Benjamín Cuéllar
Este
miércoles 19 de julio se cumplieron 45 años de la intervención militar de la
Universidad de El Salvador realizada con “definición, decisión y firmeza”, según
el entonces presidente de la República. El próximo domingo 30 de julio, serán
42 los transcurridos desde que ‒también siendo mandatario el coronel Arturo
Armando Molina‒ fueron masacrados estudiantes y pueblo que acompañaba su lucha.
El
ministro de Defensa y Seguridad Pública de la época era el todavía coronel
Carlos Humberto Romero, quien falleció el 27 de febrero de este año. La
Asamblea Legislativa, votados por todos los partidos, decretó tres días de
duelo nacional. Por las víctimas de los hechos antes señalados y de todo lo
ocurrido desde entonces hasta el fin de la guerra, ni siquiera un minuto de
silencio oficial hubo.
Sin
embargo, el mejor homenaje a estas últimas tuvo lugar precisamente el pasado
miércoles cuando se realizó una audiencia pública ‒convocada por la Sala de lo
Constitucional‒ para revisar el cumplimiento de su sentencia en la cual declaró
la infame Ley de amnistía de 1993 como contraria a la Carta Magna.
Entonces
se “desnudaron” los órganos Legislativo y Ejecutivo. Más allá de las acostumbradas
“fintas” para esquivar su irresponsabilidad, la conclusión es una: no han hecho
nada. Eso quedó demostrado. Se tiraron la “pelota” entre ambos, en lo
concerniente a elaborar una propuesta de ley para reivindicar la dignidad de
las víctimas y buscar una real reconciliación nacional, que trascienda a los
responsables de las atrocidades ocurridas antes y durante la guerra.
Todo
el mundo suponía que durante el año transcurrido desde que se emitió la
sentencia referida, en Casa Presidencial se estaba elaborando el dichoso
proyecto de ley. La sorpresa fue generalizada cuando el apoderado de don
Salvador Sánchez Cerén, quien a diferencia de Guillermo Gallegos y el fiscal
general de la República no asistió a la audiencia, declaró que no había tales.
Ciertamente,
Sánchez Cerén rechazó este y otros fallos emitidos por el máximo tribunal
justicia constitucional el 13 de julio del 2016. “Estas
sentencias ‒afirmó de inmediato‒ ignoran o no miden los efectos que pueden
tener, no solo en la frágil convivencia que existe en el interior de nuestra
sociedad sino que, además, no contribuyen a fortalecer la institucionalidad
existente”.
Pero eso cambió luego. Diez días después, en su sabatino
“Gobernando con la gente” dijo que había “comenzado a conversar sobre la
necesidad de construir una nueva ley de reconciliación nacional (…) que se
adecúa a estos momentos y, además, a elaborar como parte de esta ley una
justicia transicional que permita que las familias conozcan la verdad pero,
además, que se dé la oportunidad de que se perdone”.
Después, el 16
de enero del 2017, se refirió a la “especial sensibilidad” de su Gobierno “con
este tema”; es un “paso necesario en nuestro proceso de reconciliación ‒afirmó‒
que dignifiquemos a las personas que sufrieron los agravios de los aparatos del
Estado durante el conflicto armado y con las cuales aún tenemos deudas en la
implementación de los Acuerdos de Paz”. Y terminó sosteniendo que ratificaba su
“compromiso de impulsar un diálogo con ese propósito”.
Con
todo lo anterior, era lógico presumir que el Ejecutivo ejercería el necesario
liderazgo para impulsar la iniciativa. Pero no. No hizo nada. Sin embargo, a
final de cuentas, en la audiencia citada se logró que el diputado Gallegos
‒quien actualmente preside esa Asamblea Legislativa que homenajeó al general
Romero‒ aceptara crear una comisión para elaborar la normativa que busque dignificar a las víctimas y empuje
la reconciliación nacional; también se comprometió a darle “iniciativa de ley”
para su estudio, discusión y aprobación.
¡Públicamente!
Quedaron filmados dichos compromisos, asumidos a propuesta de este servidor,
quien además solicitó que Pedro Martínez, Ima Guirola, Jorge Amaya ‒actores
demandantes en el proceso‒ lo acompañaran junto con algunas víctimas para
integrar dicha Comisión, lo cual también fue admitido por Gallegos. Se pidió,
además, a los miembros presentes de la Sala de lo Constitucional que el
Ejecutivo se sumara a dicho esfuerzo; ello, para lograr consensos y evitar
alegatos posteriores rechazos u otros obstáculos.
En
el gremio de juristas dicen: “Hecha la ley, hecha la trampa”. En este caso, lo
que ha ocurrido es que no han podido hacer primero la trampa; por tanto, nadie
ha hecho la ley. Pero ahí está la terquedad buena y sana de las víctimas que
siguen luchando por alcanzar verdad, justicia, reparación integral y por hacer
que se establezcan las garantías de no repetición de las salvajadas pasadas.
