ÉTICA PÚBLICA Y POLICÍA

Benjamín Cuéllar 

9 de julio de 2015

En la Academia Nacional de Seguridad Pública se realizó hace unos días el foro denominado “Ética y función policial”, en el marco del curso de ascenso a inspector jefe. Contó con la presencia de más de ochenta policías, mujeres y hombres, que aspiran escalar en la estructura ejecutiva de la Policía Nacional Civil: la sacrificada PNC que ahora atraviesa por uno de sus peores trances en lo que va de su historia, la cual superó ya las dos décadas. Uno de los disertantes fue José María Tojeira, ex rector de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA), quien inició su intervención con una muy sencilla pero muy clara definición de ética. Es la reflexión  “sobre lo bueno que ha de tener en cuenta el ser humano, por ser humano”; es, remató, “hacer el bien”.

Augusto Mijares, el más importante biógrafo de Simón Bolívar, lo plantea desde otra perspectiva. “La humanidad –sostiene– ha dado siempre el carácter de heroísmo, no al combatir vulgar, sino a una íntima condición ética que pone al hombre por encima de sus semejantes: héroe es el que se resiste cuando los otros ceden; el que cree cuando los otros vacilan; el que se conserva fiel a sí mismo cuando los otros se prostituyen. El que se subleva contra la rutina y el conformismo en que se complacen los cobardes”. Esa “mínima condición ética” mueve a hacer el bien, ante unos poderes que ordinariamente hacen el mal.

Estas dos formulaciones hay que situarlas en un escenario nacional como el actual, donde las personas que por Constitución y por ley secundaria deben garantizarle a toda la población en todo el país la paz, la tranquilidad, el orden y la seguridad –respetando de manera rigurosa los derechos humanos– en la realidad son protagonistas de una guerra no declarada. No disfrutan ni de la escasa o nula tranquilidad negada también a las mayorías populares, ni de la seguridad que se le escamotea a las mismas.

Para tal fin, primero hay que repasar las generalidades cardinales de la ética pública. Esa que, basada en principios y valores ambicionados, debe ser utilizada para cuadricular la conducta de las personas que participan activamente en la administración del Estado desempeñando una función específica arriba, en medio o abajo. No se escapa o no debería escaparse nadie de ese “ojo visor” ni de las consecuencias, buenas o malas, derivadas de su desempeño.

Pero hay que aterrizar, enlistando los usos prácticos y beneficiosos de lo anterior. La ética pública permite que funcionarios y funcionarias tengan nociones necesarias y criterios básicos, para determinar cuál debe ser –ante una situación concreta– el proceder correcto frente a los distintos caminos que se les presentan de cara a los intereses de la comunidad a la que sirve. Para ello, es importante saber quiénes integran y quiénes dirigen la burocracia entendida desde una de sus definiciones: “Conjunto de los servidores públicos”. Hay otra, también incluida en el diccionario, que define a la burocracia así: “Administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y las formalidades superfluas”.

Acá se está hablando de la primera, no de la segunda que es la expresión de la misma que más ofende. Pero de una buena burocracia que no sirva a los poderes –el partidista, el económico, el mediático, el militar, el fáctico u otros– y que además –por ser profesional y responsable, solidaria y eficiente, decente e impersonal– no sea removida cada cambio de partido en el control de la cosa pública. Esa es la garantía de un servicio de calidad para la gente. Si por el contrario la burocracia es fatal, porque su cuerpo y su cabeza no reúnen esas características, los resultados también serán fatales.

Cabe entonces preguntarse cómo está El Salvador de hoy en esta materia después de una guerra, unos acuerdos que la pararon y unos compromisos puntuales cuyo cabal cumplimiento buscaba transformarlo para bien. ¿Quiénes han conducido el país durante más de dos décadas a partir de entonces desde los tres órganos de Gobierno –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– y desde el Ministerio Público compuesto la Procuraduría General de la República, Fiscalía General de la República y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos? ¿Fueron y son las personas más idóneas por su conocimiento, experiencia y capacidad? ¿Las más comprometidas con el respeto de la Constitución y la justicia? ¿Las más probas, honestas y transparentes? 

Ante esas interrogantes, más que responderlas explìctimanete, mejor dejarse vencer por la tentación de citar al entrañable Luis Eduardo Aute para invitar a contestarlas. “Míralos como reptiles al acecho de la presa –cantó en este campus, en el concierto de cierre del Festival Verdad el 2013– negociando en cada mesa maquillajes de ocasión. Siguen todos los raíles que conduzcan a la cumbre, locos por que nos deslumbre su parásita ambición. Antes iban de profetas y ahora el éxito es su meta; mercaderes, traficantes, más que náusea dan tristeza, no rozaron ni un instante la belleza... Y me hablaron de futuros fraternales, solidarios, donde todo lo falsario acabaría en el pilón. Y ahora que se cae el muro ya no somos tan iguales, tanto vendes, tanto vales… ¡Viva la revolución!”

Teniendo como soporte los dos valores esenciales de la ética pública –lo bueno y lo justo–  y para aterrizar aún más, hay que considerar las zozobras de una PNC asediada directa y fatalmente por la violencia delincuencial, criticada por una buena parte de la población a la cual –por “a” o “b” razón– ya no le inspira confianza y, para colmo, achicada o encachimbada por todo lo que está padeciendo dentro y fuera de la institución. Y ahora resulta que, en ese terrible tablado, la cabeza burócrata del Ejecutivo le entregará o ya le entregó a su “nivel básico” un bono único de seiscientos dólares. ¿Qué hará con eso la Policía de “a pie” que vive en colonias donde no le toca más que “dormir con el enemigo”? ¿Amurallar y enrejar sus humildes viviendas? ¿Y si la “cacería” ocurre antes de llegar a las mismas en el transporte público inseguro a todo nivel o, al bajarse del mismo, camino a su casa?

Ética pública, ¿dónde estás? ¿Por qué no, pensando en el bien común y no en los réditos partidistas electorales, la burocracia del más alto nivel actual no pone al servicio de la población angustiada una PNC libre –en lo posible– de los riesgos de vivir donde viven muchos de sus miembros en la actualidad? ¿Por qué no, en lugar de desperdiciar millones de recursos que dicen no tener entregándoselos a una Fuerza Armada ineficaz en materia de seguridad ciudadana, mejor invierten en construir una “Ciudad Policía”?  Solo una PNC cuyo personal –todo y no solo el de arriba– se sienta y esté realmente seguro, será capaz de garantizarles seguridad y tranquilidad a las mayorías populares de este sufrido país. 

“El mediocre –escribió alguien– ignora el justo medio, nunca hace un juicio sobre sí, desconoce la autocrítica, está condenado a permanecer en su módico refugio. El mediocre rechaza el diálogo, no se atreve a confrontar con el que piensa distinto. Es fundamentalmente inseguro y busca excusas que siempre se apoyan en la descalificación del otro. Se comunica mediante el monólogo y el aplauso. Esta actitud lo encierra en la convicción de que él posee la verdad, la luz, y su adversario el error, la oscuridad. Los que piensan y actúan así integran una comunidad enferma y, más grave aún, la dirigen o pretenden hacerlo. El mediocre no logra liberarse de sus resentimientos, viejísimo problema que siempre desnaturaliza a la justicia. Se siente libre de culpa y serena su conciencia si disposiciones legales lo liberan de las sanciones por las faltas que cometió. La impunidad lo tranquiliza”.

Y sigue: “Siempre hay mediocres, son perennes. Lo que varía es su prestigio y su influencia. Cuando se reemplaza lo cualitativo por lo conveniente, el rebelde es igual al lacayo porque los valores se acomodan a las circunstancias. Hay más presencias personales que proyectos. La declinación de la ‘educación’ y su confusión con ‘enseñanza’ permiten una sociedad sin ideales y sin cultura, lo que facilita la existencia de políticos ignorantes y rapaces”. ¿Quién y cuándo escribió esto tan legítimo y vigente? José Ingenieros, en 1913. ¿Le sirve este texto al país para darse cuenta de su problema y para reaccionar con indignación y acción? ¡Ojalá!