Ultraje continuado

Benjamín Cuéllar 

Este sábado 10 de diciembre se celebró el 68 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), cuyo preámbulo considera que “el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad […]”; también que la “aspiración más elevada” de la persona es “el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias”. ¡Perfecto!

Pero hoy, martes 13 de diciembre, se conmemoraron 35 años del fin de una de las tantas expresiones de ese salvajismo condenado hace casi siete décadas. Se trata de la masacre más terrible ocurrida en la región durante la segunda mitad del siglo XX: la de El Mozote. Junto a la matanza en enero de 1932, la más terrible de la primera mitad de esa centuria, ambas ocurrieron en suelo salvadoreño donde las instituciones estatales castigaron a las víctimas negándoles justicia y premiaron a sus victimarios protegiéndolos con la impunidad.

El miércoles 13 de julio de 1932, Maximiliano Hernández Martínez concedió “amplia e incondicional amnistía” a quienes participaron en la “rebelión comunista” del 22 y 23 de enero ese año, exceptuando “los individuos que aparecieren culpables de los delitos de asesinato, homicidio, robo, incendio, violación y lesiones graves”. Esta salvedad debe ser bien ubicada: estaba dedica a la población indígena y campesina sobreviviente.

Igualmente amnistió a “funcionarios, autoridades, empleados, agentes de la autoridad y cualquiera otra persona civil o militar”, responsables “de infracciones a las leyes, que puedan conceptuarse como delitos de cualquier naturaleza, al proceder en todo el país, al restablecimiento del orden, represión, persecución, castigo y captura de los sindicados en el delito de rebelión antes mencionado”.

La otra amnistía mal exhibida como necesaria para “la consolidación de la paz”, aprobada en la Asamblea Legislativa el sábado ‒¡sábado!‒ 20 de marzo de 1993 y firmada dos días después por Alfredo Cristiani, también era amplia e incondicional pero además absoluta. Y eso fue lo que se alegó siempre para no castigar a los responsables de la ultrajante barbarie realizada por el ejército gubernamental en El Mozote y otros cantones aledaños; no solo a estos sino, también, a cualquier violador de derechos humanos de uno u otro bando en la preguerra y en la guerra finalizada hace ya casi 25 años.

Con la tenaz lucha de las víctimas fue derogada esa aberración el miércoles 13 de julio de este año, que ya está diciendo adiós; exactamente 84 después de aprobada la de 1932. Ya no debería haber pretextos para no impartir justicia. Los antes enfrentados en las trincheras de la confrontación armada no se ponen de acuerdo, por su guerra electorera de posguerra, en muchas materias decisivas para el bien común. Pero en esto sí. Se niegan rotundamente a despojarse de la impunidad que los ha protegido desde ese “sabadazo” el 20 de marzo de 1993. Ambas partes tienen “la cola pateada”.

El artículo 7 de la DUDH determina que todas las personas “son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley; asimismo, establece que “tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”. El 8 afirma que además tienen “derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes”. Pero en este país, hasta ahora, eso ha sido letra muerte para las víctimas sobrevivientes de la masacre en El Mozote y todas las otras atrocidades ocurridas antes y durante la guerra.

En el marco de esas fechas emblemáticas para los derechos humanos, este lunes 12 de diciembre fue juramentado Antonio Guterres como nuevo secretario general de la ONU: El portugués llega con bríos. Declaró que la organización que estará a su cargo a partir del primer día del 2017, “debe estar lista para cambiar”. Habló de agilidad, efectividad y eficiencia para centrarse “más en la gente y menos en la burocracia”. Ojalá lo haga en favor de quienes en El Salvador y el mundo siguen, con su dolor e indignación, siendo discriminadas y ultrajadas con la impunidad.

Consciente del malestar mundial de la gente con sus “líderes”, sostuvo que se deben  “reconstruir” sus muy malas relaciones. La ONU nació de la guerra y por eso hay que cuidar la paz, afirmó Guterres. Pero esa paz aún no llega a este país, porque sus “líderes” siempre le cerraron la puerta a la justicia para las víctimas. Esperemos…