miércoles, 29 de noviembre de 2017

La izquierda real

Este 27 de noviembre se cumplieron 37 años de la muerte de seis dirigentes del Frente Democrático Revolucionario (FDR). Esa mañana se encontraban reunidos Enrique Álvarez, Juan Chacón, Enrique Escobar, Humberto Mendoza, Manuel Franco y Doroteo Hernández en el colegio de los jesuitas. Algunos individuos que llegaron a secuestrarlos, se apostaron en diversas entradas del plantel educativo; otros fueron a la del edificio principal, ordenándole a la gente tirarse al suelo con los ojos cerrados. Con sus “objetivos” hicieron lo mismo y les amarraron las manos, vendándoles los ojos para llevarlos con rumbo desconocido. Horas después, aparecieron sus cadáveres salvajemente torturados.


Franco recibió cuatro impactos de bala en el pecho; Chacón tres: en la oreja, en la frente y en el tórax; Mendoza dos y Escobar también. Sobre la ejecución de Hernández, no hay datos; pero todos presentaban señales de estrangulamiento. En el caso de Álvarez, ministro de Agricultura tras el tras el golpe de Estado de octubre de 1979 y luego presidente del FDR, su cuerpo tenía doce balazos en la espalda; pretendían, así, descabezar la fuerte y creciente oposición política con un claro mensaje: no había que ingresar a la misma y menos dirigirla. Además, pertenecía a una de las familias más adineradas de entonces; lo veían como “traidor”.

La Comisión de la Verdad en su informe ‒cuya publicación cumple 25 años el próximo marzo‒ afirmó que “de todas las evidencias recogidas” era claro “que la acción estuvo dirigida a detener a los dirigentes”. No fue casualidad ni buscaban otro “objetivo”. “La forma en que los efectivos que participaron en el operativo se movieron dentro del edificio y sus alrededores no deja lugar a duda de que […] se trató de un operativo específicamente diseñado” para capturarlos.

Las privaciones de libertad, las torturas y la masacre fueron actos delictivos coordinados desde “arriba”. Tuvo que ser así. En el país ya sonaban fuerte los “tambores de guerra”, la cual inició el 10 de enero de 1981. ¿Cómo realizar semejante operación en una ciudad militarizada sin una organización previa y precisa desde los mandos superiores, para evitar cualquier incidente en el trayecto adonde los torturaron y luego adonde los ejecutaron?

La citada Comisión advirtió que realizar esa acción requería al menos de “la complicidad de los organismos de seguridad, los cuales además seguían de cerca a los dirigentes políticos”. Hora, lugar, cantidad de efectivos, equipos de radio, vehículos, armamento y uniformes utilizados, “la jerga y la cadena de mando, la retirada del personal sin problema alguno, así como la falta de investigación adecuada por parte de los mismos cuerpos de seguridad, demuestran hasta donde estuvieron involucrados”.

Y agregó: “No es posible determinar en forma precisa qué organismo de seguridad pública llevó adelante estas operaciones delictivas”. Sin embargo, consideró que había “suficiente evidencia para señalar que organismos del Estado en forma combinada fueron responsables de este hecho”. Además, “recibió información confiable de que la orden final de ejecución fue consultada al más alto nivel de sectores de la derecha”.

Por último, señaló que tenía “sustanciales evidencias para afirmar que la Policía de Hacienda realizó el operativo de seguridad exterior que facilitó y cubrió a los autores del asesinato”; asimismo, denunció el “evidente […] desinterés para llevar a cabo una investigación exhaustiva por parte de un órgano independiente […] para esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y llevar a la justicia a los responsables”.

Esas atrocidades nunca se esclarecieron; el expediente judicial lo archivaron el 8 de octubre de 1982. El Estado es y sigue siendo responsable por acción y omisión al realizar la masacre, no investigar y negar verdad, justicia y reparación integral a las familias de las víctimas, las organizaciones que estas representaban y la sociedad.



Pero Rosa Erlinda Revelo viuda de Franco, siempre querida y admirada continúa en pie de lucha con su terquedad de la buena. El 30 de junio de este año solicitó nuevamente al fiscal general hacer lo que le corresponde, incluso gestionar la revisión de la investigación completa realizada por la Comisión de la Verdad. En su esfuerzo, ella cuenta con el acompañamiento del Laboratorio para la investigación y la acción social contra la impunidad.

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) no se pronunció hoy sobre tan horrendo crimen, atribuible a aquella derecha y sus cuerpos represivos. Claro, está demasiado enredado en sus calenturas electoreras y va “derechito” a los comicios que vienen. A pesar de eso, sí hubo gente consecuente que entregó sus vidas pero nunca ‒¡nunca!‒ sus ideales.





sábado, 18 de noviembre de 2017

Inocente, solo de nombre

Benjamín Cuéllar
Noviembre de 2017

El 15 de noviembre recién pasado, se supo lo que estaba esperándose desde hace algún tiempo: Estados Unidos de América (EUA) extraditará al coronel Inocente Orlando Montano, para enfrentar las acusaciones que ‒en el marco de la justicia universal‒ le hacen en la Audiencia Nacional de España (ANE). Ya no hay recurso que valga para su defensa, luego de que esta hizo todo “lo habido y por haber” para impedir el viaje y es cuestión de días para que Montano vuele hacia su próximo destino. 



Mauricio Funes, durante su deshonrosa gestión presidencial, le dio dónde esconderse a un grupo de militares acusados por lo mismo: participar en la masacre ocurrida en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), el 16 de noviembre de 1989. La Corte Suprema de Justicia (CSJ), por su parte, decidió que las órdenes internacionales de captura giradas para extraditar a una veintena de integrantes de la Fuerza Armada de El Salvador tenían otro propósito: únicamente localizarlos. Todo eso ocurrió en agosto del 2011.

Y en agosto del 2016, el juez español Eloy Velasco hizo otro intento por extraditar ya no a veinte sino a diecisiete militares; la CSJ repitió la historia. Pero ahora, con Montano, ni ésta ni Funes pueden hacer nada; su suerte está echada y dentro de pocos días partirá a Madrid para sentarse en el banquillo de los acusados.

Se acerca el final de una historia cuyos inicios se remontan al 2003 o el 2004, no recuerdo exactamente, cuando con Almudena Bernabéu comenzamos a conversar sobre la presentación ‒en la ANE‒ de una querella por la matanza en la UCA y a soñar con la posibilidad de lograr un triunfo en la “cancha reglamentaria” de la justicia universal, ya que en el “potrero”  salvadoreño eso era imposible.

Acá te metían zancadilla y no había árbitros decentes, dignos y profesionales que marcaran las faltas; acá había “amaños” en favor del “equipo oficial”. Allá había probabilidades ciertas de que se respetarán las “reglas del juego”. Allá se pudo y acá sigue sin poderse. Por eso decidimos comenzar a prepararnos para “jugar la partida”: Almudena cuando era parte del Center for Justice & Accountability, Manuel Ollé de la Asociación de Pro Derechos Humanos ‒en España‒ y este servidor a título personal, ya que la UCA decidió no participar. Por eso viajé dos veces a Madrid: semanas antes de que presentaran la querella en noviembre del 2008 y en junio el 2010, para declarar ante el juez Velasco.

¿Qué pasará ahora? Con Montano instalado ante la autoridad judicial correspondiente, es de esperar su condena por toda la carga de la prueba en su contra; entre esta, la crucial declaración de una experta en el caso salvadoreño: Terry Lynn Karl. Hay que mencionarla por todo lo que ha aportado a la lucha por la verdad y la justicia en nuestro país. Almudena, ahora en Guernica 37 ‒grupo recién fundado‒ liderará con Manuel lo que falta del proceso en nombre de las víctimas, con mi ayuda.

De lograrse el objetivo, la condena judicial será para este coronel retirado; asimismo, alcanzará para condenar moral y éticamente al resto de militares imputados que han sido protegidos ‒acá‒ por un sistema cómplice y propiciador de la impunidad. Además, estos tendrán que pensar dos veces o más si quieren salir del país, estando vigentes sus órdenes internacionales de captura; así, el territorio nacional será su prisión hasta el fin de sus días. Se me ocurre que Montano ‒en su defensa‒ intentará “limpiarse” y “limpiar” a sus colegas, echándole toda la culpa al fallecido general René Emilio Ponce; pero no creo que le funcione. ¿Por qué incriminarlo hasta ahora y no antes, cuando aún vivía?  


Una anécdota reveladora: el ahora futuro viajero a España, fue detenido en territorio estadounidense preparando su vuelta a El Salvador. Alguien le preguntó por qué esa decisión y su respuesta fue: porque allá estoy más seguro. Y tenía toda la razón. A más de veinticinco años del fin de la guerra y a casi  veinticinco de la presentación pública del informe de la Comisión de la Verdad, la situación no ha cambiado: con la impunidad, no obstante la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, las víctimas siguen siendo castigadas y sus victimarios premiados.

Es, pues, hora de fomentar la necesaria organización y la lucha decisiva de las primeras juntando a las de antes, durante y después de la guerra. Solo así se logrará que los hasta ahora “inocentes”, sean sentenciados como lo que son: ¡culpables!