Mambrú se fue a la guerra

Benjamín Cuéllar

Comités gubernamentales de vecinos y armas para que se defiendan; manos duras y súper duras; nuevos delitos y sanciones cada vez más severas, hasta llegar la pena capital; grupos de exterminio y estados de sitio... ¿Qué más? Pues hoy resulta que son seiscientos soldados y cuatrocientos policías los que juntos, en un “súper batallón”, han sido lanzados directo a la confrontación armada. Esas son algunas de las acciones oficiales propuestas, impulsadas o no, en respuesta a las atrocidades de la criminalidad y a los reclamos legítimos de una población del todo descorazonada, sí, pero sobre todo y con toda la razón encachimbada. La gente ya no aguanta; sin embargo sus quejas, hasta la fecha y por más de dos décadas, han caído en el saco roto de un Estado incapaz de frenar la criminalidad que asola allá abajo. ¿Por qué? En buena medida, por no tocar la criminalidad de allá arriba. 

Pese a que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) no les provee del “vital líquido”, quienes habitan las comunidades de El Salvador difícil, ensangrentado y sin consuelo, sobreviven día a día con “el agua hasta el cuello”. Por eso, por la brutalidad de los asesinatos y las desapariciones forzadas, así como el mantenimiento  de otros delitos como las extorsiones y los robos, no son pocas las personas que afirman estar en toda la disposición de llevar hasta el altar del sacrificio sus derechos humanos.

Pero eso es altamente peligroso. ¡Sí! Aunque brinque alguien, así es. ¿Por qué? Hay que comenzar por uno de los fundamentalísimos: el derecho a la seguridad personal y colectiva. Este está siendo irrespetado, violado y hasta pisoteado por las maras y otras formas de crimen organizado. La visión tradicional de la responsabilidad única de los agentes estatales en esta materia, está por demás superada. Los actos realizados por grupos de poder económico, político o de cualquier otro tipo, integrados también por agentes no estatales, pueden influir negativa o positivamente en el goce de los derechos humanos.

Y eso es lo que está ocurriendo, desde hace bastante, en este pequeño país. Por tanto, hay que señalar a esos grupos delincuenciales como autores de graves violaciones a la dignidad de las personas y de las comunidades. Atentan a diario contra su vida, su integridad física y, obviamente, su seguridad. Esos tres, en principio; pero también ese accionar criminal alcanza y hasta sobra para afectar los derechos a la educación y la salud, al trabajo y la libre circulación, a la vida privada y a tener una familia, a la vivienda y a no tener que dejarla para salvarse.

Pero, ojo, lo que hasta ahora han ofrecido como “medicinas” todos los gobiernos de la posguerra han resultado –ciertamente– peores que la “enfermedad”. Antes nunca se pusieron de acuerdo, estuviera el que estuviera en el lado oficial u opositor; también se daba el caso de que lo terminaban haciendo de mala gana y rezongando, hasta que aquella mano de allá del norte les movía la cuna. Hoy, hay que reconocerlo están en sintonía la oposición de ARENA y el Gobierno del FMLN. Hoy, al parecer, se han vuelto el “dúo dinámico” que suena bien afinado; al escucharlo, no hay quien desentone. “Aniquilar sin piedad”, es ahora el título de la marcha; la música fúnebre, pero con acompañamiento allá en el fondo de los tambores de guerra. 

Pero, por favor, si van a concertar algo… ¡que sea para bien! En los actuales relevos desnaturalizados de la indignación que movía la acción social organizada, las enredadas discusiones en la redes sociales, dirán: “Bueno y entonces, ¿qué quieren?”. Eso dirán, las voces más mesuradas. Y seguro agregarán que eso es lo que merece quien ha matado sin piedad: su aniquilamiento. Bueno y entonces, ¿por qué protegen a los coroneles y a los comandantes que ordenaron masacres en el campo y la ciudad, detenciones ilegales y torturas, desapariciones forzadas y familias que aún buscan a sus seres queridos después de tantos años de ocurridas esas atrocidades?

Ambos, los criminales de antes y los criminales de ahora, merecen castigo. Seguro que sí. Pero –citando al querido Lanssiers–  “no podemos defender la vida matando. Y si tenemos que combatir caníbales, eso no nos otorga el derecho a comer carne humana”. Eso es lo que puede pasar en lo que está por venir. Para cazar cien delincuentes ya se desplegaron soldados y policías armados hasta los dientes; más de los primeros que de los segundos, como parte de eso que alguien afirmó ser una “cruzada” nacional. 

A ese centenar de “cabecillas” de las maras ya les avisaron que van a cogerlos. Pero, bien dicen: “Soldado avisado no muere en guerra y si muere es por… descuidado”. Obvia y lamentablemente, no lo harán allá donde bien viven los verdaderos “patrones del mal”, “los capos de capos”. Esos son intocables. Por los que van  “con todo” y “sin piedad” los irán a buscar, es de suponer, en las comunidades del país que se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad. En los sectores urbanos, lo harán en medio de la estrechez de sus pasajes y del hacinamiento en que le toca vivir a su población; una población entre la que abundan niñas y niños, jóvenes y adolescentes, personas de la tercera edad… Todas, potenciales víctimas del “fuego cruzado”, del “tirito que a cualquiera se le va”, del “yo no fui” o “fue un error”…

¿Hay un buen trabajo previo de inteligencia que ampare ese despliegue o van a perseguirlos con una mala foto en mano? ¿Saben a quién capturar y saben, sobre todo los militares, cómo capturarlos haciendo uso menor o mayor –según sea el caso– de la violencia legítima estatal? ¿Será que el país hoy si ya entró en un “callejón sin salida”, en un “viaje sin retorno”? ¿Habrá, finalmente, que volver a cantar “Mambrú se fue a la guerra. Qué dolor, qué dolor, qué pena. No sé cuándo vendrá?”