen
la guerra, se ciñen a los cánones establecidos por el Derecho internacional
humanitario y del Derecho militar. Estas son las “leyes de la guerra”. Quienes
mandan a matar población civil no combatiente –como en el caso de las masacres
en El Mozote, la UCA y tantas otras– son cobardes y nada más. Para estos, no
hay amnistía que valga.
Pero hay quienes los defienden. Más con el hígado que con argumentos
bien sustentados, pero los defienden con formulaciones ya conocidas y bastante
gastadas. ¡Reabrir heridas! ¡Cortina de humo! ¡Mayor polarización! ¡Caja de
Pandora! ¡Cacería de brujas! ¡Persecución política!... Los tres partidos de
derecha que gobernaron desde 1962 hasta el 2009, cuando ganó las elecciones el
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), se pronunciaron de
igual forma y agregaron que se está atentando “contra la letra y [sic] espíritu de los acuerdos de paz
firmados en 1992”.
¿Por qué sostienen eso? En el de Chapultepec quedó el compromiso de
superar la impunidad. Para ello, las partes decidieron remitir “la consideración y resolución de este punto a la
Comisión de la Verdad”, a partir de un principio: “que hechos de esa
naturaleza, independientemente del sector al que pertenecieren sus autores
deben ser objeto de la actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia,
a fin de que se aplique a quienes resulten responsables las sanciones
contempladas por la ley”. Ciertamente, “no hay cosa más difícil que conocer a
un necio si es callado”. Suerte, pues, que estos hablan.
A las citadas necedades, se
han sumado otras entre las cuales destacan dos por primarias y patéticas: que
lo ocurrido en la UCA el 16 de noviembre son “simples homicidios” y no crímenes
contra la humanidad; y que las órdenes de captura internacionales, consumadas o
no, son “ajusticiamientos civiles”. “¡No me defienda, compadre!”. Par de
absurdos, entendibles tan solo por venir de quienes vienen. Los voceros más
visibles de los imputados: el abogado Lisandro Quintanilla y el general
Mauricio Vargas.
Asimismo, los “prófugos” ya se
pronunciaron advirtiendo que “tomarán medidas”. A eso le llaman querer “asustar
con el petate del muerto”. En la vecina Guatemala, parte del “triángulo norte”
centroamericano junto con Honduras y El Salvador, se han sentado y se siguen
sentando en el “banquillo de los acusados” tanto soldados desconocidos como
conocidos generales, llámense Lucas García, Ríos Montt y Pérez Molina, además
de otros oficiales de menor graduación.
La chapina “Fundación contra
el terrorismo” lanzó y mantiene, en respuesta, una campaña de denuncias en los
medios y en los tribunales contra la anterior Fiscal General y la actual:
Claudia Paz y Thelma Aldana, respectivamente. En la colada también han caído el
Fiscal de Derechos Humanos, jueces que han actuado con independencia, defensores
y defensoras de derechos humanos. No sería raro que pronto surgiera una versión
guanaca de esa iniciativa con ese nombre u otro parecido, pero con el mismo
fin: intimidar a las víctimas y a quienes las acompañan en su lucha por la
verdad, la justicia y la reparación integral.
Y el comandante general de la
Fuerza Armada, presidente de la República y antiguo miembro de la comandancia
general insurgente, ¿qué dijo? Que la corporación policial solo los capturó y
que es el sistema de justicia el que dirá la última palabra. A los militares
escondidos por segunda vez en menos de cinco años, les recomendó entregarse. Y
a las víctimas de las atrocidades, se supone que las cometidas por ambos
bandos, les envió un mensaje: “Vamos a impulsar
una política en el pueblo, para que este tenga espacio para perdonar hechos
cometidos en el pasado”. Eso declaró Salvador Sánchez Cerén el recién
pasado sábado 6 de enero. También habló de la necesidad de que hubiese verdad y
justicia. Por estas dos debió haber empezado, para terminar con lo del perdón
que es un asunto personal y muy íntimo.
Así
como se han dado las cosas hasta ahora, bien dice el dicho: “No creás en el
santo si no ves el milagro”. Las órdenes internacionales de captura a INTERPOL
en España y El Salvador, así como a la Dirección General de la Policía Nacional
Civil, fueron reiteradas por el juez
Eloy Velasco el 4 de enero del presente año. No pasó nada hasta que exactamente
un mes después, el 4 de febrero, en Carolina del Norte la juez Kimberly Swank
decidió que el coronel Inocente Orlando Montano fuese extraditado a España, por
existir “causa probable de que el acusado cometió los delitos de asesinato
terrorista”.
Si
la justicia estadounidense estableció eso para Montano, lo habría hecho también
para los otros imputados. Pero como se encuentran acá, con o sin “soplo” previo
–seguramente con– corrieron asustados a esconderse. Y “por los vientos que
soplan”… Con todo lo anterior, solo resta señalar que “errar es humano y
perdonar es divino”. Si es errada esta exploración hecha, escrita y publicada
hoy, sobre lo ocurrido recientemente en torno a la búsqueda de verdad y
justicia en el caso de la masacre en la UCA, hay que aspirar al “divino” perdón
de la “noble afición” tras reconocer lo primero. Pero se vale pensar mal…
porque “la mula no era arisca, los golpes la hicieron”.
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