Todo cambia

Benjamín Cuéllar

Décadas atrás, ese era un himno de las izquierdas latinoamericanas. Sí, himno y no canción. Ahora, es una realidad plena e indiscutible. ¡Todo cambia! Todo. Hasta el discurso y la práctica de la antigua insurgencia que en este país cantaba y quizás todavía canta –del “diente al labio”, probablemente– que no cambia su amor por más lejos que se encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de su pueblo y de su gente. Sin más, remitámonos a tres pruebas. Una se produjo este lunes 19 de octubre, en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la otra, tiene que ver con el combate de la impunidad; por último, algo relacionado con lo anterior: la elección del Fiscal General de la República. Nada que hablar, por ahora, de las denuncias sobre manejos extraños de fondos públicos.

En la citada entidad regional, durante su 156 periodo de sesiones, hubo una audiencia sobre desplazamiento forzado de población a causa de la violencia criminal; otra sobre “mujeres privadas de libertad por emergencias obstétricas”. En la primera, la delegación del Estado  salvadoreño –administrado durante seis años y cuatro meses por el partido que todavía se dice de “izquierda”– no aceptó la existencia de dicho desplazamiento forzado. La gente no abandona sus viviendas y huye desesperada, llena de pánico y desesperanzada por el asedio de las maras. La versión oficial sostiene que es “movilidad humana” en busca de una ansiada “reunificación familiar”. 

En la otra audiencia, la principal agente estatal –antes dirigente de una conocida organización feminista– cambió nacionalidad: se “hizo la suiza”. De entrada, dirigiéndose a sus contrapartes y a las tres comisionadas presentes dijo: “El Estado quizás, en primer orden, realiza una disculpa porque realmente lo que traemos preparado no refiere a nada de lo que ustedes han planteado, porque el documento que nosotras recibimos de parte de la CIDH hace referencia a la situación particular de mujeres privadas de libertad”.

¡Oh, sorpresa! La petición de las organizaciones sociales para comparecer en ese foro era clara, pero el Estado no entendió bien de qué se trataba el asunto o se confundió de audiencia. Eso que afirmó la vocera oficial, textual y de antología, fue inmediatamente refutado por la presidenta de la Comisión Interamericana, Rose Marie Belle Antoine. Al final, la vocera oficial de nuevo trató de justificar lo injustificable. En realidad, se quedó en un torpe intento por evadir el debate sobre las mujeres condenadas a décadas de prisión, por delitos inexistentes: abortos, homicidios agravados y homicidios agravados en grado de tentativa.

La funcionaria salvadoreña terminó su intervención así: “Si, no. Decir que El Salvador, bueno, tiene toda la disponibilidad –como lo ha hecho a lo largo de estos años– de asistir a estas audiencias, de abrir un diálogo siempre sincero ante toda circunstancia y que estamos en plena disponibilidad de contestar por escrito a todas las interrogantes que se han efectuado esta mañana”. Cierre, también de antología. No solo por la forma sino, además, por el fondo. Nadie del Estado asistió el 16 de marzo del 2013 a otra audiencia, con la presencia de las mismas comisionadas; casualmente el asunto a discutir giraba entorno a derechos sexuales y reproductivos.

Sobre el combate a la impunidad, está más que clara la posición del partido de Gobierno: no acepta que se cree una comisión internacional encargada de contribuir a eso que –sin lugar a dudas– es una deuda pendiente con las víctimas de antes, durante y después de la guerra. Ello, sabiendo que de no hacerlo seguirán produciéndose más y más víctimas.

La férrea y furibunda negativa actual del “farabundo”, solo es comparable con la férrea y arenosa negativa del partido de Gobierno en 1993. Ante una de las recomendaciones que la Comisión de la Verdad hizo también para golpear ese muro, resultó evidente el rechazo “arenero”. Aceptó a regañadientes, solo después de la fuerte presión ejercida mediante las repetidas visitas al país por parte del secretario adjunto de la Organización de Naciones Unidas, don Marrack Gouldin. Así nació el llamado Grupo conjunto para la investigación de grupos armados ilegales con motivación política. Era de esperarse tal aversión ante la pretensión de investigar, en serio, y desmantelar los escuadrones de la muerte. Claro. El que nada debe, nada teme; pero el que algo debe, tiene razón de temer y oponerse a cualquier riesgoso escudriñamiento si es de verdad. Y entre más debe, más teme y se opone.  

Las instituciones salvadoreñas funcionan, dicen sin inmutarse. Por eso, rematan, no es necesaria una comisión internacional para erradicar la impunidad o reducirla a su mínima expresión. Es más, al hablar de las que integran el remedo de sistema interno, se llenan la boca diciendo que el actual “fiscalón” –Luis Martínez– ha “hecho el esfuerzo necesario” y aseguran que en la Fiscalía ya es notoria su “capacidad investigativa”, lo que “ha ayudado a que mejore la aplicación de la justicia en el país”. Eso no lo dijo ningún derechista retrógrado y recalcitrante; es la posición de José Luis Merino, alto dirigente “efemelenista”, quien agregó que por eso el partido oficial está valorando la continuidad de Martínez.

Se acerca la “magna” asamblea general del partido de “izquierda”. Quien sueñe con recrear en ese escenario la célebre obra de George Orwell, publicada en 1945, andará más perdido que Adán en el día de la madre. No habrá ninguna “rebelión en la granja”. Quizás, “un día primero Dios…” Mientras tanto habrá que seguir entonando, ya no como himno ni como canción sino como alabanza: “Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo…” Tenía razón mi primo “Pikín”, cuando escribió: “Contigo hay miles y miles que murieron, valiosos compañeros que amaron de verdad. Contigo Silvia, los mejores ya partieron… Los que cayeron por nuestra libertad”. Pero, como todo cambia, sin duda nacerán nuevas Silvias…

Huesos

Hoy, jueves 15 de octubre, se cumplen treinta y seis años del día en que la “juventud militar” lanzó el último golpe de Estado en el país. Último, hasta la fecha. Coincide el día con el cierre del Congreso internacional “Justicia transicional en México y Latinoamérica”. ¿Qué relación existe entre ambos asuntos? Mucha, aunque no tan visible. Para evidenciarla, se requiere conocer la historia política salvadoreña; al menos,  de 1970 a la fecha. Eso, por un lado. Por el otro, es necesario saber en qué mesa participó el representante del Instituto de Derechos Humanos de la UCA en el marco del citado encuentro académico, realizado en la tierra donde ‒luego de un año‒ persiste la dolorosa búsqueda de cuarenta y tres jóvenes víctimas de Ayotzinapa, en medio de la cual se sigue escarbando y encontrando fosas con huesos y más huesos de numerosas personas también desaparecidas de manera forzada.

Encuentro Justicia transicional en México y Latinoamerica
Escuela Libre de Derecho, México, D.F.

12-15 de octubre de 2015

Al hablar de eso, revolotea en el aire la inspiración del canario Pedro Guerra: “Podrían ser a simple vista solo huesos, desvencijados huesos enterrados al borde del camino. Abandonados huesos, no acariciados huesos de un dolor no amortajado. Pero no son a simple vista solo huesos, desvencijados huesos. En el calcio del hueso hay una historia. Desesperada historia, desmadejada historia de terror premeditado”.  Sin, importar el paso del tiempo, ahí está precisamente la conexión advertida antes entre ambos eventos: en la centralidad de las víctimas directas que ya no están y la de sus familiares que reclaman ‒sin ser atendidas responsablemente en serio‒ la verdad completa de lo ocurrido, la justicia plena que les deben y la reparación integral que precisan.

A lo largo del Congreso en mención ‒tanto en la exposición como en el intercambio fructífero con alumnado y profesorado de la Escuela Libre de Derecho, en cuya sede se realizó‒ el ponente del IDHUCA compartió con el público lo relativo a la naturaleza, la función y los alcances de la Comisión de la Verdad en El Salvador. Las experiencias colombiana y peruana fueron expuestas en el panel por investigadoras especialistas en la materia de ambos países; además, de cara a una posible entidad similar a futuro, intervino un colega mexicano.

En el caso salvadoreño, hubo que mencionar el antecedente nacional de la Comisión que investigó y esclareció atrocidades ocurridas entre 1980 y 1991, además de recomendar medidas para garantizar su no repetición. Producto de los acuerdos negociados y firmados por los bandos que aún siguen su pleito eterno, ya no con las armas y en las trincheras sino en las urnas y los medios, esa Comisión de la posguerra tuvo su precedente en la preguerra: la creada con la aprobación del noveno decreto de la Junta Revolucionaria de Gobierno, la primera de las tres que se formaron tras el exitoso levantamiento del 15 de octubre de 1979. 

Bueno, eso de exitoso es relativo pues ‒pese a lograr la caída del general Carlos Humberto Romero‒ el movimiento insurrecto vino al mundo contaminado con un virus mortal: el de los intereses perversos de poderes ocultos que, antes de nacer, le inyectaron oficiales de la vieja guardia castrense en su cabeza y su cuerpo. Esas ponzoñosas bacterias, echaron al traste las buenas y esperanzadoras intenciones contenidas en la proclamación del ideario  golpista en el que ‒en esencia‒ se justificaba la sublevación acusando al régimen de violar derechos humanos, fomentar y tolerar la corrupción y la impunidad, generar un desastre económico y social, y desacreditar “profundamente al país y a la noble institución armada”. 

Además, se sostenía que eso era “producto de anticuadas estructuras económicas, sociales y políticas” que no ofrecían a la mayoría de las personas “condiciones mínimas” para su  realización “como seres humanos”. También se denunciaban los “escandalosos fraudes electorales”, los “programas inadecuados de desarrollo” y la defensa de “privilegios ancestrales”. Había que instaurar, pues, un Gobierno “auténticamente democrático”. En coherencia con lo último, debía derribarse el muro de la impunidad que impedía avanzar con paso seguro hacia la democracia.  

Por eso se creó la Comisión especial para buscar presos políticos desaparecidos. Así la bautizaron. Su alcance, de forma intencional o no, ha sido ignorado dentro y fuera del país. Ni siquiera Amnistía Internacional la reporta. Pero, luego de las creadas en Bangladesh (1971) y en Uganda (1974), la salvadoreña sería la siguiente comisión de la verdad moderna. Tres abogados la integraron. Roberto Lara Velado, Luis Alonso Posada y Roberto Suárez Suay, eran sus nombres; el tercero fungía como Fiscal General de la República. Su labor fue impecable e encomiable, sobre todo por haberla desarrollado sin mayores recursos y sin conocimientos, ni teóricos ni prácticos. Pero les valsaba la ética, la rectitud y el valor para cumplir su misión.

En su informe incluyeron nombres de víctimas desaparecidas cuyos huesos ubicaron y las “cárceles clandestinas” que detectaron. Arriesgando sus vidas, pidieron juicio y castigo para Romero y su antecesor, coronel Arturo Armando Molina; también para los destituidos directores de los cuerpos de seguridad. Los integrantes de esta Comisión renunciaron a finales de 1979, tras el giro de ciento ochenta grados que le dio a un prometedor proceso que terminó desnaturalizado del todo. Su desempeño no solo incomodó a militares responsables de graves violaciones de derechos humanos; también a los poderes fácticos que los usó para mantener un  estado de cosas que les favorecía. Así las cosas, se desperdició la posibilidad de evitar la guerra que inició en enero de 1981.

En el espacio virtual se lee, hasta el día de hoy, una nota del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ‒el PNUD‒ cuyo titular dice que El Salvador es “ejemplo de consolidación de la paz”. De la misma, no aparece la fecha de cuándo la “colgaron”; pero debe haber sido después del 2011, porque al final se habla de una reducción de las muertes violentas en el área metropolitana en febrero de ese año. Por ello, debe colegirse que es de ‒al menos‒ hace tres o cuatro años. Después vino la cuestionada “tregua” y, tras su final, de nuevo el montón de homicidios y feminicidios que nunca ‒con o sin “tregua”‒ dejaron de ser nada despreciables. 

¿Cuál pacificación, entonces? Solo la de los cementerios para la pobrería; también la de las “alturas” económicas y partidistas. Ojalá no les toquen sus puertas. ¿Por qué no, de una vez por todas, se intenta lo que Pedro Guerra propone? Él dice: “Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir. Pendiente abrazo, despedida, beso, flor, en el lugar de la cicatriz”. Eso se traduce en hacer lo que hasta la fecha no se ha hecho en El Salvador: dignificar a las víctimas de antes, durante y después de la guerra para sentar el precedente necesario de lo que falta y se necesita con urgencia. Sin duda, la derrota de la impunidad. Hay que tocar lo, hasta ahora, “intocable”. Si no, habrá que seguir esperando desenterrar los huesos de un afamado pero fallido proceso de paz. 

¡YA BASTA!

Benjamín Cuéllar

La violencia es una de las “cárcavas” que están socavando velozmente los endebles cimientos de las instituciones nacionales, tanto en lo público como en lo privado. Las otras son la impunidad y la exclusión. Esa nefasta trilogía afecta, por lo general y sobre todo, la vida de las mayorías populares; ahí están ubicadas, desde siempre, sus víctimas recurrentes. La fatalidad puede irrumpir en un instante o sobrevenir a pausas. Y los daños que producen todos sus mecanismos, solos o agrupados, ahora hunden a El Salvador sin flotador a la vista. Llueva o no, cada día que pasa, en el país se sumerge más y más la esperanza de la gente a la cual –tantas voces y tantas veces– se la prometieron. Se la ofrecieron al firmar los llamados “acuerdos de paz” y se la ofrecen, ¡oh bondades de una “democracia” grotesca!, los dos gigantones electoreros en cada campaña ostentosa buscando el voto popular

Tras el cese al fuego, la antigua guerrilla y el Gobierno de la época –jalados de las orejas por Naciones Unidas– pintaron una quimérica sociedad donde se podría vivir sin la, hasta el día de hoy, justificada costumbre de verificar que nadie te siga o venga a tu encuentro para asaltarte o asesinarte. Pero nada. Por eso, la figura de un boquete callejero creciendo cada día, quizás sea la más adecuada para ilustrar la situación. No hay quien ponga freno a la expansión y la profundidad del hoyo en que se está sumiendo la comarca guanaca. No se trata solo de cifras diarias de muertes violentas o del recuento anual de todos los hechos criminales. A eso deben agregarse la frialdad y la bestialidad con que se cometen, explicables en buena medida por una justicia pérfida que no castigó la barbarie de antes y durante la guerra; así resultó fortalecida la impunidad que alienta a continuar repitiendo, en la actualidad, aquellas prácticas atroces.

Probablemente nadie se imaginó que un grupo de criminales incendiaría, hace cinco años, una unidad del transporte público con personas dentro. En la guerra ardieron buses, pero no pasajeros. La inseguridad siempre ha caracterizado ese “servicio”, desde las condiciones mecánicas de los automotores y su temeraria conducción hasta los frecuentes asaltos al “pasaje”. Pero ahora matan a motoristas y cobradores, cuando los empresarios no pagan la “renta”; ahora, cuando puede, el usuario se defiende matando también.

Y se pierden vidas dentro y fuera de los buses. Se las arrebatan a policías y fiscales, descuartizan y desaparecen jóvenes que estudian o trabajan, balacean hombres y mujeres sin decir “agua va”, asesinan niñas y niños, inmolan bebés y personas adultas mayores… En fin, parafraseando a Buñuel, a quien sea parte de “los olvidados”. Acá las mayorías populares que habitan donde “asustan” –el territorio nacional profundo, sangrante y abatido– más que dar “gracias a la vida”, como la enorme Violeta, evocan al gran José Alfredo porque ya se llegó al punto en que “no vale nada la vida, la vida no vale nada”.

Eternamente, este pueblo ha sufrido demasiado: conquista sangrienta, guerras entre vecinos, genocidio en 1932 y las masacres siguientes, desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, detenciones ilegales, torturas… Todo eso, antes y durante aquella guerra. En el marco de esos aterradores y dolorosos hechos, la población postrada por la exclusión y la pobreza puso las víctimas. Hoy, con los sempiternos rivales disfrutando su negociada paz y alternándose el poder formal, las mismas mayorías populares permanecen siendo azotadas por grupos criminales sin que unos y otros –protegidos por la conveniente impunidad tras el conflicto armado– se pongan de acuerdo para enfrentar la situación y superarla de una vez por todas. Por eso, ¡ya basta!

Debe insistirse: el rostro de las víctimas está marcado por la exclusión económica, social y política. Es el de quienes no tienen otra que moverse en el deficiente e inseguro transporte público, que mandan sus hijos e hijas a escuelas oficiales por caminos riesgosos, que no tienen con qué solventar humana y decentemente sus necesidades elementales, que sobreviven en un invariable alto riesgo, que les resulta impensable pagar agencias privadas para vigilar sus casas y que solo están “seguras” pagando la “renta” a la delincuencia que les rodea o con la que comparte espacios. Es la población que a diario muere y a diario llora a sus familiares que mueren.

Hay que condenar a quienes producen angustias y sufrimientos; a quienes amenazan y asesinan. Hay que condenar a quien directamente genera víctimas, enluta comunidades y aterrioriza a la gente .Pero también hay que denunciar a quienes debieron y deberían investigar bien, arrestar con tino, procesar y castigar sin distingo. Unos y otros, en medio de la politiquería barata donde se devanean, prometieron hacerlo desde los órganos ejecutivo, legislativo y judicial, con las herramientas fiscal y policial. Pero ni lo hicieron ni lo están haciendo, porque no quieren o no pueden. Planes y reformas –endurecimiento de leyes, uso perenne de militares, manos duras y súper duras– han sido y siguen siendo fracasos repetidos. ¿No muestra eso que, en lugar de “músculo”, hacen falta “neuronas” y algo más?

Son las personas en el abajo y adentro, las que padecen del mal. Nadie está a salvo si no vive en el arriba y afuera, donde los verdaderos “intocables” –crimen organizado violador de derechos humanos, corruptor de la “cosa pública” y traficante de lo que sea– se mueven. Mientras, Casa Presidencial pide “contribuciones voluntarias”; la Corte Suprema de Justicia es una “olla de cangrejos” y la Asamblea Legislativa un “nido de víboras” donde conspiran para debilitar al rival, mantener ventajas, destilar demagogia y agarrar lo que se pueda. Y el Fiscal General de la República sigue sin aparecer, no sobreactuado ante cámaras sino combatiendo con eficacia la delincuencia a todo nivel, sobre todo en el de bien arriba.

¿Cuánta gente deberá ser asesinada aún, para que esta sociedad se vuelva a organizar? Porque eso hay que hacer. No como antes, cuando una parte se alzó en armas contra la dictadura mientras otra la defendió. Esa es la azarosa polarización total y fatal. Más que el combate entre iguales –porque la violencia iguala a todas las víctimas– hay que promover una participación ciudadana pensante y actuante, activa y creativa, con imaginación y pasión, que se plante como un todo fuerte y poderoso ante políticos, políticas y partidos, ante una administración estatal en su mayoría incapaz y demagoga, ante grandes capitales y ante quien sea, para demandar la ineludible superación de tan insoportable crisis nacional.

No se valen ya ni promesas ni pésames. Es inadmisible que la muerte violenta siga rondando día y noche a la niñez, la adolescencia y la juventud salvadoreñas; que la gente necesitada del sustento diario, individual y familiar, se juegue la vida cuando sale a buscarlo. El país está zozobrando en un mar de sangre, en medio de una irresponsable nulidad estatal. De una vez por todas, la población víctima de esos dos males debe gritar al unísono: ¡Ya basta! Y debe actuar como un solo cuerpo doliente, para que ese reclamo suene fuerte y tenga respuesta. Si no, sálvese quien pueda. Y hágalo como sea.

Solamente una vez

Benjamín Cuéllar

Quienes nacieron el 16 de enero de 1992, cuando se pactó el fin del enfrentamiento armado firmando el Acuerdo de Chapultepec, cumplirán veinticuatro años dentro de unos meses. Casi dos décadas y media han pasado viviendo tanto su niñez como su adolescencia, en un país donde en teoría se iniciaría entonces el tránsito “de la locura a la esperanza” –como dijo la Comisión de la Verdad– o “de la guerra a la paz”, según Naciones Unidas y los bandos que tras una intensa negociación, se amistaron y sin duda se aprovecharon del final de los combates entre sí. A diferencia de las generaciones anteriores, el futuro se les abría de par en par ofreciéndoles óptimas expectativas para su progreso y realización humana. Era la primera camada de un “nuevo El Salvador”.

Más poético se hubiese escuchado que se les prometiera, a esa infancia que entonces abría sus ojos a la vida, pasar de los versos de Oswaldo Escobar Velado –inmortalizados en su “Patria exacta”– a los de su “Regalo para un niño”; de la tierra con “casas donde el desahucio llega y los muebles se quedan en la calle mientras los niños y las madres lloran”, a la de “una paz iluminada” con “holandas de mieses aromadas” y “californias de melocotones”.  De haber sido cierto, ¡qué felicidad se disfrutaría ahora en esta tierra! 

Pero no. La inmensa mayoría de esa inocencia recién parida se quedó a la espera de una nueva oportunidad la cual, quién sabe, cuando llegará. Se le escapó de entre las manos, no por su culpa, el sueño de vivir en un país donde la muerte lenta –la del hambre– y la muerte violenta –la de la sangre– únicamente fueran recuerdos de un pasado ominoso al cual nunca habría que volver; se perdió la quimera de gozar un país donde sus aspiraciones no se trocaran en suspiros, donde sus ilusiones no se volvieran quejidos.

A estas alturas, bastante frustrada y con ganas de no creer en nada ni en nadie, esa mayoría aún joven se quedó esperando “la paz y su flor pura” a la que le cantó Escobar Velado. Para salir de tal situación, más allá de sentirse malograda o algo similar, le falta volver a descubrir la vigorosa rebeldía contra lo injusto y la verdadera lucha por su superación.

Muchas de las personas nacidas de 1992 en adelante, las que deberían disfrutar un mejor El Salvador que aquel de antaño, las mataron y las siguen matando sin saber quién y mucho menos por qué, Además, se les niega educación y cultura, ocio y esparcimiento, nutrición sana y salud completa, oportunidades de desarrollo digno. Son muchas –perdón la insistencia– las que se va de este mundo, asesinadas o forzadamente desaparecidas, imaginando ver en el horizonte un El Salvador distinto a este que sigue siendo el espacio donde se les violentan sus derechos fundamentales, sin piedad ni cargos de conciencia.  

Viven, permanentemente, con la invitación en mano para abandonar tan rápido como les sea posible la tierra que las vio nacer. Eso sí, les piden sus votos cuando llegan a los dieciocho. ¡Cómo no! Para ello les prometen el cielo y la tierra. A final de cuentas, si no pegan las millonarias ofertas de campaña del par de maquinarias electoreras, intentan comprárselos a como dé lugar. ¿Culpables? ¡Claro que hay! Son, principalmente, esos partidos que nunca tuvieron la mínima lucidez y la necesaria humildad para dejar atrás sus ambiciones y unir sus fuerzas, en aras de favorecer en serio a la sufrida niñez de este país.

Y sin pudor, ni siquiera esconden sus codicias y falsedades. Al contrario, las exhiben campantes en los medios masivos de información y en los podios vacíos de realidad. Son quienes pasan de ser figuras que presumen donde sus “compromisos” con el país, a mutarse en malandrines protagonistas de una burocracia en el Gobierno o la “partidocracia” farandulera. En busca de cargos públicos y sobre todo de su “buen vivir”, resultan ser capaces de hacer lo que antes condenaban: vender su alma al diablo en medio de la guasa política. Y no les va mal. Sus capitales crecidos de la noche a la mañana dan cuenta de ello.

No faltarán este primero de octubre, dedicado en el país a la niñez, quienes de entre esa ralea se inflen discurseando sobre lo que debe hacerse para cambiar un estado de cosas que –tras tantos años después de aquella guerra– se debe superar. Superar, sí, pero solo por medio de las ofertas que únicamente se materializaran si su partido gana las elecciones que vienen. Para esa raza, no hay de otra más que seguir engañando. “El que mejor ha sabido ser zorro”, sentenció Nicolás Maquiavelo, “ha triunfado. Los hombres son tan simples, que aquel que engaña siempre encontrará quien se deje engañar […] No es preciso que un príncipe posea todas las virtudes, pero es indispensable que aparente poseerlas. Tenerlas y practicarlas siempre será perjudicial; aparentar tenerlas, siempre será útil”

A eso le apuesta la caterva partidista, que hasta ahora disfruta haciendo y deshaciendo para favorecerse y favorecer a sus padrinos. Pero no. Están mal las “estrellas” del embuste. Este pueblo –incluida la militancia de ambos “titanes en el ring”– tiene mucha pero mucha historia que apreciar. Dolorosa sin duda, pero que debe ser resucitada por ser además llena de valor. Y las generaciones que no la vivieron deben conocerla para transformar lo que les ofrece la realidad actual, sin taras “derechistas” ni “izquierdistas”. Lo que está pasando ya rebasó lo racional y llegó al punto de ser insufrible, a menos que el pueblo que lo padece se vuelva del todo masoquista.

Y es que, ¿cuántas niñas y cuántos niños no alcanzan a llegar a su escuela por haberse convertido en víctimas mortales en el trayecto de su casa al pupitre que ocupaban, aunque fuera compartido? ¿Cuántas niñas y cuántos niños se quedaron en el camino al aula, desapareciendo de la faz de la tierra hasta que un remoto día alguien encontró bajó la misma sus humanidades fenecidas? ¿Cuántas niñas y cuántos niños están a sus ocho años esperando con ansias escalar al segundo grado, pero sin saber leer porque la “seño solo saca un libro de ‘ayer pase por tu casa’…”? ¿Cuántas niñas y cuántos niños deben guiarse para transitar del saber leer y escribir mecánicamente, al poder pensar críticamente y hablar creativamente?  

Solamente una vez al año, cada primero de octubre, no basta para recordar a la niñez salvadoreña en “su día”. De nada sirven los campos pagados felicitándola, cuando la felicidad no tiene precio. Hay que tenerla siempre presente y hacer lo necesario para que la alcancen, sin minarle el terreno en el cual pueda disfrutarla durante esa etapa de su desarrollo y se proyecte a la vida con optimismo.  

Y eso no ocurrirá si la gente no le suma a la abundante indignación que tiene por lo que pasa, la urgente acción para que ya no siga pasando. Hay que hacerlo. Entre más rápido mejor, a fin de regalarle a la niñez salvadoreña “la paz y su flor pura”; en aras de entregarle “un clavel meditabundo” y ponerlo en su “mano de criatura”. En definitiva, para lograr que su mundo no sea a diario “por la muerte sorprendido”.

Tratar de hacer bien las cosas

 Roxana Marroquín y Benjamín Cuéllar

En 1904, a sus veintiséis abriles, un tal Alfredo Lorenzo Ramón Palacios ganó un escaño en el Parlamento de su país. Casi una década después, en 1913, quizás sin saberlo, este político socialista argentino hizo historia. Fue el primer diputado en el mundo que se lanzaba sin paracaídas a impulsar una gesta inédita. Adelantado a su espacio y a su tiempo, este ya no tan imberbe abogado se aventuró a exigir la reforma de la normativa penal de su país. En su proyecto para modificar los literales g) y h) del artículo 19, dentro de la Ley 4189, pedía reprimir “con tres a seis años de penitenciaria” –así se leía literalmente– a quien “promoviere o facilitare la corrupción o prostitución de mujeres mayores de 18 años y menores de 22, para satisfacer deseos ajenos”.  

Foto bajada de internet 

¿A qué viene este corto apunte rescatado de una memoria tan rica en lecciones de lucha por la reivindicación de las víctimas, abundantes en un continente cuyos habitantes en su mayoría han sido –eterna y comprobadamente– personas sufridas? Pues es el caso que este miércoles 23 de septiembre se rememoró de nuevo el “Día internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños”, como sucede año tras año desde principios de 1999. Acaba de ser celebrado, pues, esa formal oposición a semejante lacra; pero en estas tierras salvadoreñas, tal evento pasó sin pena ni gloria. Mientras, la iniciativa exitosa de Palacios cumplió un siglo y dos años.

El legislador porteño que murió en la absoluta pobreza, a diferencia de otros que acá apenas comienzan a sacarles los “trapos al sol” por sus “vivezas”, continuó en su planteamiento demandando que si la víctima –hombre o mujer– era menor de dieciocho años, la pena debía ser de seis a diez años de prisión. Y si era menor de doce, el castigo máximo podía extenderse hasta una década y media tras las rejas. “Esta misma pena –seguía el texto– será aplicable cualquiera que sea la edad de la víctima, si el autor fuera ascendiente, marido o tutor, persona encargada de su educación o guarda, en cuyo caso atraerá aparejada la pérdida de patria potestad, del poder marital o de la tutela”.

A final de cuentas, el primer artículo aprobado dentro de la llamada “Ley Palacios” sancionaba con tres a seis años de cárcel a quien promoviere o facilitare “la prostitución o corrupción de menores de edad, para satisfacer deseos ajenos,” aún con el consentimiento de la víctima; ello, si la mujer era mayor de dieciocho años. Si la víctima –hombre o mujer– era mayor de doce y menor de dieciocho, al victimario le caían entre seis y diez años. Cuando la víctima era menor de doce años, el máximo de la pena podía llegar a los tres lustros; no importaba la edad de la persona afectada si había habido violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro tipo de intimidación; también si el autor era “ascendiente, marido, hermano o hermana, tutor o persona encargada de su tutela o guarda”, lo que además conllevaba “la pérdida de la patria potestad del padre, de la tutela o guarda o de la ciudadanía, en su caso”.

Acá en El Salvador, se esperó más de una centuria para aprobar la Ley especial contra la trata de personas mediante el Decreto Legislativo 824, del 16 de octubre del 2014, el cual se publicó en el Diario Oficial hasta el 14 de noviembre del mismo año. En la misma se especifican diferentes formas de explotación humana, que comprenden entre otras la sexual y la sexual comercial en el sector del turismo. En el decimoprimer capítulo de tal normativa se incluyen las disposiciones penales correspondientes. Quien entregue, capte, transporte, traslade, reciba o acoja personas –dentro o fuera del territorio nacional– o facilite, promueva o favorezca para ejecutar o permitir que otros realicen cualquier actividad de explotación humana […] se sancionará con prisión de diez a catorce años. 

Hay agravantes, entre los cuales destacan los siguientes: que la víctima sea niña, niño, adolescente, persona adulta mayor o persona con discapacidad; que el autor sea funcionario o empleado público, autoridad pública o agentes de autoridad, lo que es más delicado si se aprovecha del cargo; que exista una relación de ascendiente, descendiente, adoptante, adoptado, hermano, cónyuge o persona con vínculo marital o exista relación similar de afectividad; que se trate de tutor, curador, guardador de hecho o encargado de la educación o cuidado de la víctima y cuando exista relación de autoridad o confianza con la víctima, sus dependientes o personas responsables, haya o no relación de parentesco; que el delito lo cometa alguien directa o indirectamente responsable del cuidado de la víctima esté acogida en entidades de atención a la niñez y adolescencia, sean estas públicas o privadas.

Hay más condiciones que hacen más grave la trata de personas. Pero en todas, a sus responsables la ley les impone prisión que va de los dieciséis a los veinte años. Si sus autores son organizadores, jefes, dirigentes o financistas de agrupaciones ilícitas o estructuras de crimen organizado, nacional o trasnacional, la sanción es de veinte a veinticinco años. En ningún caso, agravado o no, vale como atenuante o descargo el consentimiento de la víctima independientemente de su edad.

Esa es la ley. Habrá que ver cómo se aplica en un país –como lo señala la embajada estadounidense– “de origen, tránsito, y destino de hombres, mujeres y niños sujetos a la trata para explotación sexual y trabajo forzado”. Eso dice en su último reporte sobre la situación mundial de los derechos humanos. También que la definición incluida en la legislación aprobada hace casi un año, “no es consistente con el derecho internacional” pues “considera la fuerza, el fraude y la coacción como circunstancias agravantes”, en lugar de contemplarlos como elementos esenciales de la mayoría de delitos de trata”. Además, se tacha el no investigar ni procesar como trata de personas los hechos de ese tipo atribuidos a integrantes de maras, que usaron para ello fuerza o coacción.

En el 2014 se procesaron y condenaron a siete “tratantes sexuales”; es decir, menos de catorce sospechosos juzgados ​​y de doce condenados que en el 2013. En el informe hay una fuerte crítica, sobre todo a jueces pero también a otros funcionarios, por sus “pocas luces” sobre la trata y las consecuencias de ello en la sanción a los victimarios. Se habla de notas periodísticas denunciando funcionarios que “pagaron por actos sexuales comerciales de víctimas de trata”; también de una investigación sobre el caso, de la cual luego no hubo más información pública. Los esfuerzos oficiales en materia de prevención fueron, según la embajada aludida, modestos. 

Con todo lo anterior, es elemental la conclusión: cuando no hay transparencia total y suficiente información, se vuelve un derecho humano la especulación en torno a ciertas interrogantes que invitan a pensar mal. ¿Por qué se decretan confidenciales los pocos procesos en esta materia? ¿Por qué son, precisamente, tan pocos los casos que se llevan a juicio? ¿Será que, como se ha dicho en otras ocasiones para otro tipo de criminalidad, El Salvador no está tan mal como Guatemala y Honduras? ¿O será que la impunidad también reina en este tipo de delitos para proteger intocables? Como sea, se deben hacer bien las cosas apostándole a la defensa de las víctimas reales y a la protección de las potenciales. Al exigir eso, no falta quien trata de evadir su responsabilidad.

Más de lo mismo

Benjamín Cuéllar

Dios te salve patria, sangrada… Muy sangrada en lo más profundo de tu territorio donde sobreviven esas mayorías populares sometidas a la ignominiosa y multifacética exclusión desde hace siglos. Dios te salve, porque ya no queda en quien confiar. Ni con el fin de la última guerra primero ni luego con la “alternancia” en el Gobierno del Ejecutivo, es posible mostrarte como David J. Guzmán te describió en su “Oración a la bandera”: casi casi como “la tierra prometida”. Tú “marcas ‒decía él‒ la senda florida en que la justicia y la libertad nos llevan hacia Dios”. Sin embargo, al día de hoy todavía sigue lejana allá en el horizonte otra independencia más real y consistente que la conmemorada, oficial y oficiosamente, este recién pasado martes 15 de septiembre. 

Y es que el 15 de septiembre, pero de 1821, se firmó el documento dentro del cual se encuentra implícita una explicación del por qué –casi doscientos años después– esas mayorías sigan igual: muriendo lenta y violentamente si deciden quedarse en tu seno materno pero desatento, donde ciertamente han nacido pero de donde es mucha la cantidad de gente –sobre todo joven– que quiere escapar lo más pronto posible. 

¿Cuál es, pues, esa explicación? Antes de responder semejante interrogante, se debe tener claro algo: quienes tienen el poder y dominan, le temen al poder que tienen –aunque sea latente– quienes sufren la dominación. ¡Sí! Los poderosos en lo económico, político y social no saben dónde meterse cuando los sectores oprimidos deciden, de una vez por todas, organizarse y luchar para liberarse de las ataduras que los mantienen en esas condiciones.

Por eso, en el texto rubricado aquel 15 de septiembre de 1821, de entrada se lee que la independencia del Gobierno español era entonces “voluntad general del pueblo”. Y frente a esa realidad, había que hacer algo. Pero no en favor del bien común. No, para nada. Así, un grupo de “iluminados” determinó decretarla antes de que “la proclamase de hecho el mismo pueblo”, porque si eso ocurría las consecuencias “serían terribles”. Eso está escrito en lo que veneran, quienes ostentan cargos públicos, la llamada “Acta de Independencia”

A esta elitista y “profiláctica” iniciativa de adelantarse a la legítima rebeldía popular, debían seguirle las elecciones de las personas que en “representación” de ese pueblo formarían un Congreso, en el cual decidirían lo relativo a la “independencia general absoluta” para establecer después “la forma de Gobierno” y la Ley fundamental que regiría, en adelante, los destinos de la región. Eso fue lo que quedó escrito en el segundo ordinal de la dichosa “Acta”.

A lo anterior, le siguió la regulación bastante básica referida a la faramalla relacionada con las votaciones: las organizarían y realizarían las juntas electorales de provincia, se tendría un diputado por cada quince mil personas –incluidas las nacidas en África– y, con base a los censos más recientes, esas mismas juntas determinarían el tamaño del Parlamento; es decir, la cantidad de sus integrantes. Ese Congreso, “en atención a la gravedad y urgencia del asunto” –según se afirmó textualmente– debía reunirse por primera vez el primer día de marzo de 1822.

Mientras tanto, las riendas de la administración pública seguirían en manos de las “autoridades establecidas” cuyo desempeño continuaría determinado por las normas vigentes, hasta nuevo aviso y hasta las emergentes disposiciones dictadas por el Congreso a instalarse. Permaneció, así, el militar vasco Gabino Gaínza y Fernández de Medrano como jefe político superior de la entonces Provincia de Guatemala, encabezando una Junta Provisional Consultiva para guardar las apariencias. Sobre esto último, en el octavo ordinal del citado documento se dice que la misma se creó para que el Gobierno tuviese “el carácter que parece propio de las circunstancias”.

Además de conservar “pura e inalterable” la religión católica y de mantener “vivo el espíritu de religiosidad” que había “distinguido siempre a Guatemala” –refiriéndose a toda la Provincia– habría que respetar a sus ministros, protegiéndolos “en sus personas y propiedades”. En cuanto a las comunidades religiosas, sus líderes recibieron una exhortación: cooperar “a la paz y sosiego, que es la primera necesidad de los pueblos cuando pasan de un Gobierno a otro”; era necesario que, en “fraternidad y concordia”, se unieran con su membresía en torno a la “independencia” dejando de lado las “pasiones individuales” que dividían y producían “funestas consecuencias”.

Era ineludible, además, garantizar “la conservación del orden y tranquilidad”. Asimismo, al jefe político le correspondía divulgar a los cuatro vientos “los sentimientos generales del pueblo, la opinión de las autoridades y corporaciones”; también las “causas y circunstancias” que lo orillaron al “juramento de independencia y de fidelidad al Gobierno americano” por establecerse. A dicho juramento tendrían que sumarse la indicada Junta Provisional, el Ayuntamiento, el arzobispo, los tribunales, las autoridades civiles y militares, los prelados y sus comunidades, la burocracia en la administración de rentas, las corporaciones y la tropa. 

Dicho todo lo anterior, hay que retomar la pregunta hecha con antelación. ¿Cuál es esa nefasta explicación para que después de tanto tiempo, tantas peleas y tanto sufrimiento, en el fondo las cosas sigan igual en El Salvador? El “gatopardismo”. No se diga más. Ese modo de hacer política que el príncipe de Lambedusa, el siciliano Giuseppe Tomasi, delineó magistralmente en la novela que escribió y fuera publicada tras su fallecimiento en 1957. “Cambiar todo para que las cosas sigan iguales”, decía una y otra vez el personaje principal de la misma. 

El 15 de septiembre de 1821 se proclamó la “independencia” de la Provincia de Guatemala, pero continuaron mandando las mismas autoridades y rigiendo las mismas leyes; el poder eclesial permaneció incólume y las elecciones sirvieron para escoger representantes que no representaban al pueblo. Pero había que sacudirse el “yugo español” para ser “libres”. Había que hacerlo, antes de que ocurriera lo impensable: que ese pueblo se alzara y se vinieran encima de los criollos las “terribles” consecuencias de un suceso de tal envergadura. La “gravedad y la urgencia del asunto”, exigían cambiar todo para no cambiar nada.

Hay que leer “El gatopardo” porque ciento setenta años después, en 1991, dos enemigos acérrimos estaban en lo mejor de sus conversaciones y negociaciones para cambiar todo o casi todo en El Salvador. La aún atrevida y audaz insurgencia armada y el entonces Gobierno nacional, debatían durante largas jornadas el futuro del país. Cerca de arribar a los cinco lustros transcurridos desde entonces, el país sigue siendo aquel donde sus mayorías populares son víctimas de más de una guerra y donde las mismas sobreviven sin disfrutar de alguna relativa seguridad personal y patrimonial, si es que algo poseen. 

Vuelta Gobierno, esa antigua guerrilla sigue repitiendo una y otra vez entre otras cosas ‒ya durante seis años‒ un desfile altamente militarizado para festejar algo que no ha sido fielmente contado. No queda, pues, más que jugársela. Hay que apostarle a lo bueno y valioso. Hay que seguir “neciando”, “terquiando”… Apelando a ese poder latente y pendiente de estallar, no con violencia irracional pero sí con la inteligencia natural de todas las personas ‒muchas en este país‒ que se sienten y están siendo agredidas por un ordenamiento que no es natural sino brutal. Si no, seguirá amolándonos el “gatopardismo”: más de lo mismo.

911

Benjamín Cuéllar

Este número se asocia en el país, común y casi generalizadamente, con la unidad de la Policía Nacional Civil (PNC) que –según se lee textualmente en el sitio electrónico institucional– “proporciona un servicio oportuno de atención al ciudadano, ante cualquier emergencia o en aquellas situaciones de socorro y servicio que requieran el inmediato accionar policial ya sea de carácter preventivo o represivo”. Punto. Es gratuito y está habilitado las veinticuatro horas. Para recibir atención inmediata y activarlo, las personas únicamente deben marcarlo; pero, ojo, se les pide no hacer mal uso del mismo con llamadas falsas. Así funciona. Pero, pese a que tienen relación, este intento de comentario no aborda dicho sistema para atender urgencias ciudadanas de diverso tipo. Sí habla de una emergencia, pero nacional. Se trata de otro 911: el total de muertes violentas ocurridas durante el pasado agosto. Al menos, eso fue lo que reportó el Instituto de Medicina Legal. 

¿Por qué traer a cuenta esa cifra fatal, alarmante e indignante? ¿Para que digan que uno está a favor de quienes se reunieron el recién pasado sábado 5 de septiembre en una plaza capitalina, a protestar contra la violencia –eso dijeron– y la corrupción? De ninguna manera. Suficientes dimes y diretes han ido y venido en los medios tradicionales, en el ciberespacio y en conversaciones interpersonales, tanto de manera individual como grupal. Sobre esas polémicas, bizantinas en su mayoría, únicamente cabe decir que lo predominante ha sido las posiciones fanatizadas del par de maquinarias electoreras que viven maquinando contra su rival –urdiendo, tramando permanente en las sombras– lo que sea.

La idea al escribir estas líneas, es otra. Ante al incremento de la violencia mortal y la permanencia de la delincuencia, la inseguridad en sus variadas expresiones y el temor de la gente, resulta pertinente recordar algo importante de lo que en El Salvador hicieron o dejaron de hacer sus autoridades desde que –a principios de 1992– finalizaron los combates entre las fuerzas armadas gubernamentales e insurgentes.

Con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, incluidas en su informe presentado el 15 de marzo de 1993, se pecó por acción y omisión. En primer lugar, la derecha política aprobó la nefasta amnistía mediante la cual –además de premiar a los perpetradores– se le dio un visto bueno a las prácticas criminales que habían asolado al país. La izquierda no votó ni a favor ni en contra. No podía. Ya había mutado su piel al convertirse formalmente en partido desde el 1 de septiembre de 1992, pero no había incursionado aún en la carpa electorera; por tanto, no tenía representación parlamentaria. Pero era, por mucho, mucho más que una fracción legislativa; era, junto al Gobierno de la época, firmante de los acuerdos que mandaban superar la impunidad en el país por ser sostén de profundos males nacionales.

Y ambas partes empeñaron su palabra al acordar que “hechos de esa naturaleza, independientemente del sector al que pertenecieren sus autores”, debían “ser objeto de la actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia”, para aplicar a sus responsables “las sanciones contempladas por la ley”. Pero no. Se aprobó la que mejor debió llamarse “Ley especial para fortalecer la impunidad en El Salvador” y no “Ley de amnistía general para la consolidación de la paz”. Ante eso, quizás calculando astutamente a su favor, la dirigencia del “Farabundo Martí” no hizo lo que debió haber hecho: reclamar ante el secretario general de las Naciones Unidas, el egipcio Butros Butros-Ghali, y llamar al pueblo plagado de víctimas a sumarse a esa protesta. En buena medida, por esa grave falta de arrojo político ese mismo pueblo sigue derramando su sangre y viendo desaparecer forzadamente mujeres y hombres de todas las edades.

Pero las perversas decisiones de unos y las “convenientes” indolencias de otros, no acabaron con lo anterior. Continuaron, entre otros deplorables desaciertos, con el Grupo conjunto para la investigación de grupos armados ilegales con motivación política. Largo y eufemístico nombre para referirse a los “escuadrones de la muerte”, pero hasta el lenguaje debía ser “políticamente correcto”. Su creación solo se logró por la terca insistencia del mencionado Ghali y de Marrack Gouldin, su representante del más alto nivel. Nueve meses tardó el parto, desde que la Comisión de la Verdad recomendó se formara. La resistencia oficial para ello solo es comparable con la actual del partido de Gobierno y sus cortesanas compañías, ante la posibilidad de establecer en el país una comisión internacional contra la impunidad.

Cumplidas, mal cumplidas o de plano incumplidas, tanto las de la mencionada Comisión como las del citado Grupo, sus recomendaciones no lograron lo planteado en el Acuerdo de Chapultepec. Al menos en la letra, se pretendía erradicar la impunidad. Pero esta siguió carcomiendo las instituciones del sistema de justicia, socavando además la pírrica y precaria tranquilidad conseguida al terminar la guerra. Propiciando, además la corrupción y la delincuencia de “grandes ligas”.

Precisamente dicho Grupo, consciente del proceso de metamorfosis de la violencia política a otras formas de crimen organizado, inició premonitoria y objetivamente sus recomendaciones con lo siguiente: “Más allá de las víctimas directas, las autoridades del país y el Gobierno de la República en particular, se ven afectados de manera severa en su propia legitimidad y su capacidad de cohesionar a la sociedad en la perspectiva de la consolidación de la paz y la reconciliación entre los salvadoreños. El siniestro fenómeno descrito en este informe mina la estabilidad del proceso de paz, y en una cadena sin fin, alimenta actitudes violentistas, genera desconfianza en las instituciones democráticas y desalienta a los sectores productivos”. Decir eso en aquellos tiempos cuando todo era “amor y paz”,  era atrevido.

Así, en medio de los “cantos de sirena”  alabando el “proceso salvadoreño”, se tuvo tanto la prescripción del tumor maligno y como las recetas para curarlo. Pero la tumefacción siguió y sigue convertida ya en una metástasis que debe atacarse con todo desde su raíz, usando para ello los recursos legítimos y legales existentes dentro y fuera del país. Porque –hay que machacarlo– la violencia, la corrupción y todas las manifestaciones de la criminalidad organizada que asolan a El Salvador nacieron, crecieron y se desarrollaron en la tierra fértil de la impunidad. 

A todo lo anterior, se suma otro pernicioso asunto: las armas de fuego. Entre 1994 y el 2001, ingresaron al país más de setenta mil, junto a veinte millones de municiones. Según declaró José Miguel Cruz en el 2003 –cuando aún dirigía el Instituto de Opinión Pública de la UCA (IUDOP)– durante esos años fueron importadas casi veintisiete mil pistolas, más de veintitrés mil revólveres, como diecisiete mil escopetas, cerca de cuatro mil fusiles, 318 carabinas y 137 ametralladoras. Todas entraron legalmente al territorio nacional. Así, en el 2001, El Salvador era el séptimo importador de armas de fuego provenientes de Estados Unidos de América. De entonces a la fecha, cabe preguntar cuántas más ingresaron legal e ilegalmente. Este país es, pues, un arsenal de veinte mil kilómetros cuadrados donde cerca del ochenta por ciento de las muertes violentas se producen jalando un gatillo. Y las autoridades estatales, no hicieron ni hacen nada.

Para seguir hablando de lo mal que han conducido la posguerra los dos partidos que han tenido en sus manos el timón del país, lo que falta es tiempo y no argumentos. Más adelante, quizás, volverá “la burra al trigo” para recordar cómo le fue a la sociedad salvadoreña cuando –allá por 1978– se “endurecían” las leyes en medio de una cada vez más fuerte e indiscriminada represión.

“Muchas veces –clamaba en ese terrible escenario el beato Óscar Romero– me lo han preguntado aquí en El Salvador: ¿Qué podemos hacer? ¿No hay salida para la situación […]? Y yo, lleno de esperanza y de fe, no solo una fe divina sino una fe humana, creyendo también en los hombres, digo: sí hay salida. Pero, ¡que no se cierren esas salidas!”. Chile y Nueva York sufrieron terribles 9-11. El Salvador ya tiene el suyo también. No sigan cerrando las salidas, guanacos politiqueros de poca fe y sobrada ambición, para no volver a lamentar acá otros 911 asesinatos mensuales; además, para comenzar a superar la ya tan prolongada emergencia nacional.