¿Paz sin justicia?

Benjamín Cuéllar

Pasó lo más fuerte de la bulla. Hoy solo quedan ecos de un elitista concierto y el vago desconcierto que deja la mención de nuevos acuerdos para avanzar hacia una paz que, irresponsable y lastimosamente, no llega desde hace 25 años. Bueno, también quedó inaugurado el monumento a una inexistente reconciliación. Esa entelequia de quienes han hecho del ejercicio del poder un buen negocio, tampoco llegó a El Salvador pues ‒pese a sus investigaciones y recomendaciones‒ la Comisión de la Verdad fue ninguneada por las mismas partes que acordaron crearla.

No fue culpa de esta. Dicha Comisión hizo lo que pudo, pero pudo más la decisión de quienes ‒siendo y sabiéndose responsables de las atrocidades ocurridas‒ se refugiaron vilmente en la madriguera inmunda de la impunidad. Esa es la parte irresponsable de lo ocurrido.

Para reconciliar la sociedad salvadoreña, había que perdonar. Sí. Pero, atinadamente, la citada Comisión estableció algo refutable únicamente por criminales cobardes. No se trataba de “un perdón formal”, limitado “a no aplicar sanciones o penas”. Del conocimiento de la verdad había que pasar a los requerimientos de la justicia: había que condenar y castigar a los autores de la barbarie; además, había que reparar debidamente a sus víctimas directas y a sus familiares.

Lo primero lo acordaron las partes beligerantes en el documento que firmaron en Chapultepec el 16 de enero de 1992, tras reconocer que las graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad ‒”independientemente   del   sector  al  que   pertenecieren  sus  autores‒ debían “ser objeto de la actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia, a fin que se aplique a quienes resulten responsables de las sanciones contempladas por la ley”. Eso acordaron los guerreros y la Comisión lo ratificó, pero aquellos no cumplieron. Lo segundo es un derecho reconocido nacional e internacionalmente. 

Pero tanto la Alianza Republicana solo de nombre “Nacionalista” (ARENA) como el Frente Farabundo Martí dizque para la “Liberación Nacional” (FMLN), siendo oposición o Gobierno, se olvidaron de las víctimas y blindaron a los victimarios. Esa es la parte lastimosa.

No hay donde perderse, por más amagos politiqueros que hagan ambas maquinarias electoreras. Que se vayan juntas al cementerio de la historia y que nazca una nueva oportunidad para un país donde, cinco lustros después de arreglarse entre aquel par de fuerzas enfrenadas con las armas, la sangre de las mayorías populares ‒sobre todo la de sus adolescentes y jóvenes‒ se sigue derramando; además, continúan aguantando hambre por falta de oportunidades y permanecen sedientas de justicia. Por ello, siguen abandonando El Salvador; al menos, quieren irse y muchas veces lo intentan.

¿Qué deben hacer entonces esas sempiternas víctimas y la sociedad entera este año? Salir del desengaño, que hace tanto daño. Recuperar su historia, aprender de la misma y no seguir creyendo en mesiánicos palabreros, falsos profetas y fanfarrones corruptos. En este país, por hipotecar sueños y esperanzas en esa chusma, se ha probado de todo y no se ha logrado nada en favor del bien común. Más bien, permanece extendido el mal común; eso destaca en un cuarto de siglo sustentado, igual que antes, en la injusta exclusión y la impune violencia. Por ello, debe conocerse y aprender del pasado.

En este 2017 se cumplen 85 años de “la matanza”. En enero de 1932  ensangrentaron el suelo patrio; sus responsables, civiles y militares, fueron “premiados” seis meses después con una amnistía. 45 años atrás se robaron la Presidencia de la República con un descomunal fraude electoral; repitieron la “hazaña” el 20 de febrero de 1977, hace cuatro décadas, y transcurridos veinte días  masacraron el 12 de marzo a Rutilio Grande, Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus, de apenas 16 años. 

No les bastó y en 1980 asesinaron a monseñor Romero, al rector de la Universidad de El Salvador ‒Félix Ulloa‒ y a seis dirigentes del Frente Democrático Revolucionario; cerraron el año violando y matando a cuatro religiosas estadounidenses. Esos crímenes se dieron entre tantos cometidos por las fuerzas gubernamentales y rebeldes, mientras sonaban los tambores de una guerra que arrancó el 10 de enero de 1981; ese año, según el Socorro Jurídico Cristiano las víctimas mortales de la población civil no combatiente sumaron 16,266.

Silenciaron los fusiles, había que hacerlo; pero, ¿también la verdad? ¡No! Esa hay que rescatarla. Ambos bandos tienen culpas y deben responder para que en el país ya no existan “intocables”, porque funcionan las instituciones. Por eso temen, pues tras la verdad sigue la justicia. Si no, ¿cuál paz?