Benjamín Cuéllar
Escrito el 06 de junio de 2015
Guatemala está en pie de lucha. Más bien, la
gente decente en Guatemala está luchando de pie y contra la pared,
acorralado y sin saber qué hacer, a un presidente espurio por su pasado y su
presente. Su Gobierno ya se cayó en pedazos y del mismo solo queda él, agarrado
al puesto con uñas y dientes. Quién sabe si finalice su mandato en enero del 2016;
todo apunta a que no lo logrará. Pero eso no es obra de la casualidad; es, por
el contrario, fruto de la causalidad. No es casual que esté pasando; hay causas
que han producido tal efecto y esa dinámica social debería ser motivo de
alegría, esperanza y puesta en acción entre los pueblos vecinos dentro del tan
sangrante y doliente territorio mesoamericano.
A la distancia, pero desde una perspectiva de
la historia chapina a partir de la década de 1980 y hasta la actualidad, entre
esas causas se pueden considerar al menos dos: lo que fue la Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca –la desaparecida URNG– y lo que es la Comisión internacional contra la impunidad
en Guatemala, la importante y vigente CICIG.
Cabe preguntar el porqué de ello, para responder
con el debido respeto y el aventurado atrevimiento de opinar sobre lo que uno
no conoce de primera mano. Pero, desde mi modesta opinión, se debe considerar
que la agrupación guerrillera de ese país nunca llegó a tener el poder militar
y político interno que tuvo su equivalente en El Salvador: el Frente Farabundo
Martí para la Liberación Nacional. Quizás sí tuvo mayor desarrollo e impacto diplomáticos
pero, a final de cuentas, dentro de Guatemala la URNG no desplazó ni postergó
el rol protagónico del movimiento social en la lucha por hacer valer sus
derechos.
De ahí que, después del conflicto chapín, las
demandas sociales no solo las discuten otros en un Congreso donde no hay
fracción parlamentaria de la exguerrilla, sino que la gente las pelea en las
calles. Por eso, lo que ahora está ocurriendo allá no es nuevo aunque sí de una
mayor dimensión cuantitativa y cualitativa.
La segunda causa es, a mi modo de ver, el
trabajo de la CICIG. Para explicar porqué esta entidad foránea ha sido un
factor determinante en el desencadenamiento de la actual coyuntura
guatemalteca, es válido recordar lo que siempre he sostenido: que los males que
aturden la vida diaria de las mayorías populares en el “triángulo norte”
centroamericano, tienen a la base una impunidad arraigada. Además, siempre he dicho
que para enfrentarla con la seria intención de erradicarla y no solo para hacer
la pantomima –sobre todo en campaña electoral– se requiere contar con recursos
y capacidades que se tienen o si no se consiguen; además, con voluntad que –aunque
no sea cierto– funcionarios y políticos de la diestra y la siniestra siempre
declaran. Pero lo que no se puede conseguir si no se tiene ni declarar
falsamente, porque los hechos hablan por sí mismos, es la valentía para tocar
lo intocable.
Esta última se tiene o no se tiene. No hay vuelta de hoja. Y si no la tienen las “autoridades” estatales que deberían tenerla y si –por el contrario– dichas “autoridades” son parte de lo que se debe enfrentar a la hora de combatir frontalmente la impunidad, es la indignación de la gente la que debe estallar para pasar a la acción creativa y sin cuartel. Así las cosas, teniendo en el hermano país una ciudadanía más activa en la defensa de sus derechos, quizás no del todo organizada pero tampoco del todo “oegenizada”, eso que está ocurriendo no es raro. Lo que llama la atención, despierta admiración y debería generar inspiración, es su tamaño.
Y no cabe duda, al menos a mí, que la CICIG
es en buena medida responsable de eso que está pasando. Más allá de las
críticas que se le puedan y deban hacer a su labor, nada es perfecto solo los
perfectos idiotas, la CICIG desnudó la bestial corrupción del actual Gobierno
chapín y con ello provocó la indignación social que, por el descaro de los
hechos y el hartazgo de la gente ante los mismos, desembocó en un
multitudinario movimiento social lleno de imaginación que –traducido en una
acción sostenida– tiene con un pie en la tumba política y el otro en una
cáscara de plátano, a un violador de derechos humanos convertido en presidente
de la República más que por los caprichos del destino, por el dinero de sus
padrinos. La CICIG era necesaria para ello y para hacer valer el himno
guatemalteco cuando le canta a la patria que sus “hijos valientes y altivos,
que veneran la paz cual presea, nunca
esquivan la ruda pelea si
defienden su tierra y su hogar”. Eso es lo que está pasando.
Vista esa experiencia, acá en El Salvador
parece que estamos a años luz de la misma. Mucha es la gente, aún, que sigue
hipotecando sus esperanzas de cambio en “el partido” y no se decide a asumir el
papel que le corresponde. Van veintitrés años del fin de la guerra entre los
que ahora se agarran de los pelos en la Asamblea Legislativa y luego, al salir
del “salón azul”, solo son risas en sus pasillos o brindis en las recepciones.
Veintitrés años y el pueblo salvadoreño no sale de la cárcava en que permanece,
por sus graves y cotidianos agobios que son –fundamentalmente– la delincuencia,
la inseguridad y la violencia junto a la falta de oportunidades para su decente
y digno desarrollo humano individual y colectivo. Agobios históricos y
crecientes, sobre todo por una principal razón: la impunidad.
El
secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, luego de su
visita a esta tierra el 16 de enero del presente año en el marco de otros
aniversario del “adiós a las armas”, escribió
lo siguiente: “Los artículos de prensa acerca del acto de conmemoración del
aniversario compitieron con titulares sobre el número de asesinatos registrados
en El Salvador, que había llegado a veintidós víctimas en un solo día. Eso
equivaldría a 1,050 homicidios en los Estados Unidos en tan solo 24 horas. Lamentablemente,
para algunos países de Centroamérica, esta es su realidad cotidiana. Los países
de la región, especialmente del Triángulo Norte […] están sometidos a la
amenaza de la violencia armada impuesta por la delincuencia organizada
transnacional, las pandillas y el tráfico de drogas [...] Hoy en día, la región
registra los índices de homicidios más altos del mundo. Desde el final de la
guerra civil han muerto casi tantos salvadoreños como los que perdieron la vida
durante el conflicto”.
Si eso es
así, mi estimado don Ban, ¿por qué solo en Guatemala ha instalado la ONU un
equipo profesional capaz de lograr resultados al combatir la impunidad? ¿Por
qué, si el otro par está igual o peor? No le caería mal, tanto a Honduras como
a El Salvador, hacer extensiva una iniciativa similar para descobijar también
en ambos países la corrupción rampante.
Hoy hay
indignación mediática por el número de asesores y los sueldos que cobran en la
Asamblea Legislativa guanaca. Pero eso es solo una “pringuita” en el mar de
pudrición donde chapalean quienes, al cometer delitos no reciben el debido
castigo. Tan fácil sería resolver eso si por reglamento o ley se estableciera
un par de asesores, no solo letrados sino especialistas en la materia, para
apoyar el trabajo de las distintas comisiones parlamentarias. Se gastaría menos
dinero en salarios y se ganaría más en calidad de resultados. Si eso indigna,
imaginemos qué pasaría si se destapara del todo la cloaca y se metieran a la
cárcel unos cuantos “peces gordos”
Para finalizar, se me olvidaba algo
importante de lo que está ocurriendo en Guatemala: hay nuevos liderazgos.
Mientras la Menchú anda cobrando caro por hacer el ridículo político en México,
las protestas en su país las encabeza una juventud que sabe lo que quiere y
lucha por ello sin venderse al mejor postor. Es necesario en El Salvador, pues,
que nos olvidemos del “pueden” y volvamos al “podemos” de la década de 1970, que
la cooperación internacional contribuya en serio a combatir y superar la impunidad,
y que surjan nuevos protagonismos políticos, frescos y llenos de imaginación.
Solo así tendrá sustento entonar la primera estrofa del coro del himno
nacional.
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