Grandezas y pequeñeces

Benjamín Cuéllar 

Imperdonable. Pasó el 12 de marzo y no escribí sobre las cuatro décadas transcurridas tras una emboscada realizada entonces; en ese fatal suceso fallecieron Manuel Solórzano de 72 años y Nelson Rutilio Lemus de 16 ‒ambos campesinos‒ y el jesuita Rutilio Grande, cerca de cumplir 50. Este sacerdote, junto al también jesuita José María Cabello, a mis escasos 15 “abriles” marcaron el rumbo de mi existencia. 

Conocí a Rutilio en el Externado de San José, en 1971, durante su paso por el colegio de la Compañía de Jesús en El Salvador. Llegó para ser el prefecto de disciplina en la secundaria. Ese cargo, definitivamente, no era para él; por ello, en 1972 se convirtió en párroco de la iglesia Señor de las Misericordias en Aguilares, departamento de San Salvador.

Pero fue por él que descubrí los documentos finales de la segunda Conferencia general del episcopado latinoamericano realizada en 1968, mejor conocidos como los Documentos de Medellín por ser esta ciudad colombiana la sede para su realización.

 

Esos textos y las inolvidables conversaciones con el padre Grande, respetuosamente así lo llamábamos, fueron claves para escribir el discurso del acto conmemorativo de la “independencia” patria que leí ante padres y madres de familia, junto a otros curas y buena parte del profesorado que me escuchaban con sorpresa y ‒seguramente‒ molestia en el patio central del quizás más elitista colegio privado del país en aquel entonces.

 

No volví a saber nada de él, hasta que se propagó como reguero de pólvora la noticia de su martirio y el de sus acompañantes. Lo que sí sé es que Rutilio llevó a monseñor Romero al Socorro Jurídico Cristiano (SJC), fundado en 1975 cuando el rector “externadista” era Segundo Montes ‒también jesuita y mártir‒ abrió las puertas del colegio para ello. Fundador y primer director del SJC fue mi hermano Roberto.

 

Este habla con propiedad pues los conoció a ambos, precisamente por su labor al frente de dicha oficina en un entorno cada vez más caliente por las graves violaciones de derechos humanos, la amplia exclusión social ‒principalmente entre el campesinado‒ y la impunidad imperante. Tres temas que a Rutilio y a Romero, los relacionaron con “Beto”; los dos curas estaban del todo convencidos de que debía utilizarse el “Derecho justo”, como instrumento valioso en la lucha por reivindicar la dignidad pisoteada de las mayorías populares por un sistema del todo injusto.

¿Por qué afirmo que Rutilio llevó a Romero al SJC? El 31 de marzo de 1978, el segundo inició su Diario personal. Entonces habló de una importante reunión; la más importante de esa fecha, le dictó a la grabadora donde el hoy beato comenzaba a registrar los hechos destacados de cada jornada. Se juntó con el personal del SJC y le comentó las dificultades que enfrentaba para auxiliar legalmente a tantas víctimas. Antes había buscado, sin éxito, abogados con mayor experiencia. La razón: el caso del padre Grande. No sin desconfianza por la juventud de los “socorristas”, Romero se agarró de sus manos y caminó hasta su muerte martirial con el apoyo de ese pequeño equipo.

Ejecutado su amigo querido y sus dos acompañantes, monseñor se negó a asistir a los actos oficiales gubernamentales mientras no se aclararan esos hechos. Así, no concurrió a la investidura presidencial del general Carlos Humberto Romero el 1 de julio de 1977, quien fuera ministro de Defensa y Seguridad Pública durante la administración del coronel Arturo Armando Molina.

Considerando la cadena de mando castrense, el general Romero no podía ser eximido de responsabilidad en lo relativo a las graves violaciones de derechos humanos ocurridas entre el 1 de julio de 1972 y el 30 de junio de 1977. Iniciaron con la cruenta toma militar de la Universidad de El Salvador, el 16 de julio de 1972, seguida por la masacre de estudiantes de la misma y pueblo que acompañaba la protesta el 30 de julio de dicho mes.

Resulta paradójico que el actual Gobierno del FMLN sumara sus votos legislativos, para decretar tres días de duelo nacional por el fallecimiento del general Romero el 27 de febrero del corriente año. Hasta hoy, es el último presidente derrocado por ‒entre otras razones‒ perseguir y reprimir al pueblo en general y al organizado en las cinco agrupaciones que integraron el frente guerrillero, ahora partido político peleando elecciones impúdicamente. Sin embargo, no hizo nada por rendir homenaje oficial a Rutilio el “grande”, cuatro décadas después de su martirio. Una pequeñez más de la antigua “rebeldía”. !Nada sorprendente ya! 

“Es la oportunidad para que el sistema de justicia demuestre que funciona o sigue atrofiado”

Para Benjamín Cuéllar, exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Uca (Idhuca) y activista de Derechos Humanos, la falta de justicia restributiva en el caso de los crímenes de guerra, ha hecho que la historia de repita: “hay tres guerras no declaradas”, dice; señala que junto al Centro de Capacitación y Promoción de la Democracia (Cecade) empezarán a pedir la investigación de más casos, bajo el Código Penal vigente. Dice que es el momento que el sistema de justicia demuestre que las reformas y depuraciones han funcionado o que demuestre “que sigue atrofiado”, como hace 23 años, cuando se firmó la amnistía “bajo la mesa y sin presencia de las Naciones Unidas”. Leer más 

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¿Dónde está la ley?

Benjamín Cuéllar

El próximo lunes 17 de abril se cumplirán cuatro décadas de la misa que, invitado por Alfonso Navarro, monseñor Romero celebró por la fiesta patronal en la parroquia de La Resurrección. El beato, reflexionó sobre la Pascua; habló sobre el paso de la muerte a la vida. Muerte ‒afirmó‒ es pecado, mediocridad, injusticia, desorden, atropello de los derechos. Eso “tiene que quedar sepultado en la tumba del Señor y resucitar: pasar de la muerte a la vida. Vida quiere decir justicia (…) Quiere decir todo ese esfuerzo por ser cada día mejor”. 

Antes de un mes asesinaron en la casa parroquial a Navarro: el 11 de mayo. Hay quienes sostienen que fue la venganza de las estructuras criminales de derecha, luego de que las de  izquierda ejecutaran a Mauricio Borgonovo el día anterior. Monseñor ofició la misa de “cuerpo presente” del canciller salvadoreño y también la del sacerdote. El primero fue el segundo funcionario asesinado durante el Gobierno presidido por Arturo Armando Molina, quien iba de salida; el otro era el segundo cura asesinado durante el arzobispado de Romero, quien apenas iniciaba.

“La violencia la producen todos”, afirmó este con el dedo acusador. “No solo los que matan, sino los que impulsan a matar”. Léase: quienes ordenan las muertes, se lucran con estas y mantienen la impunidad protectora de criminales. Del presidente Molina, Romero esperaba que ‒si era sincero lo que le manifestó telefónicamente‒ se preocupara por investigar ambas ejecuciones. “(T)an sagrada es la vida del ingeniero Borgonovo”, como la del padre Navarro. “Como sagrada ‒sostuvo‒ es la vida del padre Grande, que hace dos meses pereció también acribillado y a pesar de las promesas de investigación, todavía estamos lejos de saber la verdad”.

La resurrección y la vida van de la mano con la verdad y la justicia. Por ello, esperando estamos el anuncio oficial de algo que debería estar ‒desde hace rato‒ debatiéndose: la propuesta de ley para cumplir la sentencia de inconstitucionalidad de la amnistía dictada el 13 de julio del 2016, fecha histórica para las víctimas y el país.

Entonces, la Sala de lo Constitucional ordenó a la Asamblea Legislativa ‒en un plazo razonable‒ “garantizar el acceso a la información pública” sobre las atrocidades atribuibles “a ambas partes”; “responder, en el menor tiempo posible, a las exigencias de las víctimas y sus familiares y de la sociedad salvadoreña” relacionadas con investigar y conocer la verdad, procesar y sancionar a sus responsables; y determinar las medidas necesarias para reparar integralmente a las víctimas garantizando “su satisfacción, compensación y reivindicación, así como las medidas de no repetición” de dichos hechos. Todo ello, considerando los parámetros de dicha sentencia y “los estándares de la justicia transicional”.

Desde finales de julio del 2016, pasando por el 16 de enero del 2017, Salvador Sánchez Cerén y su vocero ‒Eugenio Chicas‒ así como “Hato” Hasbún declararon que trabajan en una propuesta de ley sobre el tema. ¿Dónde está? Este jueves santo se cumplen exactamente nueve meses y no han parido nada. ¿Es un “plazo razonable” o “el menor tiempo posible”? ¿Le seguirán dando largas?  

 Los crímenes de Borgonovo y Navarro debieron investigarse y sus autores, mediatos e inmediatos, sancionarse en su momento. ¡Hace 40 años! Como no se hizo nada, no se comenzó a transitar desde aquel entonces por el camino pascual que el país requería. “No solo la maravilla de la creación es imagen de Dios”, dijo el beato. También “la maravilla de la redención que es elevación de la naturaleza, elevación de la sociedad”. Hay que “vivir intensamente este sentido comunitario del paso de la muerte a la vida, de la imperfección a lo perfecto”, sostuvo. Y nadie entre los poderes formales y reales, le obedeció.  

Por eso, en El Salvador nunca dejó de imperar la muerte violenta con el respectivo correr de la sangre; tampoco la muerte lenta, producto del inaceptable hambre. Continuaron bien instaladas sobre la impunidad, que protege al que mata y al que roba en grande.

Están tardando demasiado en presentar una propuesta legislativa para cumplir lo mandado por la Sala de lo Constitucional. Elaborar y aprobar una amnistía aberrante, lo lograron en menos de cinco días; elaborar y aprobar una ley para aplicar correctamente la justicia transicional, no saben cómo o no quieren. Si salen con un adefesio, “refrito” de lo declarado inconstitucional, que no lo presenten bajo el retrato de un Romero que no sonríe en Casa Presidencial. ¿Estará incómodo? ¿Será que no ve asomarse la Pascua en El Salvador?

A desplazarlos

Benjamín Cuéllar

Agni Castro Pita es jefe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en El Salvador  (ACNUR), organismo conocido en el “triángulo norte” centroamericano por sus antecedentes que se remontan al inicio de la década de 1980, cuando el beato Romero recibiera en el Palacio Arzobispal al primer grupo de refugiados permanentes el 7 de marzo de 1980. Eran 32 personas, campesinas, procedentes del municipio de Cinquera.

Después, no pararon de huir buscando refugio las víctimas de los embates del ejército gubernamental y sus huestes paramilitares; en menor cuantía, también de las guerrillas. Llegaban de los departamentos de Cuscatlán, Cabañas y Chalatenango; en cinco días sumaban 800. Luego  vino la hecatombe humanitaria y huían de todos lados. Terminada la guerra, ¿terminó el desplazamiento forzado? No. 

Castro Pita, recién publicó un medio, afirmó que no hay “por control territorial o de personas” ni “producto de un conflicto interno”. “No estoy diciendo que no existe, estoy diciendo que no lo he mencionado”, insistió pidiendo que eso quedara claro en la grabación. “He dicho que hay personas que dejan sus comunidades, sus hogares por la violencia o por cuestiones de inseguridad”; “porque la gente tiene miedo”.

Postura similar a la de las principales autoridades estatales salvadoreñas: negar o usar eufemismos para no hacerse cargo de una realidad políticamente complicada, pero lacerante para sus mayorías populares. Esa negación del fenómeno y sus consecuencias, la confirma en la misma nota Sonia de Madriz ‒titular de la Procuraduría General de la República‒ quien “está a la espera de que el Ejecutivo” lo “reconozca (…) para poder intervenir”.

Pero el presidente salvadoreño junto a sus colegas de Honduras y Guatemala sí lo reconocieron en el 2014, aunque sea una vez, cuando presentaron los “Lineamientos del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte” donde se lee:

“La falta de oportunidades de empleo, la violencia y la reunificación familiar han sido las principales razones para emigrar de nuestra región. Encuestas recientes identifican a la violencia como el factor más apremiante para la migración de menores, seguido de la falta de oportunidades de empleo, mientras que sólo el 14% de los encuestados mencionó el deseo de reunificarse con sus familiares. Por otro lado, la migración adulta también identifica estas causas en los tres países aunque la falta de oportunidades es la más mencionada”.

Implícitamente, pero lo aceptan; detrás están los dólares estadounidenses. Como sea, la situación es crítica por ser permanente y creciente. En agosto del 2010 aparecieron en San Fernando, Tamaulipas, más de 70 cadáveres de personas que huían del infernal “triángulo norte” centroamericano, buscando el “paraíso”; pero no pasaron del “purgatorio”.

¿Paró la huida tras eso? Al contrario: la emigración salvadoreña se incrementó  cinco veces, según el Sistema continuo de reportes sobre migración internacional en las Américas. Y desde el 2012 en adelante creció la cantidad de niños, niñas y adolescentes; hubo que asumir, en el 2014, que era una “crisis humanitaria”.

Por suerte para las víctimas, a diferencia de Castro Pita la oficina regional del ACNUR tiene clara la necesidad de buscar y encontrar soluciones, partiendo de un diagnóstico sin contaminaciones políticas o diplomáticas. El desplazamiento forzado actual no surge de guerras convencionales. “Son familias, mujeres, niños que buscan refugio porque han sido víctimas de abusos indescriptibles a manos de las pandillas y de los grupos criminales”, señaló, dejando abierta la posibilidad del acrecimiento de personas afectadas. 

Las solicitudes de asilo del “triángulo norte (…) aumentaron un 92%, pasando de más 24.000 en 2014 a una cifra superior a los (sic) 54.000 en 2015”. En “los primeros cuatro meses de 2016, 11.000 personas” pidieron ser consideradas refugiadas, “principalmente en Estados Unidos y México”.

Andrés Ramírez ‒representante del ACNUR para Centroamérica, Cuba y México‒ dice: “A la hora de la verdad el desplazamiento, sea porque fue una bala que vino de la guerra, o porque fue una bala que vino de grupos organizados del crimen transnacional, o porque fue una bala que vino de una situación de infiltración a nivel de ciertas autoridades y demás, la persona simplemente huye al no poder acogerse a la protección”.

Las causas del éxodo son estructurales, se afirma desde siempre. La solución está entonces, en contar con autoridades estatales capaces de enfrentarlas y superarlas de la mano con las víctimas. Quienes ahora ocupan esos espacios han demostrado incapacidad notoria y notable para entrarle a esa alta misión, pero no se  irán voluntariamente. Habrá que desplazarlos con la fuerza de la organización social y la movilización popular.