De inocente a "inocencias"

Benjamín Cuéllar

Mucho se ha comentado sobre la posición del director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), el jesuita José María Tojeira, sobre la matanza ocurrida hace 28 años en dicha casa de estudios superiores y el rol de Alfredo Cristiani en la misma. Esperé unos días para opinar al respecto, por dos razones. Pensé que era conveniente conocer la opinión de la gente ‒sobre todo de las víctimas‒ y no quería ser el primero en reaccionar después de haber dirigido durante 22 años dicho ente. Pero pienso que es el momento de expresar mis reflexiones.

El artículo 7 del Estatuto de Roma determina que es crimen de lesa humanidad, entre otros, el asesinato “cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.

En El Salvador, desde el 12 de marzo de 1977 que se asesinó Rutilio Grande ‒también jesuita‒ le siguieron en la ruta martirial sacerdotes, religiosas, celebradores y celebradoras de la palabra, e integrantes de comunidades eclesiales de base. Sus autores materiales: miembros de las fuerzas represivas gubernamentales, visibles u ocultas, cuyos altos jefes eran responsables por acción, omisión y/o negación de dicho ataque sistemático contra la Iglesia católica y ‒en menor medida‒ otras iglesias. Ignacio Ellacuría fue una de esas víctimas. Lo ejecutaron sin dejar testigos; también ejecutaron a siete personas más.

Pero en la querella elaborada por el IDHUCA para la audiencia inicial en el juzgado 3º de paz de San Salvador, celebrada el 12 de diciembre del 2000, alegamos que había sido un crimen de guerra pues el artículo 8 del Estatuto de Roma semana que lo es el “homicidio” de personas cuando “no participan directamente en las hostilidades”; también lo es atacar intencionalmente a “la población civil como tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades” y “edificios dedicados al culto religioso, educación, las artes, las ciencias” y otros “que no sean objetivos militares”.

Además, desde siempre el IDHUCA denunció los “actos preparatorios” de la masacre. Nos referíamos a los ataques verbales anónimos desde el “micrófono abierto” instalado en la Radio Cuscatlán, que según el mayor Mauricio Chávez Cáceres –director del Comité de Prensa de la Fuerza Armada (COPREFA)‒ era responsabilidad de Mauricio Sandoval, secretario de información del presidente y posteriormente director del Organismo de Inteligencia del Estado; a la invitación que Cristiani hizo a Ellacuría para participar en la investigación del atentado terrorista contra la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS), la que motivó su vuelta al país el 13 de noviembre de 1989; a la creación de un comando de seguridad  dentro del cual se encontraba “cercada” la universidad jesuita; y al “cateo” realizado la noche del regreso del sacerdote a El Salvador.

Sobre este último, Cristiani reveló –hasta julio de 1990— que lo autorizó porque “se habían visto subversivos entrar armados y, efectivamente luego de requisar el lugar, encontraron abandonados en un cuarto armas y uniformes que los guerrilleros dejaron al salir del recinto vestidos como civiles y pasar inadvertidos”. Eso era una total falsedad.

No ordenar  la matanza o no saber previamente de la misma, no lo exime de culpa. Él era comandante general de la Fuerza Armada y estuvo en el Estado Mayor cuando se consumaron los hechos, de los cuales se dio cuenta y por lo cual quedó “amarrado” por quienes los ordenaron: sus subordinados. Eso explica por qué, siendo presidente y máximo jefe de la milicia, no tuvo las agallas para investigarlos y remitirlos a la justicia; también que haya hecho todo lo posible para encubrirlos. El contenido de este párrafo, lo comentaré en otra entrega.

No estuve de acuerdo cuando la UCA pidió conmutarle la pena al coronel Guillermo Benavides; hubiera preferido el arresto domiciliario. Tampoco lo estoy con su posición sobre Cristiani, obviamente. No tengo nada que ver con esa entidad desde hace más de un año, ciertamente; pero es mi opinión, razonada luego de que varias personas me preguntaron qué pasa. Son víctimas y gente que, sin serlo, aspira a que este país sea “normal”; un país ‒dice Lanssiers‒ “donde la justicia sea personalizada y se transmute en equidad, donde el verdugo no sea considerado como el único garante de la civilización”.

Un país, digo yo, donde Cristiani no ocupe la “inocencia” de la UCA para alegar su inocencia; un país donde este la demuestre ante un sistema de justicia que funciona, porque se comienza a tocar los intocables.

La izquierda real

Este 27 de noviembre se cumplieron 37 años de la muerte de seis dirigentes del Frente Democrático Revolucionario (FDR). Esa mañana se encontraban reunidos Enrique Álvarez, Juan Chacón, Enrique Escobar, Humberto Mendoza, Manuel Franco y Doroteo Hernández en el colegio de los jesuitas. Algunos individuos que llegaron a secuestrarlos, se apostaron en diversas entradas del plantel educativo; otros fueron a la del edificio principal, ordenándole a la gente tirarse al suelo con los ojos cerrados. Con sus “objetivos” hicieron lo mismo y les amarraron las manos, vendándoles los ojos para llevarlos con rumbo desconocido. Horas después, aparecieron sus cadáveres salvajemente torturados.

Franco recibió cuatro impactos de bala en el pecho; Chacón tres: en la oreja, en la frente y en el tórax; Mendoza dos y Escobar también. Sobre la ejecución de Hernández, no hay datos; pero todos presentaban señales de estrangulamiento. En el caso de Álvarez, ministro de Agricultura tras el tras el golpe de Estado de octubre de 1979 y luego presidente del FDR, su cuerpo tenía doce balazos en la espalda; pretendían, así, descabezar la fuerte y creciente oposición política con un claro mensaje: no había que ingresar a la misma y menos dirigirla. Además, pertenecía a una de las familias más adineradas de entonces; lo veían como “traidor”.

La Comisión de la Verdad en su informe ‒cuya publicación cumple 25 años el próximo marzo‒ afirmó que “de todas las evidencias recogidas” era claro “que la acción estuvo dirigida a detener a los dirigentes”. No fue casualidad ni buscaban otro “objetivo”. “La forma en que los efectivos que participaron en el operativo se movieron dentro del edificio y sus alrededores no deja lugar a duda de que […] se trató de un operativo específicamente diseñado” para capturarlos.

Las privaciones de libertad, las torturas y la masacre fueron actos delictivos coordinados desde “arriba”. Tuvo que ser así. En el país ya sonaban fuerte los “tambores de guerra”, la cual inició el 10 de enero de 1981. ¿Cómo realizar semejante operación en una ciudad militarizada sin una organización previa y precisa desde los mandos superiores, para evitar cualquier incidente en el trayecto adonde los torturaron y luego adonde los ejecutaron?

La citada Comisión advirtió que realizar esa acción requería al menos de “la complicidad de los organismos de seguridad, los cuales además seguían de cerca a los dirigentes políticos”. Hora, lugar, cantidad de efectivos, equipos de radio, vehículos, armamento y uniformes utilizados, “la jerga y la cadena de mando, la retirada del personal sin problema alguno, así como la falta de investigación adecuada por parte de los mismos cuerpos de seguridad, demuestran hasta donde estuvieron involucrados”.

Y agregó: “No es posible determinar en forma precisa qué organismo de seguridad pública llevó adelante estas operaciones delictivas”. Sin embargo, consideró que había “suficiente evidencia para señalar que organismos del Estado en forma combinada fueron responsables de este hecho”. Además, “recibió información confiable de que la orden final de ejecución fue consultada al más alto nivel de sectores de la derecha”.

Por último, señaló que tenía “sustanciales evidencias para afirmar que la Policía de Hacienda realizó el operativo de seguridad exterior que facilitó y cubrió a los autores del asesinato”; asimismo, denunció el “evidente […] desinterés para llevar a cabo una investigación exhaustiva por parte de un órgano independiente […] para esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y llevar a la justicia a los responsables”.

Esas atrocidades nunca se esclarecieron; el expediente judicial lo archivaron el 8 de octubre de 1982. El Estado es y sigue siendo responsable por acción y omisión al realizar la masacre, no investigar y negar verdad, justicia y reparación integral a las familias de las víctimas, las organizaciones que estas representaban y la sociedad.

Pero Rosa Erlinda Revelo viuda de Franco, siempre querida y admirada continúa en pie de lucha con su terquedad de la buena. El 30 de junio de este año solicitó nuevamente al fiscal general hacer lo que le corresponde, incluso gestionar la revisión de la investigación completa realizada por la Comisión de la Verdad. En su esfuerzo, ella cuenta con el acompañamiento del Laboratorio para la investigación y la acción social contra la impunidad.

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) no se pronunció hoy sobre tan horrendo crimen, atribuible a aquella derecha y sus cuerpos represivos. Claro, está demasiado enredado en sus calenturas electoreras y va “derechito” a los comicios que vienen. A pesar de eso, sí hubo gente consecuente que entregó sus vidas pero nunca ‒¡nunca!‒ sus ideales.

Inocente, solo de nombre

Benjamín Cuéllar

Noviembre de 2017

El 15 de noviembre recién pasado, se supo lo que estaba esperándose desde hace algún tiempo: Estados Unidos de América (EUA) extraditará al coronel Inocente Orlando Montano, para enfrentar las acusaciones que ‒en el marco de la justicia universal‒ le hacen en la Audiencia Nacional de España (ANE). Ya no hay recurso que valga para su defensa, luego de que esta hizo todo “lo habido y por haber” para impedir el viaje y es cuestión de días para que Montano vuele hacia su próximo destino. 

Mauricio Funes, durante su deshonrosa gestión presidencial, le dio dónde esconderse a un grupo de militares acusados por lo mismo: participar en la masacre ocurrida en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), el 16 de noviembre de 1989. La Corte Suprema de Justicia (CSJ), por su parte, decidió que las órdenes internacionales de captura giradas para extraditar a una veintena de integrantes de la Fuerza Armada de El Salvador tenían otro propósito: únicamente localizarlos. Todo eso ocurrió en agosto del 2011.

Y en agosto del 2016, el juez español Eloy Velasco hizo otro intento por extraditar ya no a veinte sino a diecisiete militares; la CSJ repitió la historia. Pero ahora, con Montano, ni ésta ni Funes pueden hacer nada; su suerte está echada y dentro de pocos días partirá a Madrid para sentarse en el banquillo de los acusados.

Se acerca el final de una historia cuyos inicios se remontan al 2003 o el 2004, no recuerdo exactamente, cuando con Almudena Bernabéu comenzamos a conversar sobre la presentación ‒en la ANE‒ de una querella por la matanza en la UCA y a soñar con la posibilidad de lograr un triunfo en la “cancha reglamentaria” de la justicia universal, ya que en el “potrero”  salvadoreño eso era imposible.

Acá te metían zancadilla y no había árbitros decentes, dignos y profesionales que marcaran las faltas; acá había “amaños” en favor del “equipo oficial”. Allá había probabilidades ciertas de que se respetarán las “reglas del juego”. Allá se pudo y acá sigue sin poderse. Por eso decidimos comenzar a prepararnos para “jugar la partida”: Almudena cuando era parte del Center for Justice & Accountability, Manuel Ollé de la Asociación de Pro Derechos Humanos ‒en España‒ y este servidor a título personal, ya que la UCA decidió no participar. Por eso viajé dos veces a Madrid: semanas antes de que presentaran la querella en noviembre del 2008 y en junio el 2010, para declarar ante el juez Velasco.

¿Qué pasará ahora? Con Montano instalado ante la autoridad judicial correspondiente, es de esperar su condena por toda la carga de la prueba en su contra; entre esta, la crucial declaración de una experta en el caso salvadoreño: Terry Lynn Karl. Hay que mencionarla por todo lo que ha aportado a la lucha por la verdad y la justicia en nuestro país. Almudena, ahora en Guernica 37 ‒grupo recién fundado‒ liderará con Manuel lo que falta del proceso en nombre de las víctimas, con mi ayuda.

De lograrse el objetivo, la condena judicial será para este coronel retirado; asimismo, alcanzará para condenar moral y éticamente al resto de militares imputados que han sido protegidos ‒acá‒ por un sistema cómplice y propiciador de la impunidad. Además, estos tendrán que pensar dos veces o más si quieren salir del país, estando vigentes sus órdenes internacionales de captura; así, el territorio nacional será su prisión hasta el fin de sus días. Se me ocurre que Montano ‒en su defensa‒ intentará “limpiarse” y “limpiar” a sus colegas, echándole toda la culpa al fallecido general René Emilio Ponce; pero no creo que le funcione. ¿Por qué incriminarlo hasta ahora y no antes, cuando aún vivía?  

Una anécdota reveladora: el ahora futuro viajero a España, fue detenido en territorio estadounidense preparando su vuelta a El Salvador. Alguien le preguntó por qué esa decisión y su respuesta fue: porque allá estoy más seguro. Y tenía toda la razón. A más de veinticinco años del fin de la guerra y a casi  veinticinco de la presentación pública del informe de la Comisión de la Verdad, la situación no ha cambiado: con la impunidad, no obstante la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, las víctimas siguen siendo castigadas y sus victimarios premiados.

Es, pues, hora de fomentar la necesaria organización y la lucha decisiva de las primeras juntando a las de antes, durante y después de la guerra. Solo así se logrará que los hasta ahora “inocentes”, sean sentenciados como lo que son: ¡culpables!

Hecha la trampa

Benjamín Cuéllar

Este miércoles 19 de julio se cumplieron 45 años de la intervención militar de la Universidad de El Salvador realizada con “definición, decisión y firmeza”, según el entonces presidente de la República. El próximo domingo 30 de julio, serán 42 los transcurridos desde que ‒también siendo mandatario el coronel Arturo Armando Molina‒ fueron masacrados estudiantes y pueblo que acompañaba su lucha.

El ministro de Defensa y Seguridad Pública de la época era el todavía coronel Carlos Humberto Romero, quien falleció el 27 de febrero de este año. La Asamblea Legislativa, votados por todos los partidos, decretó tres días de duelo nacional. Por las víctimas de los hechos antes señalados y de todo lo ocurrido desde entonces hasta el fin de la guerra, ni siquiera un minuto de silencio oficial hubo.

Sin embargo, el mejor homenaje a estas últimas tuvo lugar precisamente el pasado miércoles cuando se realizó una audiencia pública ‒convocada por la Sala de lo Constitucional‒ para revisar el cumplimiento de su sentencia en la cual declaró la infame Ley de amnistía de 1993 como contraria a la Carta Magna.

Entonces se “desnudaron” los órganos Legislativo y Ejecutivo. Más allá de las acostumbradas “fintas” para esquivar su irresponsabilidad, la conclusión es una: no han hecho nada. Eso quedó demostrado. Se tiraron la “pelota” entre ambos, en lo concerniente a elaborar una propuesta de ley para reivindicar la dignidad de las víctimas y buscar una real reconciliación nacional, que trascienda a los responsables de las atrocidades ocurridas antes y durante la guerra.

Todo el mundo suponía que durante el año transcurrido desde que se emitió la sentencia referida, en Casa Presidencial se estaba elaborando el dichoso proyecto de ley. La sorpresa fue generalizada cuando el apoderado de don Salvador Sánchez Cerén, quien a diferencia de Guillermo Gallegos y el fiscal general de la República no asistió a la audiencia, declaró que no había tales.

Ciertamente, Sánchez Cerén rechazó este y otros fallos emitidos por el máximo tribunal justicia constitucional el 13 de julio del 2016. “Estas sentencias ‒afirmó de inmediato‒ ignoran o no miden los efectos que pueden tener, no solo en la frágil convivencia que existe en el interior de nuestra sociedad sino que, además, no contribuyen a fortalecer la institucionalidad existente”.

Pero eso cambió luego. Diez días después, en su sabatino “Gobernando con la gente” dijo que había “comenzado a conversar sobre la necesidad de construir una nueva ley de reconciliación nacional (…) que se adecúa a estos momentos y, además, a elaborar como parte de esta ley una justicia transicional que permita que las familias conozcan la verdad pero, además, que se dé la oportunidad de que se perdone”.

Después, el 16 de enero del 2017, se refirió a la “especial sensibilidad” de su Gobierno “con este tema”; es un “paso necesario en nuestro proceso de reconciliación ‒afirmó‒ que dignifiquemos a las personas que sufrieron los agravios de los aparatos del Estado durante el conflicto armado y con las cuales aún tenemos deudas en la implementación de los Acuerdos de Paz”. Y terminó sosteniendo que ratificaba su “compromiso de impulsar un diálogo con ese propósito”.

Con todo lo anterior, era lógico presumir que el Ejecutivo ejercería el necesario liderazgo para impulsar la iniciativa. Pero no. No hizo nada. Sin embargo, a final de cuentas, en la audiencia citada se logró que el diputado Gallegos ‒quien actualmente preside esa Asamblea Legislativa que homenajeó al general Romero‒ aceptara crear una comisión para elaborar la normativa  que busque dignificar a las víctimas y empuje la reconciliación nacional; también se comprometió a darle “iniciativa de ley” para su estudio, discusión y aprobación.

¡Públicamente! Quedaron filmados dichos compromisos, asumidos a propuesta de este servidor, quien además solicitó que Pedro Martínez, Ima Guirola, Jorge Amaya ‒actores demandantes en el proceso‒ lo acompañaran junto con algunas víctimas para integrar dicha Comisión, lo cual también fue admitido por Gallegos. Se pidió, además, a los miembros presentes de la Sala de lo Constitucional que el Ejecutivo se sumara a dicho esfuerzo; ello, para lograr consensos y evitar alegatos posteriores rechazos u otros obstáculos.

En el gremio de juristas dicen: “Hecha la ley, hecha la trampa”. En este caso, lo que ha ocurrido es que no han podido hacer primero la trampa; por tanto, nadie ha hecho la ley. Pero ahí está la terquedad buena y sana de las víctimas que siguen luchando por alcanzar verdad, justicia, reparación integral y por hacer que se establezcan las garantías de no repetición de las salvajadas pasadas.

La tía Lola no está sola

Benjamín Cuéllar

Nunca lo estuvo, pero así la molestaban de niña el resto de sus hermanas y hermanos. Travesuras infantiles, aprovechando la rima. Pero entonces, tenía su familia allá en el cantón San Pedro Agua Caliente, Verapaz, San Vicente; fue allí donde nació, creció, trabajó, se casó y se organizó en las filas del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRTC). En algún lado leí que según el  comandante “Miguel Mendoza”, Óscar Miranda, su hermana Sofía y ella ‒Dolores Hernández‒ fueron las mujeres decisivas para desarrollar el trabajo revolucionario en dicho departamento de la región para central salvadoreña.

La tía Lola fue capturada, pero no estuvo sola; con ella estaba el pueblo al que decidió entregar su vida y por el cual, al ser liberada, continuó luchando. Más adelante, la represión del régimen militar y la guerra ‒que alcanzó a su entorno familiar y se llevó a la cárcel a su hermana Sofía‒ la obligó a abandonar el territorio nacional. Nicaragua y Cuba fueron sus destinos, pero no viajo sola; lo hizo con hijos, hijas, sobrinas y sobrinos: ¡trece en total!

El retorno de la “expedición” al país, el 17 de junio de 1992, fue con menos integrantes: nueve, incluida la tía Lola. Tampoco regresó sola. Y venía con una misión, a la cual le fue fiel hasta el final: encontrar sus seres queridos desaparecidos a la fuerza, por las fuerzas malévolas, y exhumar a quienes yacían en fosas anónimas. Entre estos últimos estaba el legendario comandante “Camilo Turcios”, uno de sus hijos. 

Alcanzar tal cometido podría ser menos difícil que antes, pues había terminado la guerra y al país se le abrían las puertas para avanzar hacia la paz. En ese momento histórico, esta no debía ser algo lírico sino una aspiración a realizar mediante el respeto irrestricto de los derechos humanos; dentro de estos se encontraba lo que la tía Lola buscaba: verdad, justicia y reparación integral que como víctima merecía.

Tampoco lo hizo sola. Dolor y reclamos suyos, era dolores y reclamos de tantas y tantas madres y demás familiares; a esa gente, la tía Lola nunca la dejó sola; la acompañó e inspiró siempre, transformando dolores y reclamos inmensamente humanos en poemas y canciones que recitaba y entonaba en el Monumento a la memoria y la verdad ‒en el Parque Cuscatlán‒ y en actividades organizadas por comités de víctimas.

Esa lucha hasta ahora sigue vigente, porque el Estado les ha negado a las víctimas saldar sus deudas. Entre las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, cuyo informe fue publicado hace casi veinticinco años, estaba esta: “La construcción de un monumento nacional en San Salvador con los nombres de las víctimas, identificadas”. No se cumplió. El del Parque Cuscatlán, es fruto de un enorme esfuerzo desde la sociedad, incluidas las organizaciones de víctimas.

Tampoco ha habido reparación integral, no se decretó día feriado nacional para recordar a las víctimas ni se creó el Foro de la verdad y la reconciliación; el seguimiento internacional al cumplimiento de lo anterior fue nulo. Esas eran las recomendaciones de la Comisión de la Verdad para avanzar hacia la reconciliación nacional. No las asumieron, pese a que en el Acuerdo de México firmado el 27 de abril de 1991 las dos fuerzas enfrentadas militarmente entonces ‒que se han alternado el Gobierno en la posguerra‒ se comprometieron a “cumplir las recomendaciones de la Comisión”. ¿Es posible confiar en esas dos maquinarias electoreras? Seguro que no, ni en esta ni en otras materias.

La tía Lola no estuvo sola ni en su vela. Más allá de aquella gente que llegó por ser “políticamente correcto”, abundó la que sí la quería de verdad. Para quienes hemos tenido y compartido el privilegio ‒no la suerte‒ de haber estado con ella en la intimidad del hogar junto con su hermana Sofía, tampoco nos dejó a solas. Nos queda su ejemplo a imitar y su compromiso para seguir adelante empujando esa causa: la de las víctimas de antes y durante la guerra. Porque en esta “paz” de las cúpulas partidistas y de otros grupos de poder, también le desaparecieron un hijo inmediatamente después de la famosa “tregua” de marzo del 2012.

Tía Lola, hoy y siempre le cantaremos la letra del gran Silvio: “Madre, en tu día, no dejamos de mandarte nuestro amor. Madre, en tu día, con las vidas construimos tu canción (…) Madre, ya no estés triste, la primavera volverá, madre, con la palabra libertad”. Este es, tía Lola, mi humilde homenaje. 

Grandezas y pequeñeces

Benjamín Cuéllar 

Imperdonable. Pasó el 12 de marzo y no escribí sobre las cuatro décadas transcurridas tras una emboscada realizada entonces; en ese fatal suceso fallecieron Manuel Solórzano de 72 años y Nelson Rutilio Lemus de 16 ‒ambos campesinos‒ y el jesuita Rutilio Grande, cerca de cumplir 50. Este sacerdote, junto al también jesuita José María Cabello, a mis escasos 15 “abriles” marcaron el rumbo de mi existencia. 

Conocí a Rutilio en el Externado de San José, en 1971, durante su paso por el colegio de la Compañía de Jesús en El Salvador. Llegó para ser el prefecto de disciplina en la secundaria. Ese cargo, definitivamente, no era para él; por ello, en 1972 se convirtió en párroco de la iglesia Señor de las Misericordias en Aguilares, departamento de San Salvador.

Pero fue por él que descubrí los documentos finales de la segunda Conferencia general del episcopado latinoamericano realizada en 1968, mejor conocidos como los Documentos de Medellín por ser esta ciudad colombiana la sede para su realización.

 

Esos textos y las inolvidables conversaciones con el padre Grande, respetuosamente así lo llamábamos, fueron claves para escribir el discurso del acto conmemorativo de la “independencia” patria que leí ante padres y madres de familia, junto a otros curas y buena parte del profesorado que me escuchaban con sorpresa y ‒seguramente‒ molestia en el patio central del quizás más elitista colegio privado del país en aquel entonces.

 

No volví a saber nada de él, hasta que se propagó como reguero de pólvora la noticia de su martirio y el de sus acompañantes. Lo que sí sé es que Rutilio llevó a monseñor Romero al Socorro Jurídico Cristiano (SJC), fundado en 1975 cuando el rector “externadista” era Segundo Montes ‒también jesuita y mártir‒ abrió las puertas del colegio para ello. Fundador y primer director del SJC fue mi hermano Roberto.

 

Este habla con propiedad pues los conoció a ambos, precisamente por su labor al frente de dicha oficina en un entorno cada vez más caliente por las graves violaciones de derechos humanos, la amplia exclusión social ‒principalmente entre el campesinado‒ y la impunidad imperante. Tres temas que a Rutilio y a Romero, los relacionaron con “Beto”; los dos curas estaban del todo convencidos de que debía utilizarse el “Derecho justo”, como instrumento valioso en la lucha por reivindicar la dignidad pisoteada de las mayorías populares por un sistema del todo injusto.

¿Por qué afirmo que Rutilio llevó a Romero al SJC? El 31 de marzo de 1978, el segundo inició su Diario personal. Entonces habló de una importante reunión; la más importante de esa fecha, le dictó a la grabadora donde el hoy beato comenzaba a registrar los hechos destacados de cada jornada. Se juntó con el personal del SJC y le comentó las dificultades que enfrentaba para auxiliar legalmente a tantas víctimas. Antes había buscado, sin éxito, abogados con mayor experiencia. La razón: el caso del padre Grande. No sin desconfianza por la juventud de los “socorristas”, Romero se agarró de sus manos y caminó hasta su muerte martirial con el apoyo de ese pequeño equipo.

Ejecutado su amigo querido y sus dos acompañantes, monseñor se negó a asistir a los actos oficiales gubernamentales mientras no se aclararan esos hechos. Así, no concurrió a la investidura presidencial del general Carlos Humberto Romero el 1 de julio de 1977, quien fuera ministro de Defensa y Seguridad Pública durante la administración del coronel Arturo Armando Molina.

Considerando la cadena de mando castrense, el general Romero no podía ser eximido de responsabilidad en lo relativo a las graves violaciones de derechos humanos ocurridas entre el 1 de julio de 1972 y el 30 de junio de 1977. Iniciaron con la cruenta toma militar de la Universidad de El Salvador, el 16 de julio de 1972, seguida por la masacre de estudiantes de la misma y pueblo que acompañaba la protesta el 30 de julio de dicho mes.

Resulta paradójico que el actual Gobierno del FMLN sumara sus votos legislativos, para decretar tres días de duelo nacional por el fallecimiento del general Romero el 27 de febrero del corriente año. Hasta hoy, es el último presidente derrocado por ‒entre otras razones‒ perseguir y reprimir al pueblo en general y al organizado en las cinco agrupaciones que integraron el frente guerrillero, ahora partido político peleando elecciones impúdicamente. Sin embargo, no hizo nada por rendir homenaje oficial a Rutilio el “grande”, cuatro décadas después de su martirio. Una pequeñez más de la antigua “rebeldía”. !Nada sorprendente ya! 

“Es la oportunidad para que el sistema de justicia demuestre que funciona o sigue atrofiado”

Para Benjamín Cuéllar, exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Uca (Idhuca) y activista de Derechos Humanos, la falta de justicia restributiva en el caso de los crímenes de guerra, ha hecho que la historia de repita: “hay tres guerras no declaradas”, dice; señala que junto al Centro de Capacitación y Promoción de la Democracia (Cecade) empezarán a pedir la investigación de más casos, bajo el Código Penal vigente. Dice que es el momento que el sistema de justicia demuestre que las reformas y depuraciones han funcionado o que demuestre “que sigue atrofiado”, como hace 23 años, cuando se firmó la amnistía “bajo la mesa y sin presencia de las Naciones Unidas”. Leer más 

en.. http://elmundo.sv/es-la-oportunidad-para-que-el-sistema-de-justicia-demuestre-que-funciona-o-sigue-atrofiado/

¿Dónde está la ley?

Benjamín Cuéllar

El próximo lunes 17 de abril se cumplirán cuatro décadas de la misa que, invitado por Alfonso Navarro, monseñor Romero celebró por la fiesta patronal en la parroquia de La Resurrección. El beato, reflexionó sobre la Pascua; habló sobre el paso de la muerte a la vida. Muerte ‒afirmó‒ es pecado, mediocridad, injusticia, desorden, atropello de los derechos. Eso “tiene que quedar sepultado en la tumba del Señor y resucitar: pasar de la muerte a la vida. Vida quiere decir justicia (…) Quiere decir todo ese esfuerzo por ser cada día mejor”. 

Antes de un mes asesinaron en la casa parroquial a Navarro: el 11 de mayo. Hay quienes sostienen que fue la venganza de las estructuras criminales de derecha, luego de que las de  izquierda ejecutaran a Mauricio Borgonovo el día anterior. Monseñor ofició la misa de “cuerpo presente” del canciller salvadoreño y también la del sacerdote. El primero fue el segundo funcionario asesinado durante el Gobierno presidido por Arturo Armando Molina, quien iba de salida; el otro era el segundo cura asesinado durante el arzobispado de Romero, quien apenas iniciaba.

“La violencia la producen todos”, afirmó este con el dedo acusador. “No solo los que matan, sino los que impulsan a matar”. Léase: quienes ordenan las muertes, se lucran con estas y mantienen la impunidad protectora de criminales. Del presidente Molina, Romero esperaba que ‒si era sincero lo que le manifestó telefónicamente‒ se preocupara por investigar ambas ejecuciones. “(T)an sagrada es la vida del ingeniero Borgonovo”, como la del padre Navarro. “Como sagrada ‒sostuvo‒ es la vida del padre Grande, que hace dos meses pereció también acribillado y a pesar de las promesas de investigación, todavía estamos lejos de saber la verdad”.

La resurrección y la vida van de la mano con la verdad y la justicia. Por ello, esperando estamos el anuncio oficial de algo que debería estar ‒desde hace rato‒ debatiéndose: la propuesta de ley para cumplir la sentencia de inconstitucionalidad de la amnistía dictada el 13 de julio del 2016, fecha histórica para las víctimas y el país.

Entonces, la Sala de lo Constitucional ordenó a la Asamblea Legislativa ‒en un plazo razonable‒ “garantizar el acceso a la información pública” sobre las atrocidades atribuibles “a ambas partes”; “responder, en el menor tiempo posible, a las exigencias de las víctimas y sus familiares y de la sociedad salvadoreña” relacionadas con investigar y conocer la verdad, procesar y sancionar a sus responsables; y determinar las medidas necesarias para reparar integralmente a las víctimas garantizando “su satisfacción, compensación y reivindicación, así como las medidas de no repetición” de dichos hechos. Todo ello, considerando los parámetros de dicha sentencia y “los estándares de la justicia transicional”.

Desde finales de julio del 2016, pasando por el 16 de enero del 2017, Salvador Sánchez Cerén y su vocero ‒Eugenio Chicas‒ así como “Hato” Hasbún declararon que trabajan en una propuesta de ley sobre el tema. ¿Dónde está? Este jueves santo se cumplen exactamente nueve meses y no han parido nada. ¿Es un “plazo razonable” o “el menor tiempo posible”? ¿Le seguirán dando largas?  

 Los crímenes de Borgonovo y Navarro debieron investigarse y sus autores, mediatos e inmediatos, sancionarse en su momento. ¡Hace 40 años! Como no se hizo nada, no se comenzó a transitar desde aquel entonces por el camino pascual que el país requería. “No solo la maravilla de la creación es imagen de Dios”, dijo el beato. También “la maravilla de la redención que es elevación de la naturaleza, elevación de la sociedad”. Hay que “vivir intensamente este sentido comunitario del paso de la muerte a la vida, de la imperfección a lo perfecto”, sostuvo. Y nadie entre los poderes formales y reales, le obedeció.  

Por eso, en El Salvador nunca dejó de imperar la muerte violenta con el respectivo correr de la sangre; tampoco la muerte lenta, producto del inaceptable hambre. Continuaron bien instaladas sobre la impunidad, que protege al que mata y al que roba en grande.

Están tardando demasiado en presentar una propuesta legislativa para cumplir lo mandado por la Sala de lo Constitucional. Elaborar y aprobar una amnistía aberrante, lo lograron en menos de cinco días; elaborar y aprobar una ley para aplicar correctamente la justicia transicional, no saben cómo o no quieren. Si salen con un adefesio, “refrito” de lo declarado inconstitucional, que no lo presenten bajo el retrato de un Romero que no sonríe en Casa Presidencial. ¿Estará incómodo? ¿Será que no ve asomarse la Pascua en El Salvador?

A desplazarlos

Benjamín Cuéllar

Agni Castro Pita es jefe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en El Salvador  (ACNUR), organismo conocido en el “triángulo norte” centroamericano por sus antecedentes que se remontan al inicio de la década de 1980, cuando el beato Romero recibiera en el Palacio Arzobispal al primer grupo de refugiados permanentes el 7 de marzo de 1980. Eran 32 personas, campesinas, procedentes del municipio de Cinquera.

Después, no pararon de huir buscando refugio las víctimas de los embates del ejército gubernamental y sus huestes paramilitares; en menor cuantía, también de las guerrillas. Llegaban de los departamentos de Cuscatlán, Cabañas y Chalatenango; en cinco días sumaban 800. Luego  vino la hecatombe humanitaria y huían de todos lados. Terminada la guerra, ¿terminó el desplazamiento forzado? No. 

Castro Pita, recién publicó un medio, afirmó que no hay “por control territorial o de personas” ni “producto de un conflicto interno”. “No estoy diciendo que no existe, estoy diciendo que no lo he mencionado”, insistió pidiendo que eso quedara claro en la grabación. “He dicho que hay personas que dejan sus comunidades, sus hogares por la violencia o por cuestiones de inseguridad”; “porque la gente tiene miedo”.

Postura similar a la de las principales autoridades estatales salvadoreñas: negar o usar eufemismos para no hacerse cargo de una realidad políticamente complicada, pero lacerante para sus mayorías populares. Esa negación del fenómeno y sus consecuencias, la confirma en la misma nota Sonia de Madriz ‒titular de la Procuraduría General de la República‒ quien “está a la espera de que el Ejecutivo” lo “reconozca (…) para poder intervenir”.

Pero el presidente salvadoreño junto a sus colegas de Honduras y Guatemala sí lo reconocieron en el 2014, aunque sea una vez, cuando presentaron los “Lineamientos del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte” donde se lee:

“La falta de oportunidades de empleo, la violencia y la reunificación familiar han sido las principales razones para emigrar de nuestra región. Encuestas recientes identifican a la violencia como el factor más apremiante para la migración de menores, seguido de la falta de oportunidades de empleo, mientras que sólo el 14% de los encuestados mencionó el deseo de reunificarse con sus familiares. Por otro lado, la migración adulta también identifica estas causas en los tres países aunque la falta de oportunidades es la más mencionada”.

Implícitamente, pero lo aceptan; detrás están los dólares estadounidenses. Como sea, la situación es crítica por ser permanente y creciente. En agosto del 2010 aparecieron en San Fernando, Tamaulipas, más de 70 cadáveres de personas que huían del infernal “triángulo norte” centroamericano, buscando el “paraíso”; pero no pasaron del “purgatorio”.

¿Paró la huida tras eso? Al contrario: la emigración salvadoreña se incrementó  cinco veces, según el Sistema continuo de reportes sobre migración internacional en las Américas. Y desde el 2012 en adelante creció la cantidad de niños, niñas y adolescentes; hubo que asumir, en el 2014, que era una “crisis humanitaria”.

Por suerte para las víctimas, a diferencia de Castro Pita la oficina regional del ACNUR tiene clara la necesidad de buscar y encontrar soluciones, partiendo de un diagnóstico sin contaminaciones políticas o diplomáticas. El desplazamiento forzado actual no surge de guerras convencionales. “Son familias, mujeres, niños que buscan refugio porque han sido víctimas de abusos indescriptibles a manos de las pandillas y de los grupos criminales”, señaló, dejando abierta la posibilidad del acrecimiento de personas afectadas. 

Las solicitudes de asilo del “triángulo norte (…) aumentaron un 92%, pasando de más 24.000 en 2014 a una cifra superior a los (sic) 54.000 en 2015”. En “los primeros cuatro meses de 2016, 11.000 personas” pidieron ser consideradas refugiadas, “principalmente en Estados Unidos y México”.

Andrés Ramírez ‒representante del ACNUR para Centroamérica, Cuba y México‒ dice: “A la hora de la verdad el desplazamiento, sea porque fue una bala que vino de la guerra, o porque fue una bala que vino de grupos organizados del crimen transnacional, o porque fue una bala que vino de una situación de infiltración a nivel de ciertas autoridades y demás, la persona simplemente huye al no poder acogerse a la protección”.

Las causas del éxodo son estructurales, se afirma desde siempre. La solución está entonces, en contar con autoridades estatales capaces de enfrentarlas y superarlas de la mano con las víctimas. Quienes ahora ocupan esos espacios han demostrado incapacidad notoria y notable para entrarle a esa alta misión, pero no se  irán voluntariamente. Habrá que desplazarlos con la fuerza de la organización social y la movilización popular.

“Tuberculosis política”

Benjamín Cuéllar 

Hoy que toda la gente en El Salvador ‒bueno, casi toda– se asume “romerista”, tras conmemorar el 37 aniversario del martirio de quien fuera el cuarto arzobispo de San Salvador y luego de que se esparciera el rumor políticamente interesado sobre su canonización, vale la pena echarle una mirada a la situación del país desde su magisterio inspirado en su lema arzobispal: “Sentir con la iglesia”. 

El beato Romero no entregó su sangre para que, casi cuatro décadas después, en el país que amó mataran a balazos a una niña de siete años nacida estadounidense ‒quien quedó tendida con su uniforme escolar‒ y a su hermana de 21; esos terribles crímenes ocurrieron dos días antes del recién pasado 24 de marzo.

Dicha fecha es motivo de “orgullo” para este y el anterior Gobierno, pues en diciembre del 2010 la ONU la dedicó a la dignidad de las víctimas que acá ‒tras las graves violaciones de sus derechos humanos‒ les siguen negando verdad, justicia y reparación integral en una realidad que, además, siguió produciendo más y más víctimas ya sin guerra.

Este buen pastor tampoco fue inmolado para que la semana pasada, después de conmemorarse su magnicidio el viernes 24, asesinaran otras dos mujeres el sábado 25: abuela y nieta de 50 y 19 años. Se maneja que fue un ritual “marero” de iniciación. Hubo más ejecutadas durante el mes donde se celebra el día dedicado a ellas: el 8 de marzo. 

En ese marco, Salvador Sánchez Cerén anunció que pediría al Papa Francisco venir al país el próximo agosto, pues un “escenario de canonización generaría una nueva situación en el país”; también pidió al pueblo salvadoreño, precisamente ese sábado, unirse en oración para que ocurriera dicha canonización. ¿Cuál es el sentido de esas dos solicitudes presidenciales? Político, obviamente. Mientras se matan policías, soldados, integrantes y no integrantes de maras ‒todas víctimas fatales de entre las mayorías populares– bien dice el jesuita Rodolfo Cardenal: no “se puede desear con verdad” la canonización del beato. 

Este lamentó, el 30 de abril de 1978, el asesinato de dos policías. “Ante el atropello y la violencia ‒sostuvo‒ jamás he parcializado mi voz. Me he puesto con compasión de Cristo al lado del muerto, de la víctima, del que sufre (…) He dicho que dos policías que mueren, son dos víctimas más de la injusticia de nuestro sistema que (…), entre sus crímenes más grandes, logra confrontar a nuestros pobres (…) Policías y obreros o campesinos pertenecen todos a la clase pobre. La maldad del sistema en lograr el enfrentamiento de pobre contra pobre. Dos policías muertos son dos pobres que han sido víctimas de otros tal vez pobres también (…)”.

La muerte del beato Romero tampoco ocurrió para que alguien lo proclamara su “guía espiritual” y terminara más bien necesitando urgido un piloto de avión para huir a Nicaragua, donde desde hace meses se esconde por estar siendo investigado como cualquier otro delincuente común; solo que este, parece, de “altos vuelos ”. 

Cada 24 de marzo, también, se celebra el “Día mundial de lucha contra la tuberculosis” pues en esa fecha ‒en 1882‒ Roberto Koch descubrió la bacteria causante de esa enfermedad infecciosa que se transmite a través del aire, forma nódulos en los tejidos afectados y puede dañar otros órganos del cuerpo; sobre todo, los pulmones.

Los pulmones de El Salvador respiran olor a muerte, su tierra está anegada por la sangre que sale a montones por su boca que ‒cuando la abre violentamente para toser secamente‒ expulsa a su gente; el país está invadido por una febril desesperanza que anida entre sus mayorías populares… Todo por la “tuberculosis política” de su conducción, no importa la “pandilla” que sea, a lo largo de los últimos años.

“La Iglesia ‒les diría hoy el beato, como lo dijo el 24 de julio de 1977‒ no puede callar ante esas injusticias del orden económico, del orden político, del orden social. Si callara, la Iglesia sería cómplice con el que se margina y duerme un conformismo enfermizo, pecaminoso, o con el que se aprovecha de ese adormecimiento del pueblo para abusar y acaparar económicamente, políticamente, y marginar una inmensa mayoría del pueblo. Esta es la voz de la Iglesia, hermanos (…) Y se trata de cosas sustanciales, no de cosas de poca importancia. Es cuestión de vida o muerte para el reino de Dios en esta tierra”.

PD: De acuerdo con Rodolfo Cardenal. ¡Descuelguen el retrato del pastor mártir de Casa Presidencial! ¡Abajo las hipocresías!

Día de la mujer

Benjamín Cuéllar

“Sin mujer, la vida es un insoportable mercado del absurdo”, afirmó Luis Eduardo Aute. Compraventa ‒sería entonces‒ de lo disonante e inútil, según Cicerón. Tiene toda la razón, como también la tuvo cuando contó que las “tertulias de hombres” no le gustaban. Eso sí, afirmó, “en cuanto veo a tres mujeres juntas en mi casa, estoy como una más entre ellas escuchando y viendo cómo piensan. Me parece un mundo más atractivo, más rico, mucho más imaginativo y real, al mismo tiempo. El ser femenino tiene puestos los pies en la tierra y, a su vez, arriesga más”.

La semana que murió Eduardo Galeano, otro genio, colocaron en los estantes de las librerías su obra “Mujeres”. No era la última; quedó pendiente de ser publicada otra. Pero en esta, inspirado ‒como era su estado normal‒ escribió Galeano: “A la mujer que piensa se le secan los ovarios. Nace la mujer para producir leche y lágrimas, no ideas; y no para vivir la vida sino para espiarla desde las ventanas a medio cerrar. Mil veces se lo han explicado y Alfonsina Storni nunca lo creyó. Sus versos más difundidos protestan contra el macho enjaulador”. 

Y del “Gabo”, otro “as” en este póquer, ¿qué pasó con “el dulce sabor de una mujer exquisita”?

“Si aún no ha pasado el bisturí por tu piel, si no tienes implantes de silicona en alguna parte de tu cuerpo, si los gorditos no te generan trauma, si nunca has sufrido de anorexia, si tu estatura no afecta tu desarrollo personal (…) Estás en vía de extinción... ¡Bienvenida! Una mujer exquisita no es aquella que más hombres tiene a sus pies, sino aquella que tiene uno solo que la hace realmente feliz. Una mujer hermosa no es la más joven, ni la más flaca, ni la que tiene el cutis más terso o el cabello más llamativo; es aquella que con tan solo una franca y abierta sonrisa y un buen consejo, puede alegrarte la vida.”

Falta uno. El gran Benedetti y su lapidario, militante, “No te salves”. ¿Qué sentido tuvo para quienes lo creyeron y siguieron, cual catecismo de amor revolucionario, durante aquellos años? Él le decía a ella o ella le decía a él ‒a final de cuentas siempre había una mujer en la relación‒ que no se quedara “inmóvil al borde del camino”, que no congelara “el júbilo” y que no quisiera “con desgana”. Pedía no salvarse “ahora ni nunca”, no llenarse “de calma”, no reservar “del mundo solo un rincón tranquilo”, no dejar “caer los párpados pesados como juicios”, no quedarse “sin labios” ni dormirse “sin sueño”, no pensarse “sin sangre”, no juzgarse “sin tiempo”.  

Y si “pese a todo” no podía evitarse congelar “el júbilo”, querer con “desgana”, salvarse “ahora”, llenarse “de calma” y reservar del mundo “solo un rincón tranquilo”, dejar “caer los párpados pesados como juicios”, secarse “sin labios” 
y dormirse “sin sueño”… Entonces, si se pensaba “sin sangre” y se juzgaba “sin tiempo”, si permanecía “inmóvil al borde del camino”… Si se salvaba, entonces, que mejor no se quedara... 

Mujeres, mujeres, mujeres… Están las “autistas” que “arriesgan”, las “galeanas” que “protestan”, las “gabas” que “exquisitean” y las “marianas” que sí o no se “salvan”. No sé qué diría hoy este último, segundo uruguayo entre estas cuatro “cartas marcadas”. ¿Habría repensado y adecuado la letra de tan hermoso y ardiente poema, a una realidad como la salvadoreña actual?

Porque en este pequeño país, se “salvaron” unas cuantas que dicen seguir siendo de “izquierda revolucionaria” y permanecen ‒cual despojos de un pasado luchador‒ en su curul legislativo discurseando cómodas, con seguro de vida y con vida segura… 

Esas se acuerdan de sus congéneres féminas, solo para las elecciones. Fuera de ese “tiempo de amor” interesado, se olvidan de las mujeres en las maquilas donde no se respetan las reglas del juego laborales; de las que trabajan mal remuneradas en casa ajena y “sin respeto al horario ni a las costumbres”, sin seguridad social decorosa; de las jefas de familias monoparentales; de las que al abortar o aún sin abortar, se inmolan o inmolan su libertad; de las “relegadas” en todo o casi todo…

El día de la mujer no es para todas las salvadoreñas. Aún es solo para unas pocas. Para el resto sigue siendo noche, pero habrá que amanecer…