¿Les llegó su hora a las víctimas?

Benjamín Cuéllar 

7 de enero 2016

Sumando esfuerzos entre la representación fiscal y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, al menos en el asesinato de Adriano Vilanova durante la segunda mitad de la década de 1990, fue posible conocer al recién nombrado “cabeza” de la Fiscalía General de la República (FGR). En el boletín “Proceso” del 18 de octubre de 1998 ‒días después de la condena de los policías que ejecutaron a ese joven estudiante‒ el IDHUCA reconoció el “importante papel desempeñado por los agentes de la FGR, tanto el de los dos fiscales específicos designados para el caso como el del fiscal adscrito al tribunal”. A renglón seguido, señaló: “No obstante los escollos que debieron superar en las diferentes etapas de este largo proceso, estos tres funcionarios salieron adelante y ‒con ello‒ demostraron que, cuando existe voluntad y cuentan con apoyo para realizar su labor, las instituciones oficiales pueden contribuir a alcanzar justicia y generar confianza entre la población”.   

 ¿Apoyo? Los fiscales del caso lo tuvieron en serio y efectivo, sin alardes ni poses mediáticas como otros, de parte del “fiscalón” de la época: el ya difunto Manuel Córdova Castellanos, también víctima de la violencia guanaca posbélica. Uno de sus representantes en el citado caso Vilanova fue el recién nombrado Fiscal General: Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz. Fuera de lo antes dicho, muestra del litigio estratégico conjunto y exitoso entre el IDHUCA de aquella época y el Ministerio Público, en este momento no cabe hablar más del pasado de Meléndez Ruiz. Ni para bien ni para mal. Mejor referirse a lo más notorio de lo que ya hizo en las pocas horas ejerciendo el cargo y de lo que ahora le toca enfrentar en adelante, hasta que el futuro lo alcance.

Ya nombró a su adjunto. Qué bien, por dos razones. Quitó al asistente de quien a regañadientes desocupó la silla, el “pintoresco” Luis Martínez, y quien calculó bastante mal al pretender dejar a su predecesor calentándosela mientras ‒según él‒ lo reelegían. Casi “le pega al gordo”, pero los “casi” nunca existen. No son parte de la historia; lo son solo de las anécdotas. La otra razón para aplaudirle es que colocó en ese puesto a Aquiles Roberto Parada Vizcarra, también instalado en la memoria histórica del IDHUCA cuando en mancuerna con la representación fiscal se empujó el proceso por el asesinato de Ramón Mauricio García Prieto Giralt. Un colega suyo sintetiza así el perfil de Parada Vizcarra: “Buen compañero, muy gente, técnico”. 

Meléndez Ruiz ha dicho que trabajará con la Biblia en una mano y con la Constitución en la otra. Mejor que suelte el libro sagrado, que siempre ahí estará, para mantener bien apretado el texto constitucional y agarrar con firmeza otros más: la legislación penal y la procesal penal junto a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Pero sus primeros pasos, no han sido malos. Sin mayor demora, pues conoce bien la institución tras haber sido parte de la misma durante dieciséis años y comenzando desde abajo, ahora tiene ante sí grandes e importantes desafíos entre los cuales destaca ‒en primer lugar‒ el impulso de una necesaria y urgente depuración, así como la asignación de jefaturas y otros cargos de importancia a quienes tengan los méritos profesionales, personales y éticos para ejercerlos. Asimismo, deberá impulsar una reforma integral institucional y legal de la Fiscalía.

Debe, además, fortalecer las capacidades instaladas ‒tanto humanas como materiales‒ para elevar en cantidad y calidad la investigación científica del delito, en aras de perseguir y someter judicialmente ‒con la suficiente garantía de éxito‒ a quienes sean responsables de hechos violentos; sobre todo en aquellos que afectan a la niñez, la adolescencia y las mujeres. Su gestión tendrá que ser impulsada con independencia de intereses económicos, partidistas o de cualquier otro tipo que no sean los del Estado y de la sociedad.

Para el nuevo “fiscalón” también es un reto particularmente importante, luego de la experiencia con Luis Martínez al frente de la institución, transparentar en lo que cabe sus decisiones y procedimientos. Hay que volver creíble una institución que en este momento, según la encuesta presentada por la UCA en estos días, anda “por los suelos” al hablar de la confianza que genera entre la gente. Suerte tiene la Fiscalía que existan la Asamblea Legislativa y los partidos políticos; si no estuvieran este par, la institución del Ministerio Pública sería la entidad menos confiable en el país.

Lamentable realidad, sí, pero cierta e innegable. Esa es la percepción generalizada. Pero es mayor o del todo plena, la desconfianza de las víctimas que han acudido a la Fiscalía demandando verdad y justicia sin obtenerla. Para revertir tan deplorable estado de cosas, el fiscal Meléndez Ruiz deberá liderar una administración no solo independiente sino también valiente, atrapando y logrando condenas de “peces gordos” ‒no solo de “chimbolos”‒ en los tres charcos del crimen organizado. El de las maras y los traficantes de algo ‒drogas, armas, vehículos, personas y demás‒ es uno. También está el de la corrupción, donde haya tanto por pescar. 

Finalmente está el charco del crimen organizado, constituido por quienes teniendo el control del aparato estatal fueron cerebro y mando en la realización de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad, antes y durante el conflicto armado. Del nuevo Fiscal General depende que no siga el juicio allá en España, contra el grupo de militares con órdenes internacionales de captura por su responsabilidad en la masacre ocurrida en la UCA, hace veintiséis años. Si el fiscal Meléndez Ruiz los investiga acá y presenta el caso dentro del sistema nacional, quizás no habrá necesidad de extraditarlos. ¿Lo hará? En Guatemala, para no ir muy lejos, lo han hecho y lo siguen haciendo. ¿Por qué acá no? ¿Les estará llegando su hora, la de la justicia, a las víctimas de esta y otras tantas atrocidades? ¡Ojalá!