Benjamín Cuéllar
Agni Castro Pita es jefe del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Refugiados en El Salvador (ACNUR), organismo conocido en el “triángulo
norte” centroamericano por sus antecedentes que se remontan al inicio de la
década de 1980, cuando el beato Romero recibiera en el Palacio Arzobispal al
primer grupo de refugiados permanentes el 7 de marzo de 1980. Eran 32 personas,
campesinas, procedentes del municipio de Cinquera.
Después, no pararon de huir buscando refugio las víctimas de los
embates del ejército gubernamental y sus huestes paramilitares; en menor
cuantía, también de las guerrillas. Llegaban de los departamentos de Cuscatlán,
Cabañas y Chalatenango; en cinco días sumaban 800. Luego vino la hecatombe humanitaria y huían de todos
lados. Terminada la guerra, ¿terminó el desplazamiento forzado? No.
Postura similar a la de las principales autoridades estatales
salvadoreñas: negar o usar eufemismos para no hacerse cargo de una realidad
políticamente complicada, pero lacerante para sus mayorías populares. Esa
negación del fenómeno y sus consecuencias, la confirma en la misma nota Sonia
de Madriz ‒titular de la Procuraduría General de la República‒ quien “está a la
espera de que el Ejecutivo” lo “reconozca (…) para poder intervenir”.
Pero el presidente salvadoreño junto a sus colegas de Honduras y
Guatemala sí lo reconocieron en el 2014, aunque sea una vez, cuando presentaron
los “Lineamientos del
Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte” donde se lee:
“La
falta de oportunidades de empleo, la violencia y la reunificación familiar han
sido las principales razones para emigrar de nuestra región. Encuestas
recientes identifican a la violencia como el factor más apremiante para la
migración de menores, seguido de la falta de oportunidades de empleo, mientras
que sólo el 14% de los encuestados mencionó el deseo de reunificarse con sus
familiares. Por otro lado, la migración adulta también identifica estas causas
en los tres países aunque la falta de oportunidades es la más mencionada”.
Implícitamente,
pero lo aceptan; detrás están los dólares estadounidenses. Como sea, la
situación es crítica por ser permanente y creciente. En agosto del 2010
aparecieron en San Fernando, Tamaulipas, más de 70 cadáveres de personas que
huían del infernal “triángulo norte” centroamericano, buscando el “paraíso”;
pero no pasaron del “purgatorio”.
¿Paró
la huida tras eso? Al contrario: la emigración salvadoreña se incrementó cinco veces, según el Sistema continuo de
reportes sobre migración internacional en las Américas. Y desde el 2012 en
adelante creció la cantidad de niños, niñas y adolescentes; hubo que asumir, en
el 2014, que era una “crisis humanitaria”.
Por suerte para las víctimas, a diferencia de Castro Pita la
oficina regional del ACNUR tiene clara la necesidad de buscar y encontrar
soluciones, partiendo de un diagnóstico sin contaminaciones políticas o
diplomáticas. El desplazamiento forzado actual no surge de guerras convencionales.
“Son familias, mujeres, niños que buscan refugio porque han sido víctimas de
abusos indescriptibles a manos de las pandillas y de los grupos criminales”,
señaló, dejando abierta la posibilidad del acrecimiento de personas afectadas.
Las solicitudes de asilo del “triángulo norte (…) aumentaron
un 92%, pasando de más 24.000 en 2014 a una cifra superior a los (sic) 54.000
en 2015”. En “los primeros cuatro meses de 2016, 11.000 personas” pidieron ser
consideradas refugiadas, “principalmente en Estados Unidos y México”.
Andrés Ramírez ‒representante del ACNUR para Centroamérica,
Cuba y México‒ dice: “A la hora de la verdad el desplazamiento, sea porque fue
una bala que vino de la guerra, o porque fue una bala que vino de grupos
organizados del crimen transnacional, o porque fue una bala que vino de una
situación de infiltración a nivel de ciertas autoridades y demás, la persona
simplemente huye al no poder acogerse a la protección”.
Las
causas del éxodo son estructurales, se afirma desde siempre. La solución está
entonces, en contar con autoridades estatales capaces de enfrentarlas y
superarlas de la mano con las víctimas. Quienes
ahora ocupan esos espacios han demostrado incapacidad notoria y notable para
entrarle a esa alta misión, pero no se
irán voluntariamente. Habrá que desplazarlos con la fuerza de la
organización social y la movilización popular.
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