miércoles, 29 de noviembre de 2017

La izquierda real

Este 27 de noviembre se cumplieron 37 años de la muerte de seis dirigentes del Frente Democrático Revolucionario (FDR). Esa mañana se encontraban reunidos Enrique Álvarez, Juan Chacón, Enrique Escobar, Humberto Mendoza, Manuel Franco y Doroteo Hernández en el colegio de los jesuitas. Algunos individuos que llegaron a secuestrarlos, se apostaron en diversas entradas del plantel educativo; otros fueron a la del edificio principal, ordenándole a la gente tirarse al suelo con los ojos cerrados. Con sus “objetivos” hicieron lo mismo y les amarraron las manos, vendándoles los ojos para llevarlos con rumbo desconocido. Horas después, aparecieron sus cadáveres salvajemente torturados.


Franco recibió cuatro impactos de bala en el pecho; Chacón tres: en la oreja, en la frente y en el tórax; Mendoza dos y Escobar también. Sobre la ejecución de Hernández, no hay datos; pero todos presentaban señales de estrangulamiento. En el caso de Álvarez, ministro de Agricultura tras el tras el golpe de Estado de octubre de 1979 y luego presidente del FDR, su cuerpo tenía doce balazos en la espalda; pretendían, así, descabezar la fuerte y creciente oposición política con un claro mensaje: no había que ingresar a la misma y menos dirigirla. Además, pertenecía a una de las familias más adineradas de entonces; lo veían como “traidor”.

La Comisión de la Verdad en su informe ‒cuya publicación cumple 25 años el próximo marzo‒ afirmó que “de todas las evidencias recogidas” era claro “que la acción estuvo dirigida a detener a los dirigentes”. No fue casualidad ni buscaban otro “objetivo”. “La forma en que los efectivos que participaron en el operativo se movieron dentro del edificio y sus alrededores no deja lugar a duda de que […] se trató de un operativo específicamente diseñado” para capturarlos.

Las privaciones de libertad, las torturas y la masacre fueron actos delictivos coordinados desde “arriba”. Tuvo que ser así. En el país ya sonaban fuerte los “tambores de guerra”, la cual inició el 10 de enero de 1981. ¿Cómo realizar semejante operación en una ciudad militarizada sin una organización previa y precisa desde los mandos superiores, para evitar cualquier incidente en el trayecto adonde los torturaron y luego adonde los ejecutaron?

La citada Comisión advirtió que realizar esa acción requería al menos de “la complicidad de los organismos de seguridad, los cuales además seguían de cerca a los dirigentes políticos”. Hora, lugar, cantidad de efectivos, equipos de radio, vehículos, armamento y uniformes utilizados, “la jerga y la cadena de mando, la retirada del personal sin problema alguno, así como la falta de investigación adecuada por parte de los mismos cuerpos de seguridad, demuestran hasta donde estuvieron involucrados”.

Y agregó: “No es posible determinar en forma precisa qué organismo de seguridad pública llevó adelante estas operaciones delictivas”. Sin embargo, consideró que había “suficiente evidencia para señalar que organismos del Estado en forma combinada fueron responsables de este hecho”. Además, “recibió información confiable de que la orden final de ejecución fue consultada al más alto nivel de sectores de la derecha”.

Por último, señaló que tenía “sustanciales evidencias para afirmar que la Policía de Hacienda realizó el operativo de seguridad exterior que facilitó y cubrió a los autores del asesinato”; asimismo, denunció el “evidente […] desinterés para llevar a cabo una investigación exhaustiva por parte de un órgano independiente […] para esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y llevar a la justicia a los responsables”.

Esas atrocidades nunca se esclarecieron; el expediente judicial lo archivaron el 8 de octubre de 1982. El Estado es y sigue siendo responsable por acción y omisión al realizar la masacre, no investigar y negar verdad, justicia y reparación integral a las familias de las víctimas, las organizaciones que estas representaban y la sociedad.



Pero Rosa Erlinda Revelo viuda de Franco, siempre querida y admirada continúa en pie de lucha con su terquedad de la buena. El 30 de junio de este año solicitó nuevamente al fiscal general hacer lo que le corresponde, incluso gestionar la revisión de la investigación completa realizada por la Comisión de la Verdad. En su esfuerzo, ella cuenta con el acompañamiento del Laboratorio para la investigación y la acción social contra la impunidad.

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) no se pronunció hoy sobre tan horrendo crimen, atribuible a aquella derecha y sus cuerpos represivos. Claro, está demasiado enredado en sus calenturas electoreras y va “derechito” a los comicios que vienen. A pesar de eso, sí hubo gente consecuente que entregó sus vidas pero nunca ‒¡nunca!‒ sus ideales.





sábado, 18 de noviembre de 2017

Inocente, solo de nombre

Benjamín Cuéllar
Noviembre de 2017

El 15 de noviembre recién pasado, se supo lo que estaba esperándose desde hace algún tiempo: Estados Unidos de América (EUA) extraditará al coronel Inocente Orlando Montano, para enfrentar las acusaciones que ‒en el marco de la justicia universal‒ le hacen en la Audiencia Nacional de España (ANE). Ya no hay recurso que valga para su defensa, luego de que esta hizo todo “lo habido y por haber” para impedir el viaje y es cuestión de días para que Montano vuele hacia su próximo destino. 



Mauricio Funes, durante su deshonrosa gestión presidencial, le dio dónde esconderse a un grupo de militares acusados por lo mismo: participar en la masacre ocurrida en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), el 16 de noviembre de 1989. La Corte Suprema de Justicia (CSJ), por su parte, decidió que las órdenes internacionales de captura giradas para extraditar a una veintena de integrantes de la Fuerza Armada de El Salvador tenían otro propósito: únicamente localizarlos. Todo eso ocurrió en agosto del 2011.

Y en agosto del 2016, el juez español Eloy Velasco hizo otro intento por extraditar ya no a veinte sino a diecisiete militares; la CSJ repitió la historia. Pero ahora, con Montano, ni ésta ni Funes pueden hacer nada; su suerte está echada y dentro de pocos días partirá a Madrid para sentarse en el banquillo de los acusados.

Se acerca el final de una historia cuyos inicios se remontan al 2003 o el 2004, no recuerdo exactamente, cuando con Almudena Bernabéu comenzamos a conversar sobre la presentación ‒en la ANE‒ de una querella por la matanza en la UCA y a soñar con la posibilidad de lograr un triunfo en la “cancha reglamentaria” de la justicia universal, ya que en el “potrero”  salvadoreño eso era imposible.

Acá te metían zancadilla y no había árbitros decentes, dignos y profesionales que marcaran las faltas; acá había “amaños” en favor del “equipo oficial”. Allá había probabilidades ciertas de que se respetarán las “reglas del juego”. Allá se pudo y acá sigue sin poderse. Por eso decidimos comenzar a prepararnos para “jugar la partida”: Almudena cuando era parte del Center for Justice & Accountability, Manuel Ollé de la Asociación de Pro Derechos Humanos ‒en España‒ y este servidor a título personal, ya que la UCA decidió no participar. Por eso viajé dos veces a Madrid: semanas antes de que presentaran la querella en noviembre del 2008 y en junio el 2010, para declarar ante el juez Velasco.

¿Qué pasará ahora? Con Montano instalado ante la autoridad judicial correspondiente, es de esperar su condena por toda la carga de la prueba en su contra; entre esta, la crucial declaración de una experta en el caso salvadoreño: Terry Lynn Karl. Hay que mencionarla por todo lo que ha aportado a la lucha por la verdad y la justicia en nuestro país. Almudena, ahora en Guernica 37 ‒grupo recién fundado‒ liderará con Manuel lo que falta del proceso en nombre de las víctimas, con mi ayuda.

De lograrse el objetivo, la condena judicial será para este coronel retirado; asimismo, alcanzará para condenar moral y éticamente al resto de militares imputados que han sido protegidos ‒acá‒ por un sistema cómplice y propiciador de la impunidad. Además, estos tendrán que pensar dos veces o más si quieren salir del país, estando vigentes sus órdenes internacionales de captura; así, el territorio nacional será su prisión hasta el fin de sus días. Se me ocurre que Montano ‒en su defensa‒ intentará “limpiarse” y “limpiar” a sus colegas, echándole toda la culpa al fallecido general René Emilio Ponce; pero no creo que le funcione. ¿Por qué incriminarlo hasta ahora y no antes, cuando aún vivía?  


Una anécdota reveladora: el ahora futuro viajero a España, fue detenido en territorio estadounidense preparando su vuelta a El Salvador. Alguien le preguntó por qué esa decisión y su respuesta fue: porque allá estoy más seguro. Y tenía toda la razón. A más de veinticinco años del fin de la guerra y a casi  veinticinco de la presentación pública del informe de la Comisión de la Verdad, la situación no ha cambiado: con la impunidad, no obstante la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, las víctimas siguen siendo castigadas y sus victimarios premiados.

Es, pues, hora de fomentar la necesaria organización y la lucha decisiva de las primeras juntando a las de antes, durante y después de la guerra. Solo así se logrará que los hasta ahora “inocentes”, sean sentenciados como lo que son: ¡culpables!



domingo, 23 de julio de 2017

Hecha la trampa

Benjamín Cuéllar

Este miércoles 19 de julio se cumplieron 45 años de la intervención militar de la Universidad de El Salvador realizada con “definición, decisión y firmeza”, según el entonces presidente de la República. El próximo domingo 30 de julio, serán 42 los transcurridos desde que ‒también siendo mandatario el coronel Arturo Armando Molina‒ fueron masacrados estudiantes y pueblo que acompañaba su lucha.



El ministro de Defensa y Seguridad Pública de la época era el todavía coronel Carlos Humberto Romero, quien falleció el 27 de febrero de este año. La Asamblea Legislativa, votados por todos los partidos, decretó tres días de duelo nacional. Por las víctimas de los hechos antes señalados y de todo lo ocurrido desde entonces hasta el fin de la guerra, ni siquiera un minuto de silencio oficial hubo.

Sin embargo, el mejor homenaje a estas últimas tuvo lugar precisamente el pasado miércoles cuando se realizó una audiencia pública ‒convocada por la Sala de lo Constitucional‒ para revisar el cumplimiento de su sentencia en la cual declaró la infame Ley de amnistía de 1993 como contraria a la Carta Magna.

Entonces se “desnudaron” los órganos Legislativo y Ejecutivo. Más allá de las acostumbradas “fintas” para esquivar su irresponsabilidad, la conclusión es una: no han hecho nada. Eso quedó demostrado. Se tiraron la “pelota” entre ambos, en lo concerniente a elaborar una propuesta de ley para reivindicar la dignidad de las víctimas y buscar una real reconciliación nacional, que trascienda a los responsables de las atrocidades ocurridas antes y durante la guerra.

Todo el mundo suponía que durante el año transcurrido desde que se emitió la sentencia referida, en Casa Presidencial se estaba elaborando el dichoso proyecto de ley. La sorpresa fue generalizada cuando el apoderado de don Salvador Sánchez Cerén, quien a diferencia de Guillermo Gallegos y el fiscal general de la República no asistió a la audiencia, declaró que no había tales.

Ciertamente, Sánchez Cerén rechazó este y otros fallos emitidos por el máximo tribunal justicia constitucional el 13 de julio del 2016. “Estas sentencias ‒afirmó de inmediato‒ ignoran o no miden los efectos que pueden tener, no solo en la frágil convivencia que existe en el interior de nuestra sociedad sino que, además, no contribuyen a fortalecer la institucionalidad existente”.

Pero eso cambió luego. Diez días después, en su sabatino “Gobernando con la gente” dijo que había “comenzado a conversar sobre la necesidad de construir una nueva ley de reconciliación nacional (…) que se adecúa a estos momentos y, además, a elaborar como parte de esta ley una justicia transicional que permita que las familias conozcan la verdad pero, además, que se dé la oportunidad de que se perdone”.

Después, el 16 de enero del 2017, se refirió a la “especial sensibilidad” de su Gobierno “con este tema”; es un “paso necesario en nuestro proceso de reconciliación ‒afirmó‒ que dignifiquemos a las personas que sufrieron los agravios de los aparatos del Estado durante el conflicto armado y con las cuales aún tenemos deudas en la implementación de los Acuerdos de Paz”. Y terminó sosteniendo que ratificaba su “compromiso de impulsar un diálogo con ese propósito”.

Con todo lo anterior, era lógico presumir que el Ejecutivo ejercería el necesario liderazgo para impulsar la iniciativa. Pero no. No hizo nada. Sin embargo, a final de cuentas, en la audiencia citada se logró que el diputado Gallegos ‒quien actualmente preside esa Asamblea Legislativa que homenajeó al general Romero‒ aceptara crear una comisión para elaborar la normativa  que busque dignificar a las víctimas y empuje la reconciliación nacional; también se comprometió a darle “iniciativa de ley” para su estudio, discusión y aprobación.



¡Públicamente! Quedaron filmados dichos compromisos, asumidos a propuesta de este servidor, quien además solicitó que Pedro Martínez, Ima Guirola, Jorge Amaya ‒actores demandantes en el proceso‒ lo acompañaran junto con algunas víctimas para integrar dicha Comisión, lo cual también fue admitido por Gallegos. Se pidió, además, a los miembros presentes de la Sala de lo Constitucional que el Ejecutivo se sumara a dicho esfuerzo; ello, para lograr consensos y evitar alegatos posteriores rechazos u otros obstáculos.

En el gremio de juristas dicen: “Hecha la ley, hecha la trampa”. En este caso, lo que ha ocurrido es que no han podido hacer primero la trampa; por tanto, nadie ha hecho la ley. Pero ahí está la terquedad buena y sana de las víctimas que siguen luchando por alcanzar verdad, justicia, reparación integral y por hacer que se establezcan las garantías de no repetición de las salvajadas pasadas.






sábado, 10 de junio de 2017

La tía Lola no está sola

Benjamín Cuéllar

Nunca lo estuvo, pero así la molestaban de niña el resto de sus hermanas y hermanos. Travesuras infantiles, aprovechando la rima. Pero entonces, tenía su familia allá en el cantón San Pedro Agua Caliente, Verapaz, San Vicente; fue allí donde nació, creció, trabajó, se casó y se organizó en las filas del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRTC). En algún lado leí que según el  comandante “Miguel Mendoza”, Óscar Miranda, su hermana Sofía y ella ‒Dolores Hernández‒ fueron las mujeres decisivas para desarrollar el trabajo revolucionario en dicho departamento de la región para central salvadoreña.

La tía Lola fue capturada, pero no estuvo sola; con ella estaba el pueblo al que decidió entregar su vida y por el cual, al ser liberada, continuó luchando. Más adelante, la represión del régimen militar y la guerra ‒que alcanzó a su entorno familiar y se llevó a la cárcel a su hermana Sofía‒ la obligó a abandonar el territorio nacional. Nicaragua y Cuba fueron sus destinos, pero no viajo sola; lo hizo con hijos, hijas, sobrinas y sobrinos: ¡trece en total!

El retorno de la “expedición” al país, el 17 de junio de 1992, fue con menos integrantes: nueve, incluida la tía Lola. Tampoco regresó sola. Y venía con una misión, a la cual le fue fiel hasta el final: encontrar sus seres queridos desaparecidos a la fuerza, por las fuerzas malévolas, y exhumar a quienes yacían en fosas anónimas. Entre estos últimos estaba el legendario comandante “Camilo Turcios”, uno de sus hijos. 



Alcanzar tal cometido podría ser menos difícil que antes, pues había terminado la guerra y al país se le abrían las puertas para avanzar hacia la paz. En ese momento histórico, esta no debía ser algo lírico sino una aspiración a realizar mediante el respeto irrestricto de los derechos humanos; dentro de estos se encontraba lo que la tía Lola buscaba: verdad, justicia y reparación integral que como víctima merecía.

Tampoco lo hizo sola. Dolor y reclamos suyos, era dolores y reclamos de tantas y tantas madres y demás familiares; a esa gente, la tía Lola nunca la dejó sola; la acompañó e inspiró siempre, transformando dolores y reclamos inmensamente humanos en poemas y canciones que recitaba y entonaba en el Monumento a la memoria y la verdad ‒en el Parque Cuscatlán‒ y en actividades organizadas por comités de víctimas.

Esa lucha hasta ahora sigue vigente, porque el Estado les ha negado a las víctimas saldar sus deudas. Entre las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, cuyo informe fue publicado hace casi veinticinco años, estaba esta: “La construcción de un monumento nacional en San Salvador con los nombres de las víctimas, identificadas”. No se cumplió. El del Parque Cuscatlán, es fruto de un enorme esfuerzo desde la sociedad, incluidas las organizaciones de víctimas.

Tampoco ha habido reparación integral, no se decretó día feriado nacional para recordar a las víctimas ni se creó el Foro de la verdad y la reconciliación; el seguimiento internacional al cumplimiento de lo anterior fue nulo. Esas eran las recomendaciones de la Comisión de la Verdad para avanzar hacia la reconciliación nacional. No las asumieron, pese a que en el Acuerdo de México firmado el 27 de abril de 1991 las dos fuerzas enfrentadas militarmente entonces ‒que se han alternado el Gobierno en la posguerra‒ se comprometieron a “cumplir las recomendaciones de la Comisión”. ¿Es posible confiar en esas dos maquinarias electoreras? Seguro que no, ni en esta ni en otras materias.

La tía Lola no estuvo sola ni en su vela. Más allá de aquella gente que llegó por ser “políticamente correcto”, abundó la que sí la quería de verdad. Para quienes hemos tenido y compartido el privilegio ‒no la suerte‒ de haber estado con ella en la intimidad del hogar junto con su hermana Sofía, tampoco nos dejó a solas. Nos queda su ejemplo a imitar y su compromiso para seguir adelante empujando esa causa: la de las víctimas de antes y durante la guerra. Porque en esta “paz” de las cúpulas partidistas y de otros grupos de poder, también le desaparecieron un hijo inmediatamente después de la famosa “tregua” de marzo del 2012.

Tía Lola, hoy y siempre le cantaremos la letra del gran Silvio: “Madre, en tu día, no dejamos de mandarte nuestro amor. Madre, en tu día, con las vidas construimos tu canción (…) Madre, ya no estés triste, la primavera volverá, madre, con la palabra libertad”. Este es, tía Lola, mi humilde homenaje. 






lunes, 24 de abril de 2017

Grandezas y pequeñeces

Benjamín Cuéllar 


Imperdonable. Pasó el 12 de marzo y no escribí sobre las cuatro décadas transcurridas tras una emboscada realizada entonces; en ese fatal suceso fallecieron Manuel Solórzano de 72 años y Nelson Rutilio Lemus de 16 ‒ambos campesinos‒ y el jesuita Rutilio Grande, cerca de cumplir 50. Este sacerdote, junto al también jesuita José María Cabello, a mis escasos 15 “abriles” marcaron el rumbo de mi existencia. 


Conocí a Rutilio en el Externado de San José, en 1971, durante su paso por el colegio de la Compañía de Jesús en El Salvador. Llegó para ser el prefecto de disciplina en la secundaria. Ese cargo, definitivamente, no era para él; por ello, en 1972 se convirtió en párroco de la iglesia Señor de las Misericordias en Aguilares, departamento de San Salvador.

Pero fue por él que descubrí los documentos finales de la segunda Conferencia general del episcopado latinoamericano realizada en 1968, mejor conocidos como los Documentos de Medellín por ser esta ciudad colombiana la sede para su realización.

 

Esos textos y las inolvidables conversaciones con el padre Grande, respetuosamente así lo llamábamos, fueron claves para escribir el discurso del acto conmemorativo de la “independencia” patria que leí ante padres y madres de familia, junto a otros curas y buena parte del profesorado que me escuchaban con sorpresa y ‒seguramente‒ molestia en el patio central del quizás más elitista colegio privado del país en aquel entonces.

 

No volví a saber nada de él, hasta que se propagó como reguero de pólvora la noticia de su martirio y el de sus acompañantes. Lo que sí sé es que Rutilio llevó a monseñor Romero al Socorro Jurídico Cristiano (SJC), fundado en 1975 cuando el rector “externadista” era Segundo Montes ‒también jesuita y mártir‒ abrió las puertas del colegio para ello. Fundador y primer director del SJC fue mi hermano Roberto.

 

Este habla con propiedad pues los conoció a ambos, precisamente por su labor al frente de dicha oficina en un entorno cada vez más caliente por las graves violaciones de derechos humanos, la amplia exclusión social ‒principalmente entre el campesinado‒ y la impunidad imperante. Tres temas que a Rutilio y a Romero, los relacionaron con “Beto”; los dos curas estaban del todo convencidos de que debía utilizarse el “Derecho justo”, como instrumento valioso en la lucha por reivindicar la dignidad pisoteada de las mayorías populares por un sistema del todo injusto.


¿Por qué afirmo que Rutilio llevó a Romero al SJC? El 31 de marzo de 1978, el segundo inició su Diario personal. Entonces habló de una importante reunión; la más importante de esa fecha, le dictó a la grabadora donde el hoy beato comenzaba a registrar los hechos destacados de cada jornada. Se juntó con el personal del SJC y le comentó las dificultades que enfrentaba para auxiliar legalmente a tantas víctimas. Antes había buscado, sin éxito, abogados con mayor experiencia. La razón: el caso del padre Grande. No sin desconfianza por la juventud de los “socorristas”, Romero se agarró de sus manos y caminó hasta su muerte martirial con el apoyo de ese pequeño equipo.


Ejecutado su amigo querido y sus dos acompañantes, monseñor se negó a asistir a los actos oficiales gubernamentales mientras no se aclararan esos hechos. Así, no concurrió a la investidura presidencial del general Carlos Humberto Romero el 1 de julio de 1977, quien fuera ministro de Defensa y Seguridad Pública durante la administración del coronel Arturo Armando Molina.

Considerando la cadena de mando castrense, el general Romero no podía ser eximido de responsabilidad en lo relativo a las graves violaciones de derechos humanos ocurridas entre el 1 de julio de 1972 y el 30 de junio de 1977. Iniciaron con la cruenta toma militar de la Universidad de El Salvador, el 16 de julio de 1972, seguida por la masacre de estudiantes de la misma y pueblo que acompañaba la protesta el 30 de julio de dicho mes.


Resulta paradójico que el actual Gobierno del FMLN sumara sus votos legislativos, para decretar tres días de duelo nacional por el fallecimiento del general Romero el 27 de febrero del corriente año. Hasta hoy, es el último presidente derrocado por ‒entre otras razones‒ perseguir y reprimir al pueblo en general y al organizado en las cinco agrupaciones que integraron el frente guerrillero, ahora partido político peleando elecciones impúdicamente. Sin embargo, no hizo nada por rendir homenaje oficial a Rutilio el “grande”, cuatro décadas después de su martirio. Una pequeñez más de la antigua “rebeldía”. !Nada sorprendente ya! 



“Es la oportunidad para que el sistema de justicia demuestre que funciona o sigue atrofiado”


Para Benjamín Cuéllar, exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Uca (Idhuca) y activista de Derechos Humanos, la falta de justicia restributiva en el caso de los crímenes de guerra, ha hecho que la historia de repita: “hay tres guerras no declaradas”, dice; señala que junto al Centro de Capacitación y Promoción de la Democracia (Cecade) empezarán a pedir la investigación de más casos, bajo el Código Penal vigente. Dice que es el momento que el sistema de justicia demuestre que las reformas y depuraciones han funcionado o que demuestre “que sigue atrofiado”, como hace 23 años, cuando se firmó la amnistía “bajo la mesa y sin presencia de las Naciones Unidas”. Leer más 

en.. http://elmundo.sv/es-la-oportunidad-para-que-el-sistema-de-justicia-demuestre-que-funciona-o-sigue-atrofiado/



jueves, 13 de abril de 2017

¿Dónde está la ley?

Benjamín Cuéllar

El próximo lunes 17 de abril se cumplirán cuatro décadas de la misa que, invitado por Alfonso Navarro, monseñor Romero celebró por la fiesta patronal en la parroquia de La Resurrección. El beato, reflexionó sobre la Pascua; habló sobre el paso de la muerte a la vida. Muerte ‒afirmó‒ es pecado, mediocridad, injusticia, desorden, atropello de los derechos. Eso “tiene que quedar sepultado en la tumba del Señor y resucitar: pasar de la muerte a la vida. Vida quiere decir justicia (…) Quiere decir todo ese esfuerzo por ser cada día mejor”. 


Antes de un mes asesinaron en la casa parroquial a Navarro: el 11 de mayo. Hay quienes sostienen que fue la venganza de las estructuras criminales de derecha, luego de que las de  izquierda ejecutaran a Mauricio Borgonovo el día anterior. Monseñor ofició la misa de “cuerpo presente” del canciller salvadoreño y también la del sacerdote. El primero fue el segundo funcionario asesinado durante el Gobierno presidido por Arturo Armando Molina, quien iba de salida; el otro era el segundo cura asesinado durante el arzobispado de Romero, quien apenas iniciaba.

“La violencia la producen todos”, afirmó este con el dedo acusador. “No solo los que matan, sino los que impulsan a matar”. Léase: quienes ordenan las muertes, se lucran con estas y mantienen la impunidad protectora de criminales. Del presidente Molina, Romero esperaba que ‒si era sincero lo que le manifestó telefónicamente‒ se preocupara por investigar ambas ejecuciones. “(T)an sagrada es la vida del ingeniero Borgonovo”, como la del padre Navarro. “Como sagrada ‒sostuvo‒ es la vida del padre Grande, que hace dos meses pereció también acribillado y a pesar de las promesas de investigación, todavía estamos lejos de saber la verdad”.

La resurrección y la vida van de la mano con la verdad y la justicia. Por ello, esperando estamos el anuncio oficial de algo que debería estar ‒desde hace rato‒ debatiéndose: la propuesta de ley para cumplir la sentencia de inconstitucionalidad de la amnistía dictada el 13 de julio del 2016, fecha histórica para las víctimas y el país.

Entonces, la Sala de lo Constitucional ordenó a la Asamblea Legislativa ‒en un plazo razonable‒ “garantizar el acceso a la información pública” sobre las atrocidades atribuibles “a ambas partes”; “responder, en el menor tiempo posible, a las exigencias de las víctimas y sus familiares y de la sociedad salvadoreña” relacionadas con investigar y conocer la verdad, procesar y sancionar a sus responsables; y determinar las medidas necesarias para reparar integralmente a las víctimas garantizando “su satisfacción, compensación y reivindicación, así como las medidas de no repetición” de dichos hechos. Todo ello, considerando los parámetros de dicha sentencia y “los estándares de la justicia transicional”.

Desde finales de julio del 2016, pasando por el 16 de enero del 2017, Salvador Sánchez Cerén y su vocero ‒Eugenio Chicas‒ así como “Hato” Hasbún declararon que trabajan en una propuesta de ley sobre el tema. ¿Dónde está? Este jueves santo se cumplen exactamente nueve meses y no han parido nada. ¿Es un “plazo razonable” o “el menor tiempo posible”? ¿Le seguirán dando largas?  


 Los crímenes de Borgonovo y Navarro debieron investigarse y sus autores, mediatos e inmediatos, sancionarse en su momento. ¡Hace 40 años! Como no se hizo nada, no se comenzó a transitar desde aquel entonces por el camino pascual que el país requería. “No solo la maravilla de la creación es imagen de Dios”, dijo el beato. También “la maravilla de la redención que es elevación de la naturaleza, elevación de la sociedad”. Hay que “vivir intensamente este sentido comunitario del paso de la muerte a la vida, de la imperfección a lo perfecto”, sostuvo. Y nadie entre los poderes formales y reales, le obedeció.  

Por eso, en El Salvador nunca dejó de imperar la muerte violenta con el respectivo correr de la sangre; tampoco la muerte lenta, producto del inaceptable hambre. Continuaron bien instaladas sobre la impunidad, que protege al que mata y al que roba en grande.


Están tardando demasiado en presentar una propuesta legislativa para cumplir lo mandado por la Sala de lo Constitucional. Elaborar y aprobar una amnistía aberrante, lo lograron en menos de cinco días; elaborar y aprobar una ley para aplicar correctamente la justicia transicional, no saben cómo o no quieren. Si salen con un adefesio, “refrito” de lo declarado inconstitucional, que no lo presenten bajo el retrato de un Romero que no sonríe en Casa Presidencial. ¿Estará incómodo? ¿Será que no ve asomarse la Pascua en El Salvador?