Benjamín Cuéllar
El próximo lunes 17 de abril se cumplirán
cuatro décadas de la misa que, invitado por Alfonso Navarro, monseñor Romero
celebró por la fiesta patronal en la parroquia de La Resurrección. El beato,
reflexionó sobre la Pascua; habló sobre el paso de la muerte a la vida. Muerte
‒afirmó‒ es pecado, mediocridad, injusticia, desorden, atropello de los
derechos. Eso “tiene que quedar sepultado en la tumba del Señor y resucitar:
pasar de la muerte a la vida. Vida quiere decir justicia (…)
Quiere decir todo ese esfuerzo por ser cada día mejor”.
Antes de un mes asesinaron en la casa
parroquial a Navarro: el 11 de mayo. Hay quienes sostienen que fue la venganza
de las estructuras criminales de derecha, luego de que las de izquierda ejecutaran a Mauricio Borgonovo el
día anterior. Monseñor ofició la misa de “cuerpo presente” del canciller
salvadoreño y también la del sacerdote. El primero fue el segundo funcionario
asesinado durante el Gobierno presidido por Arturo Armando Molina, quien iba de
salida; el otro era el segundo cura asesinado durante el arzobispado de Romero,
quien apenas iniciaba.
“La
violencia la producen todos”, afirmó este con el dedo acusador. “No solo los
que matan, sino los que impulsan a matar”. Léase: quienes ordenan las muertes,
se lucran con estas y mantienen la impunidad protectora de criminales. Del
presidente Molina, Romero esperaba que ‒si era sincero lo que le manifestó
telefónicamente‒ se preocupara por investigar ambas ejecuciones. “(T)an sagrada
es la vida del ingeniero Borgonovo”, como la del padre Navarro. “Como sagrada ‒sostuvo‒
es la vida del padre Grande, que hace dos meses pereció también acribillado y a
pesar de las promesas de investigación, todavía estamos lejos de saber la
verdad”.
La resurrección y la vida van de la mano
con la verdad y la justicia. Por ello, esperando estamos el anuncio oficial de
algo que debería estar ‒desde hace rato‒ debatiéndose: la propuesta de ley para
cumplir la sentencia de inconstitucionalidad de la amnistía dictada el 13 de
julio del 2016, fecha histórica para las víctimas y el país.
Entonces, la Sala de lo Constitucional
ordenó a la Asamblea Legislativa ‒en un plazo razonable‒ “garantizar el acceso
a la información pública” sobre las atrocidades atribuibles “a ambas partes”;
“responder, en el menor tiempo posible, a las exigencias de las víctimas y sus
familiares y de la sociedad salvadoreña” relacionadas con investigar y conocer
la verdad, procesar y sancionar a sus responsables; y determinar las medidas
necesarias para reparar integralmente a las víctimas garantizando “su
satisfacción, compensación y reivindicación, así como las medidas de no
repetición” de dichos hechos. Todo ello, considerando los parámetros de dicha
sentencia y “los estándares de la justicia transicional”.
Desde
finales de julio del 2016, pasando por el 16 de enero del 2017, Salvador
Sánchez Cerén y su vocero ‒Eugenio Chicas‒ así como “Hato” Hasbún declararon
que trabajan en una propuesta de ley sobre el tema. ¿Dónde está? Este jueves
santo se cumplen exactamente nueve meses y no han parido nada. ¿Es un “plazo
razonable” o “el menor tiempo posible”? ¿Le seguirán dando largas?
Por eso, en El Salvador nunca dejó de
imperar la muerte violenta con el respectivo correr de la sangre; tampoco la
muerte lenta, producto del inaceptable hambre. Continuaron bien instaladas
sobre la impunidad, que protege al que mata y al que roba en grande.
Están tardando demasiado en presentar una
propuesta legislativa para cumplir lo mandado por la Sala de lo Constitucional.
Elaborar y aprobar una amnistía aberrante, lo lograron en menos de cinco días;
elaborar y aprobar una ley para aplicar correctamente la justicia transicional,
no saben cómo o no quieren. Si salen con un adefesio, “refrito” de lo declarado
inconstitucional, que no lo presenten bajo el retrato de un Romero que no
sonríe en Casa Presidencial. ¿Estará incómodo? ¿Será que no ve asomarse la
Pascua en El Salvador?
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