De los acuerdos, ¿quedan siquiera recuerdos?

Benjamín Cuéllar

Hace veinticinco años, el 27 de abril de 1991, se firmó uno de los documentos producidos por el proceso de negociación entre el FMLN –la entonces guerrilla “idealista” y guerrera– y el Gobierno, dentro del cual se incluía un ejército responsable de la mayor parte de las atrocidades ocurridas, sobre todo de 1970 en adelante. Los militares tenían su macabra historia previa en esas prácticas criminales, al menos desde 1932; también la tenía esa rebeldía insurgente a lo largo de su accionar, que no fue del todo idílico. Pero bueno, en esa mencionada fecha se firmaron los Acuerdos de México que fueron, sin duda, esenciales en la necesaria refundación teórica de un país con graves fallas de origen: excluyente y desigual desde siempre, plagado de inequidad y desbordante de iniquidad por oponerse estructuralmente a la honorabilidad y el bien común; además, rebalsado de impunidad.

Más allá de lo que sea y de lo que fuera, ese día se logró que las partes beligerantes pactaran en la tierra de Villa y Zapata importantes reformas constitucionales que –de haber sido apreciadas en serio– debieron hecho surgir de a poco un “nuevo El Salvador”. ¿En qué hicieron clic ese par de enemigos acérrimos que, aún armados hasta los dientes y con rabia en la comisura de sus labios, estaban frente a frente buscando cómo terminar la confrontación armada para iniciar el camino hacia la paz? Formalmente, en mucho. 

Hace cinco lustros reformaron la Constitución. Le metieron mano al sistema judicial. Pactaron la nueva organización de la Corte Suprema de Justicia, reformaron cómo elegir sus integrantes y fijaron el monto del presupuesto anual para el funcionamiento de todo el aparato. Nació el defensor del pueblo, que no bautizaron así adrede por lo que suponía el mensaje, y estipularon la elección calificada de quienes dirigirían el Ministerio Público. Redefinieron al Consejo Nacional de la Judicatura, crearon de la Escuela Nacional de la Judicatura y regularon el ingreso a la carrera judicial. Importante fue, también, la reforma del sistema electoral.

Asimismo, lo fue la decisión de enfrentar la barbarie que volvió víctimas a tantas personas y comunidades a manos de quienes, ese 27 de abril de 1991, suscribieron los más importantes acuerdos políticos de las negociaciones tendientes a parar la guerra y dirigir el país hacia una real convivencia pacífica. Para esto último, coexistir en tolerancia y concordia, había que investigar los bestiales hechos ocurridos y reparar plenamente los daños causados, empezando por el castigo de sus autores mediante el trabajo de las entidades encargadas de impartir justicia, sin importar el estatus del culpable.

Para eso convinieron instaurar la Comisión de la Verdad, que debía conocer casos emblemáticos entre las innumerables y graves violaciones de derechos humanos ocurridas junto a los tantos crímenes de guerra y delitos contra la humanidad que –durante años– hicieron de esta tierra un infierno para el pueblo salvadoreño. Infierno del cual, penosamente, aún no sale. ¿Por qué? Entre las principales razones, porque quienes firmaron los afamados acuerdos terminaron pasándoselos “por el arco del triunfo”. Del partido ARENA, por supuesto que era de esperarse; pero del FMLN hubo mucha gente que  esperaba coherencia con su pasado y no lo imaginaban aceptando su desnaturalización e, incluso, promoviendo y siendo parte activa de su violación. 

A su dirigencia, entregadas armas libertarias y quimeras rebeldías, le valió poco o nada ese pueblo maltratado por el que dijo luchar y se sumó a su eterno rival en la consolidación de un sistema injusto, por excluyente y desigual. Pasaron del “venceremos” al “venderemos”, sin reparo ni rubor. ¿Demasiado fuerte lo anterior? Para nada, si los hechos lo confirman. 

En México hace veinticinco años, siendo guerrilla, acordaron con su entonces enemigo crear la Policía Nacional Civil para resguardar “la paz, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública, tanto en el ámbito urbano como en el rural, bajo la dirección de autoridades civiles”. Así le quitaron a la Fuerza Armada su injerencia en esos menesteres, para someterla –de forma expresa y sin lugar a dudas– al poder civil. No fue el FMLN quien comenzó a revertir esto; el primer patrullaje conjunto de militares y policías se dio el 16 de julio de 1993. Año y medio exacto tras la firma del Acuerdo de paz de El Salvador, más conocido como el de Chapultepec, ARENA inició ese peligroso “viaje sin retorno”.

No obstante haberse opuesto a todo lo que proponía la derecha, siendo oposición, ahora que la izquierda es Gobierno está haciendo más de lo mismo pero en mayor cantidad y hasta de más baja calidad, quizás. De la “mano dura” pasaron a la “patada el pecho”. Cierto es que la delincuencia y la mortandad ya hace ratos rebasaron los límites de lo tolerable, pero un Estado que se respete no puede saltarse la barda para combatir esos flagelos. Los militares salen fácil de los cuarteles, pero cuesta un mundo regresarlos a los mismos.

Eso y más le criticaron con saña a ARENA; pero hoy, con el poder político en las manos desde hace siete años, parece que ya sacaron a todos los uniformados “verde olivo” y hasta las reservas llamaron, en un desesperado intento por no perder las próximas elecciones. Recuerden que hace veinticinco años en México, señores y señoras “efemelenistas”, le agregaron una “declaración unilateral” al documento que firmaron junto al Gobierno de ARENA. No les parecía que la Fuerza Armada siguiese siendo definida en la Constitución como una “institución permanente”; por ello, dejaron constancia que entre las reformas que quedaban pendiente de hacer a la Carta Magna estaba una clave: la desmilitarización. 

“Militarismo y democracia –afirmó Ignacio Ellacuría, el mártir que evocan “del diente al labio” como al beato Romero– son dos cosas excluyentes. A los militares no los elige el pueblo. Y en estos países, inmemorialmente y hasta el día de hoy, hay un predominio enorme del peso militar sobre la vida civil […] A más larga distancia, para favorecer la democracia en Centroamérica, ¿qué deberíamos hacer? Desmilitarizar la zona. Y, naturalmente, en eso va la ‘desarmamentización’ del área. Fíjense que ventaja tendría para la economía de estos países”. Fin de la cita. Entonces, ¿qué pasó? Contesten. A Ellacuría, acuérdense, lo mataron los militares y nadie los castigó. ¡Viva la impunidad! ¿Y qué? 

Mambrú se fue a la guerra

Benjamín Cuéllar

Comités gubernamentales de vecinos y armas para que se defiendan; manos duras y súper duras; nuevos delitos y sanciones cada vez más severas, hasta llegar la pena capital; grupos de exterminio y estados de sitio... ¿Qué más? Pues hoy resulta que son seiscientos soldados y cuatrocientos policías los que juntos, en un “súper batallón”, han sido lanzados directo a la confrontación armada. Esas son algunas de las acciones oficiales propuestas, impulsadas o no, en respuesta a las atrocidades de la criminalidad y a los reclamos legítimos de una población del todo descorazonada, sí, pero sobre todo y con toda la razón encachimbada. La gente ya no aguanta; sin embargo sus quejas, hasta la fecha y por más de dos décadas, han caído en el saco roto de un Estado incapaz de frenar la criminalidad que asola allá abajo. ¿Por qué? En buena medida, por no tocar la criminalidad de allá arriba. 

Pese a que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) no les provee del “vital líquido”, quienes habitan las comunidades de El Salvador difícil, ensangrentado y sin consuelo, sobreviven día a día con “el agua hasta el cuello”. Por eso, por la brutalidad de los asesinatos y las desapariciones forzadas, así como el mantenimiento  de otros delitos como las extorsiones y los robos, no son pocas las personas que afirman estar en toda la disposición de llevar hasta el altar del sacrificio sus derechos humanos.

Pero eso es altamente peligroso. ¡Sí! Aunque brinque alguien, así es. ¿Por qué? Hay que comenzar por uno de los fundamentalísimos: el derecho a la seguridad personal y colectiva. Este está siendo irrespetado, violado y hasta pisoteado por las maras y otras formas de crimen organizado. La visión tradicional de la responsabilidad única de los agentes estatales en esta materia, está por demás superada. Los actos realizados por grupos de poder económico, político o de cualquier otro tipo, integrados también por agentes no estatales, pueden influir negativa o positivamente en el goce de los derechos humanos.

Y eso es lo que está ocurriendo, desde hace bastante, en este pequeño país. Por tanto, hay que señalar a esos grupos delincuenciales como autores de graves violaciones a la dignidad de las personas y de las comunidades. Atentan a diario contra su vida, su integridad física y, obviamente, su seguridad. Esos tres, en principio; pero también ese accionar criminal alcanza y hasta sobra para afectar los derechos a la educación y la salud, al trabajo y la libre circulación, a la vida privada y a tener una familia, a la vivienda y a no tener que dejarla para salvarse.

Pero, ojo, lo que hasta ahora han ofrecido como “medicinas” todos los gobiernos de la posguerra han resultado –ciertamente– peores que la “enfermedad”. Antes nunca se pusieron de acuerdo, estuviera el que estuviera en el lado oficial u opositor; también se daba el caso de que lo terminaban haciendo de mala gana y rezongando, hasta que aquella mano de allá del norte les movía la cuna. Hoy, hay que reconocerlo están en sintonía la oposición de ARENA y el Gobierno del FMLN. Hoy, al parecer, se han vuelto el “dúo dinámico” que suena bien afinado; al escucharlo, no hay quien desentone. “Aniquilar sin piedad”, es ahora el título de la marcha; la música fúnebre, pero con acompañamiento allá en el fondo de los tambores de guerra. 

Pero, por favor, si van a concertar algo… ¡que sea para bien! En los actuales relevos desnaturalizados de la indignación que movía la acción social organizada, las enredadas discusiones en la redes sociales, dirán: “Bueno y entonces, ¿qué quieren?”. Eso dirán, las voces más mesuradas. Y seguro agregarán que eso es lo que merece quien ha matado sin piedad: su aniquilamiento. Bueno y entonces, ¿por qué protegen a los coroneles y a los comandantes que ordenaron masacres en el campo y la ciudad, detenciones ilegales y torturas, desapariciones forzadas y familias que aún buscan a sus seres queridos después de tantos años de ocurridas esas atrocidades?

Ambos, los criminales de antes y los criminales de ahora, merecen castigo. Seguro que sí. Pero –citando al querido Lanssiers–  “no podemos defender la vida matando. Y si tenemos que combatir caníbales, eso no nos otorga el derecho a comer carne humana”. Eso es lo que puede pasar en lo que está por venir. Para cazar cien delincuentes ya se desplegaron soldados y policías armados hasta los dientes; más de los primeros que de los segundos, como parte de eso que alguien afirmó ser una “cruzada” nacional. 

A ese centenar de “cabecillas” de las maras ya les avisaron que van a cogerlos. Pero, bien dicen: “Soldado avisado no muere en guerra y si muere es por… descuidado”. Obvia y lamentablemente, no lo harán allá donde bien viven los verdaderos “patrones del mal”, “los capos de capos”. Esos son intocables. Por los que van  “con todo” y “sin piedad” los irán a buscar, es de suponer, en las comunidades del país que se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad. En los sectores urbanos, lo harán en medio de la estrechez de sus pasajes y del hacinamiento en que le toca vivir a su población; una población entre la que abundan niñas y niños, jóvenes y adolescentes, personas de la tercera edad… Todas, potenciales víctimas del “fuego cruzado”, del “tirito que a cualquiera se le va”, del “yo no fui” o “fue un error”…

¿Hay un buen trabajo previo de inteligencia que ampare ese despliegue o van a perseguirlos con una mala foto en mano? ¿Saben a quién capturar y saben, sobre todo los militares, cómo capturarlos haciendo uso menor o mayor –según sea el caso– de la violencia legítima estatal? ¿Será que el país hoy si ya entró en un “callejón sin salida”, en un “viaje sin retorno”? ¿Habrá, finalmente, que volver a cantar “Mambrú se fue a la guerra. Qué dolor, qué dolor, qué pena. No sé cuándo vendrá?”

Te pareces tanto a mí...

Benjamín Cuéllar

No hay que perder la capacidad de asombro, cierto, pero la gente cuerda y sensible de este “paisito” ya está a punto de… No solo por la violencia criminal, artera e inadmisible como la que provocó las muertes a balazos de una niña de cuatro meses, de varios policías en una emboscada infame, de un maestro protector del alumnado frente a su hijo mientras abría su escuela y de tantas víctimas diarias que no cesan con nada de lo que –hasta ahora– se ha querido vender como “soluciones”. Si hubiese un “Nobel” para el populismo del todo barato, la estupidez más burda y el cinismo al cien por ciento craso y descarado, se lo pelearían todos los gobiernos de este pequeño pedazo de tierra supremamente malogrado desde siempre.

¿De qué sirvieron los acuerdos que firmaron los eternos enemigos de papel? ¿De qué la impostora “alternancia”? ¡De nada! Así de lapidario. ¿O cambió en algo El Salvador, para bien, después de lo que firmaron ambos en Ginebra y Chapultepec? Si se valora desde la situación de las mayorías populares, no. Esos dos momentos de la historia nacional fueron el principio y el fin de la negociación que culminó con lo que, luego y hasta la fecha, se convertiría en la insufrible “partidocracia” tan actual y dañina para una democracia sin pero alguno y el disfrute real de una paz que alcance para toda la población.

Bueno, en realidad sí lo hubo. Fue un cambio de cancha: el que jugaba en la oposición pasó al Gobierno y el que lo hacía en el Gobierno pasó a la oposición. Eso benefició únicamente a esas élites “politiqueras” dominantes y a sus serviles acólitos, desagradables satélites o tristes adláteres –llámenlos como quieran– bien maiceados con las migajas nada despreciables que desde arriba les avientan unos poderes no solo egoístas, sino también sin vergüenzas y sin cargos de conciencia; sin, siquiera, nudos en sus insaciables gargantas. 

Lo anterior es “verífico”, como dijo alguien, por verídico y verificable. ¿O no? Ahí les va un ejemplo de la melodramática “puesta en escena” cuyo título es, redoble de tambores, “El ejemplar proceso salvadoreño”. Pero antes hay que recordar que la complaciente Organización de las Naciones Unidas sigue necia alabando su criatura. Le acaba de pedir al Gobierno nacional –lo dijo Salvador Sánchez Cerén– colaborar en la realización del “sueño de los colombianos”: la paz. Suerte que Juan Manuel Santos, su homólogo “cafetero”, parece tener los “pies en la tierra” pues además de sostener que querían aprender de la afamada experiencia guanaca –obvio– advirtió que verían “lo que funcionó” y “lo que no funcionó”. Así insinuó, derrochando diplomacia, que no es tan modélico lo ocurrido en el “señorío” cuscatleco.

Dicho lo anterior, hay que mostrar de forma concreta lo que manifiestamente ha sufrido la gente más ninguneada y amolada en este penado país, como resultado de su patético manejo por ese par de partidos casi o del todo “pandilleriles” por estafadores del destino nacional y de sus efímeras esperanzas. El cambio prometido, ya se dijo, fue tan solo de cancha y en beneficio de sus intereses. Sus pleitos son por los votos, no por el bien común. Por lo demás, se llevan bastante bien al punto de estar de acuerdo en no dar el necesario paso –en la Asamblea Legislativa– para que les “cuenten las costillas” en lo que toca a sus oscuros financiamientos.

Consta en los medios que en 1995, ante la urgencia de enfrentar la matanza que seguía y seguía tras la recién inaugurada posguerra, Hugo Barrera –de conocido pedigrí dentro y fuera de su partido ARENA– impulsó una iniciativa que denominó “Juntas de vecinos”. El propósito teórico era la prevención del delito, mediante la colaboración de la ciudadanía con la entonces novata Policía Nacional Civil. Se trataba, textualmente, de crear “organizaciones cívico-sociales formadas por personas naturales de reconocida honradez y responsabilidad, trabajadoras y de buena conducta, de preferencia aquellas que permanecen más tiempo en su residencia”. Se pretendía contar con la participación de la gente para contribuir “a la seguridad y tranquilidad de su familia y la conservación de sus bienes”.

Sin decir “agua va”, la entonces oposición partidista –léase FMLN– se le lanzó al pescuezo gritando “¡Vade retro Satanás!” y negó sus votos parlamentarios para un préstamo que pagaría, en parte, esa pensada oficialista. Humberto Centeno dijo que estaban armando una “red de espionaje” gubernamental. Pero este personaje ya falleció. Quien aún vive y está sentando en la silla presidencial es Sánchez Cerén; en esa época, él sostuvo que su partido veía bien la colaboración ciudadana para combatir la delincuencia, pero lo que estaba haciendo Barrera –afirmó– era “nombrar a dedo a personas” que luego exigirían “armamento para defenderse de la delincuencia y así se van generando mecanismos paraestatales, paramilitares”.

A renglón seguido, el ahora primer mandatario –en su coloquial forma de hablar– sostuvo que dichas juntas eran “un mecanismo que puede restablecer los mecanismos del pasado, cuando las juntas de vecinos se convirtieron en escuadrones de la muerte, tales como la Organización Democrática Nacionalista (ORDEN)”. Eso dijo hace dos décadas. Pero como “todo cambia”… Hoy su vocero oficial y exageradamente oficioso, Eugenio Chicas, anunció que impulsarán “comités ciudadanos” a los que… ¡les darán armas! Lo harán, alegó, para combatir a los delincuentes en las comunidades. Estas “genialidades” las notificaron tras la audiencia en la capital estadounidense con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el pasado lunes 4 de abril; si las hubieran “destapado” antes, este Gobierno habría sido cuestionad con todo y sin piedad por sus integrantes. 

 Chicas habló de “cercos sanitarios” en cien municipios que las estructuras criminales aún no han “contaminado”. Si no están “contaminados” por la peste de la violencia, ¿quién asegura que la “medicina” –que antes demonizó su partido– no será peor que la enfermedad? Como dijo Juan Gabriel, “inocente pobre amigo”. De tan popular y añeja rola, ARENA puede usar el verso inicial para dedicárselo a su “alma gemela”: “Te pareces tanto a mí, que no puedes engañarme”. Marrulleros, pisteros y electoreros fueron y siguen siendo ambos.

Por eso, el hoy dizque partido “opositor” debería andar feliz y orondo, presumiendo de algo que hasta el más “frentudo” tendría que darse cuenta y entender: que sus políticas militaristas y de “manos duras”, “súper duras” y “puños de hierro”, antes criticadas y del todo fracasadas en materia de seguridad, son ahora las abrazadas y besuqueadas por una izquierda degradada y lastimera. Mientras tanto, el dolor humano y el decaimiento político de la gente crecen y crecen hasta el punto del hartazgo frente a su situación.

En línea recta: del uno al cuatro de abril

Benjamín Cuéllar

07 de abril de 2016

Hace cuarenta y seis años, el primer día del cuarto mes de 1970, Salvador Cayetano Carpio –el legendario “Marcial”– junto a un reducido grupo de personas dispuestas a impulsar la lucha armada en El Salvador, se juntaron en lo que después se conoció como el “núcleo inicial” de las Fuerzas Populares de Liberación. Así nacieron las FPL o las “efe”, como fueron más conocidas; pero fueron mucho más reconocidas, dentro y fuera del país, por su desarrollo político y militar. Venían de una larga lucha ideológica en el seno de un Partido Comunista Salvadoreño aletargado, la cual culminó con la salida de su secretario general –el mencionado “Marcial”– y una parte de su militancia.

En sus primeros documentos, se encuentran sus certeras críticas a las “organizaciones tradicionales”. Destacan la pérdida del “espíritu de sacrificio revolucionario” y el acomodamiento de muchos de sus miembros a una “vida fácil”, así como “las concepciones derechistas y oportunistas, economistas y reformistas”, que hacían “estragos en la mentalidad y en las acciones de tales organizaciones” al adoptar “posiciones cada vez más oportunistas”. En sentido contrario, las FPL debían contar con integrantes de “alta calidad revolucionaria”; ello conllevaba, entre otros requisitos, “un profundo amor al pueblo” y “honestidad en su vida privada”.

Tanto en el tiempo como en su nivel de respeto, qué lejos están hoy estos últimos valores y compromisos para algunos. Si antes los enarbolaron y lucharon por los mismos, ahora distan mucho de ser la guía de su práctica cotidiana. En estos días es más evidente; pero desde que entregaron armas e ideales, la coherencia es cosa del pasado. Lo primero, la entrega de armas, era parte esencial de los acuerdos para parar la guerra. Lo segundo, la de los ideales, no; pero fue la decisión fundamental para que viniera el cambio prometido. Cambio pero  solo en sus vidas, tanto en lo político como en lo económico y social. Para el resto, siguió vigente el “para vos nuay” de Roque y Salarrué.

                                                                                                                           

Y con esa renuncia al amor profundo por el pueblo y a una vida honesta, no solo privada sino también pública, traicionaron todo. Todo, empezando por su palabra empeñada en el texto del Acuerdo de Ginebra firmado hace veintiséis años. Fue el 4 de abril de 1990 cuando ofrecieron el camino hacia la paz cierta y perdurable. Era la línea recta hacia la construcción de un nuevo El Salvador, cimentado en el respeto irrestricto de los derechos humanos y la democratización del país; sueños realizables, a partir de algo elemental: la unidad nacional.

Pero no. Silenciados sus fusiles y archivadas sus quimeras, encontraron su álter ego en el campo electorero; convirtieron a su antípoda en alma gemela, dedicándose con iguales mañas a pelearle y restarle votos al enemigo que combatieron a balazos cuando lo acusaban de imponer, mantener y extender el mal común. Surgen entonces las irremediables interrogantes: con los “héroes” de la insurgencia rural y urbana que tras la guerra ya fueron oposición y ahora están instalados en Casa Presidencial, ¿se ha avanzado sustancialmente en el imperio y el disfrute del bien común? ¿Qué pasó con esa paz, que “siempre noble soñó El Salvador”? ¿Se logró siquiera la tan ansiada y urgente seguridad ciudadana? ¡Para nada!       

Que no quepa duda. Hoy por hoy “hay frente frío y mal tiempo” en el país, ha dicho alguien honda y honradamente enamorado de ese pueblo que al beato Romero le facilitó ser buen pastor. “Se ha dañado moral y éticamente a la izquierda –afirma– y al movimiento social democrático, progresista”. En ese mismo tono, hay que decirlo claro: señoras y señores de una “izquierda” hoy impresentable, “light” le dicen, dejen de seguir mancillando la historia.

Con su actuar ofenden a “Polín” Serrano y a “Juancito” Chacón, enormes dirigentes del Bloque Popular Revolucionario; a “Memo” Rivas y a “Neto” Barrera, organizadores de la clase obrera; al liderazgo campesino de Númas Escobar y “Chanito” Meléndez; al intachable trabajo en los tugurios de Óscar López y de la preciosidad de adolescente que era María Elena Salinas, cuando la masacraron aquel 25 de abril de 1979. No dañen, por favor, el supremo encanto de la “Ticha” –la enorme Patricia Puertas– tan revolucionaria por ser honesta, coherente y –en consecuencia– modelo impecable de rectitud y valentía. No como ahora.

Tampoco hablen mal de la linda y querida “Tulita” Alvarenga. No lograron ni  lograrán, por más que se esfuercen, enlodar la imagen de la compañera de “Marcial”. La “tía”, en su precariedades de años y actuales, no renuncia a su amor por el pueblo; sigue y seguirá siendo congruente como pocas, digna e incorruptible a pesar de su limitación de recursos materiales. No transige. Es de las revolucionarias de verdad. 

Señores patrones hoy en el poder: no sigan sumándose a su rival en la joda del país. No sigan siendo estorbo para los cambios serios, por ser profundos. Ni la izquierda ni el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN histórico, les pertenece. Dejen de obstaculizar la organización popular, ya paren de ofender la memoria de quienes sí fueron consecuentes hasta la muerte. No sigan siendo piedra en el zapato.

Hoy no queda más que salvar la integridad de un bien político que costó tantas vidas: la lucha social. Hay que ejercer el derecho del pueblo a buscar el bien común, rescatando su honesta militancia; hay que moverle el piso a las juventudes limpiamente rebeldes, llamadas a irrumpir en pos de su protagonismo transformador. Son ese pueblo y sus juventudes, titulares en la alineación para enfrentar y ganarle la partida a quienes fingen representar sus intereses. Hoy por hoy, esta última es una titularidad falsa y fraudulenta, espuria e inmerecida. Por eso, hay que mandarla a la banca o sacarla del estadio.

PD: En Guatemala, la reciente caída del Gobierno “Ottomano” inició siguiéndole “la línea” a su vice…  En El Salvador, para cambiar de verdad, hay que comenzar a delinear y escudriñar en serio “el caminito” de la gran corrupción y la alta impunidad.

Se verán cosas

Benjamín Cuéllar

31 de marzo de 2016

 

En visita oficial, el presidente estadounidense estuvo en Cuba. Luego, Barack Obama agarró su avión y se fue a bailar tango en la capital argentina. En La Habana, con Raúl Castro presente, dijo que había “hecho un llamado al Congreso para levantar el embargo. Es una carga anticuada que lleva a cuestas el pueblo cubano. Es una carga para el pueblo estadounidense que quiere trabajar y hacer negocios o invertir en Cuba”. En Buenos Aires, ofreció desclasificar archivos militares y de inteligencia, en la víspera del cuarenta aniversario del cuartelazo encabezado por Jorge Videla y teniendo a la par a su colega Mauricio Macri, quien agradeció el gesto afirmando que el pueblo argentino tiene “derecho a saber la verdad de lo que pasó”.

 

¿Quién iba a pensar que eso ocurriera? A casi seis décadas de choque feroz y continuo entre la Casa Blanca y el régimen de los hermanos Castro, las desavenencias empezaron a disiparse y todo apunta a que la vieja consigna “Yanquis, ¡go home!”, dará paso a un afectuoso “Yanquis, welcome”.  ¿Quién iba a imaginar a Macri, el acusado de neoliberal enemigo de “los derechos humanos y las instituciones democráticas”, aplaudiendo la revelación de otras atrocidades de un gobierno militar que –según se afirma– favoreció los negocios de su familia?

 

Será posible, entonces, pensar que algún día en El Salvador las cosas cambiarán. Si Obama y Raúl se dieron la mano en serio, ¿por qué no lo hacen acá quienes mandan los dos partidos que han manejado la cosa pública durante casi veintisiete años? ¿Por qué no cumplen lo que nunca cumplieron del documento que firmaron en Ginebra, el 4 de abril de 1990? Al cumplirse un año más de ese importante hecho político, lograr el primer acuerdo en el trayecto de lo que se pensó sería un proceso exitoso de paz, nunca se han unido en serio para enfrentar los entonces grandes retos nacionales hoy convertidos en amarguras ciertas y cotidianas para las mayorías populares.

 

La unidad de la sociedad –“reunificación” decía el papel– era el último componente de dicho proceso. Terminar la guerra entre Gobierno y guerrilla era el primero. Pero esa deposición de armas fue, más bien, la primera de entre sus “treguas hipócritas” –como decía aquel– para luego continuar en la lucha interminable dentro del campo de batalla electoral. Los otros dos ingredientes de la receta teórica acordada en Ginebra para sanar a El Salvador, eran impulsar su democratización y respetar de forma irrestricta los derechos humanos de sus habitantes. Pero el papel, dice la gente, aguanta con todo… Tan es así, que hasta en el baño hay…

 

Acá ni esos aparatos partidistas son democráticos, mucho menos el país; acá los derechos de las mayorías populares se violan por la exclusión y la desigualdad, por la inseguridad y la violencia criminal. No solo, pero sí principalmente. También, por la impunidad entronizada para favorecer a quienes desde el conflicto armado –llámense de izquierda o de derecha– mataron, robaron y estafaron la ilusión popular de vivir en paz. Mientras Obama abre sus archivos del terror a las víctimas allá en el Cono Sur, acá niegan que existan registros para no dejar siquiera que se asome la verdad.

 

Pero pese a las resistencias, se verán y sabrán cosas. Por ejemplo, los documentos desclasificados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto argentino. El cable 202 de fecha 22 de julio de 1982, del embajador Víctor José Bianculli informaba que José Guillermo García –entonces general y ministro de Defensa salvadoreño– reconoció que la Fuerza Armada de Honduras asesinó a 320 “terroristas” en su territorio, impidiendo su llegada a campos de refugiados. En el cable 208 del 28 de julio del mismo año, comunicó que tropas catrachas ocuparon tierra salvadoreña en disputa limítrofe –los famosos “bolsones”– con conocimiento del Gobierno guanaco. El resultado publicitado: con tres mil militares y artillería pesada, fueron “cuantiosas bajas” insurgentes según su colega hondureño. La mayoría de esas víctimas, obvio, era población civil no combatiente.

 

García regresó al país a inicios de este año, deportado de Estados Unidos de América. Responsable vital de esas oscuras negociaciones con Honduras y de sus sangrientas consecuencias, acá no tiene problemas con la justicia. Bueno, en realidad es la justicia la que tiene problemas para hacer lo debido con él. Las manos de las instituciones están bien sujetas con las cadenas de la impunidad, defensora de criminales. Hace unos días, un periodista del Diario El Mundo, me preguntó cuál era la causa del aumento imparable de violencia en el país. Le respondí citando a Gloria Giralt de Gracía Prieto: “El que mata y queda impune, vuelve a matar”.

 

Luego expresé: “Las dijo tras descubrir un país que no conocía −El Salvador real, no el de “arriba y afuera”− tras el asesinato alevoso y a plena luz del día de su hijo Ramón Mauricio, el 10 de junio de 1994. En su búsqueda de justicia, se enfrentó a un aparato estatal protector de quienes le arrebataron a su ser querido a balazos y –sobre todo– de quienes ordenaron esa ejecución. La impunidad es la principal causa. Pero esta es producto y parte de unas políticas públicas que a lo largo de la posguerra no han sido integrales, porque no han sido pensadas y diseñadas pensando en la población víctima directa o potencial; se han pensado y diseñado pensando en los intereses partidistas electoreros”.

 

“La impunidad es la principal causa de la violencia”, tituló El Mundo dicha entrevista. El mismo día de su publicación, Ernesto Muyshondt –diputado del partido ARENA que recién apareció en un video reunido con maras– mandó un tuit citando ese titular y colocando el enlace para leer el texto completo en la edición electrónica de dicho rotativo. No digo, pues… ¡Se verán cosas! Más, en la medida que se acerquen –más y más– las decadentes elecciones para escoger entre esos dos desarreglos nacionales.