Sanar heridas para alcanzar la paz

“Me quieren vender la noche por luz, la calma por la tempestad y yo quiero saber dónde diablos está la verdad...” Esta es parte de la “rola” con la que Alejandro Filio terminó su intervención el 3 de abril del 2005, hace una década, en el campus de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) en El Salvador. El mexicano fue parte del elenco internacional que convocó, junto a grupos y solistas nacionales, al cierre del Festival Verdad 2005 que en su octava edición se llamó: “De Romero a Katya, veinticinco años de impunidad”. En esta iniciativa del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), con Filio también acompañaron entonces la lucha de las víctimas que demandaban y aún demandan justicia en El Salvador,  Luis Enrique Mejía Godoy y Norma Helena Gadea de Nicaragua, Karla Lara  de Honduras y Adrián Goizueta de Costa Rica, para cerrar la velada con el “musicón” de Panteón Rococó, también de México.

Ese año, el 10 de marzo inició el evento con más de cien estudiantes de diferentes escuelas y universidades que participaron en el “Tercer concurso por la verdad, la justicia y la paz” con sus poemas, cuentos cortos, dibujos y pinturas. Esos trabajos fueron evaluados por jurados salvadoreños de gran nivel profesional. Silvia Elena Regalado, Manlio Argueta, Mario Noel Rodríguez, Ricardo Lindo, Augusto Crespín y Carmen Elena Trigueros valoraron la imaginación, el compromiso y la creatividad de esa juventud animada a trabajar sus obras alrededor de esos asuntos, tan importantes para una convivencia social armónica. 

  

En ese esfuerzo por promover tales valores entre las nuevas generaciones, también se  agradeció el apoyo de empresas privadas e instituciones patrocinadoras. Microsoft de El Salvador, la Asociación Infocentros, la Fundación Sigma, el Centro de Estudios Brasileños y la Oficina de Cooperación Española, se sumaron al afán por estimular las artes juveniles en torno a estos temas que siguen siendo parte de la agenda pendiente en este país.

Con la premiación de esta actividad, también se reconoció al alumnado de Ciencias Jurídicas de la UCA que participó en el Concurso de Derechos Humanos “Segundo Montes”. En dicho certamen se simulaba el trámite de un caso hipotético ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las y los participantes asumían el papel del Estado o de la Comisión Interamericana, para exponer sus argumentos sobre una violación de derechos humanos, entre las tantas ocurridas en el continente y que de hipotéticas o simuladas no tienen nada. Al final, el equipo triunfador representaba al país en eventos similares estadounidenses y ticos. El que ganó el citado concurso organizado por el IDHUCA en el 2004, consiguió agenciarse el primer sitio en la “Competencia internacional de derechos humanos Eduardo Jiménez de Aréchaga”. Ese fue otro de los logros del Festival Verdad.

Pero la conmemoración de las víctimas y quienes las acompañaban en el 2005, apenas comenzaba. Del 29 de marzo al 4 de abril, se desarrolló una jornada intensa alrededor de la misma. El turno al cine, le llegó entre el 29 y el 31 de marzo. En esos días se proyectaron filmes y documentales, seguidos de debates en los cuales se abordaron los desafíos y las dificultades en América Latina alrededor del rescate de la memoria, la lucha contra la impunidad y el trabajo infantil. En cada sesión, tras la presentación de la película, se compartieron las reflexiones de personas expertas en estas materias y del público asistente.

También hubo espacio para mostrar el trabajo que diversas organizaciones sociales  realizaban en favor de la población más necesitada, víctima de la pobreza –la “muerte lenta”, según Sobrino– y de la muerte violenta durante de la preguerra y la guerra; también de la falta de justicia. La Feria de Derechos Humanos se llamaba ese espacio, que en el 2005 se realizó del 29 de marzo al 1 de abril con la participación de doce entidades.

Además, durante esa semana se llevó a cabo por primera vez el Foro de San Salvador “Verdad, justicia y paz”, junto a la “Ruta de la Memoria”. Representantes de organizaciones y redes sociales mexicanas, chapinas, catrachas, nicas, canaleras, colombianas, peruanas, estadounidenses, españolas y salvadoreñas participaron en estos dos eventos. Fruto de su trabajo en mesas especializadas, se diseñaron estrategias regionales para promover esfuerzos a fin de hacer realidad esas aspiraciones en la región.

Asimismo, hubo otras actividades de debate, pensamiento y propuesta. Una mesa redonda sobre esos tres temas centrales, el taller “Memoria y conciencia histórica” y la conferencia “Derecho penal y derechos humanos”, juntaron importantes personalidades latinoamericanas como Miguel Álvarez, de la organización Servicios y Asesorías para la Paz (SERAPAZ), de México; José Ramón Juaniz, de Abogados del Mundo, Valencia; Blanca Martínez, del Centro Fray Bartolomé de las Casas, junto al fallecido y siempre querido don Samuel Ruíz, obispo emérito de Chiapas; y Fernando Fragoso, brasileño integrante del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD).

El arduo trabajo académico, la reflexión seria y el entusiasmo, la pasión y las demandas de las víctimas en ese vigésimo quinto aniversario del martirio de Romero –hace dos lustros– junto a los esfuerzos anteriores realizados en el escenario del Festival Verdad desde 1998, abonaron el camino para que en estos días se haya realizado –en San Antonio Los Ranchos, Chalatenango– el séptimo Tribunal internacional para la aplicación de la justicia restaurativa en El Salvador. Críticas le han llovido a esta iniciativa única en el país, aunque también ha habido aprobaciones. Las primeras vienen desde quienes, acomodados en la teoría, le pretenden poner “camisa de fuerza” a las iniciativas no convencionales surgidas del dolor de las víctimas y de sus ansias de justicia. “Si no hay victimarios pidiendo perdón y si las víctimas no los perdonan, no hay tal justicia restaurativa”. Eso dicen orondos, los “sabios”.

En cambio, quien ahora va directo a ser reivindicado por la Iglesia oficial como lo que es –mártir, profeta y santo– dijo en agosto de 1977: “Queremos ser la voz de los que no tienen voz para gritar contra tanto atropello contra los derechos humanos. ¡Que se haga justicia! […] ¡Que  se reconozca quienes son los criminales y que se dé justa indemnización a las familias que queden desamparadas!”.

Son esas, las víctimas y sus familias desamparadas por los poderes después de la guerra, las que encuentran un espacio para expresarse y ser escuchadas con respeto en ese Tribunal internacional promovido, hace más de ocho años, desde el IDHUCA y asumido luego como propio para su organización por un grupo de comités de víctimas de grave violaciones de derechos humanos, ocurridas antes y durante la guerra. Hoy, sin Romero ni nadie que se acerque a su altura siquiera un mínimo, es lo que se necesita: que esas personas, familias y comunidades salgan del desamparo oficial hablando, gritando, demandando y luchando por hacer valer esas demandas de verdad, justicia y reparación integral. Monseñor, santo patrono de los derechos humanos, interceda Usted para que esfuerzos como ese Tribunal se reproduzcan y crezcan en el afán porque esta sociedad sea digna realmente, sanando sus heridas y marchando en serio hacia la paz.

Para frisar

"Podrías partir hacia algún lado, ser de izquierda o de derecha... Eres la sombra de un cuerpo, eres la vida de un muerto" (Roberto González)

El magnicidio de Monseñor Romero

"Él cerraba sus homilías con los hechos políticos y trágicos de cada semana, las graves violaciones ocurridas en todo el país".    Lea más en http://mundo.sputniknews.com/entrevistas/20150325/1035694341.html#ixzz3VPxMpOlE

De exportación, no de consumo interno

Benjamín Cuéllar

El 24 de marzo del 2010, hace casi cinco años, cumplió tres décadas aquel trágico crepúsculo de un lunes que saltó a la posteridad de la peor forma posible: pasadas las seis de la tarde se consumó el magnicidio de monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez. Nueve meses después, el 21 de diciembre de ese mismo año, la Asamblea General de la ONU determinó que –a partir de entonces– en esa recordada fecha martirial se conmemoraría el Día internacional del derecho a la verdad, en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas.

¡Qué bien! Consumada por un diestro francotirador y gestada en una siniestra cabeza obstruida por su anticomunismo demencial, esa que mandó a la tumba a tanta gente buena en el país más pequeño de Centroamérica, resulta ser un buen telón de fondo para honrar tan legítimas aspiraciones de quienes –en el mundo– son damnificadas sobrevivientes y familiares dolientes de la barbarie. Esa ofrenda en el altar, desde hace siete lustros también es buen escenario para reivindicar y reafirmar la dignidad de las víctimas, en torno a la entrega de ese ser excepcional: uno de los más dignos y humanos que fue forjado así desde las entrañas del pueblo, tanto en su espacio como en su tiempo e historia.

En el centro de ese homenaje universal a Romero y a las víctimas, está la verdad. Pero la verdad no camina sola; va de la mano con la justicia. Prueba de ello es lo que el santo patrón de los derechos humanos reclamó en su homilía del 20 de agosto de 1978, al citar un reporte del Socorro Jurídico del Arzobispado sobre casi un centenar de personas desaparecidas por la fuerza, con sus nombres y edades, sitios de detención y recursos jurídicos activados. “Y soy testigo –se alzó como trueno la voz de los sin voz– de la verdad de estos noventa y nueve casos. Y por eso tengo todo el derecho de preguntar: ¿Dónde están? Y en nombre de la angustia de este pueblo, decir: ¡Póngalos a la orden de un tribunal, si están vivos! Y si lamentablemente ya los mataron los agentes de seguridad, dedúzcanse responsabilidades y sanciónese, sea quien sea. ¡Ha matado! ¡Tiene que pagar! Yo creo que la demanda es justa”.

Esos delitos contra la humanidad denunciados entonces por Romero, junto a decenas y decenas de miles de graves violaciones de derechos humanos más, siguen sin esclarecerse acá en El Salvador. Gobiernos llegan y se van atropellando a las víctimas; pero la dignidad de estas, esa sí, permanece intacta porque siguen demandando lo que les corresponde: verdad y justicia. Sin embargo, ni siquiera en el caso del pastor mártir han brillado ambas.

Entre 1992 y 1993 nació, se desarrolló y desapareció una Comisión cuyo informe no fue reproducido más allá de un par de publicaciones, impulsadas no por el Estado sino desde la sociedad. Era la “de la Verdad”, concebida en medio de los devaneos negociadores entre el entonces Gobierno y la entonces guerrilla, pero parida después por la ONU. Esas dos partes firmantes de los acuerdos que terminaron su guerra, también se comprometieron a superar la impunidad poniéndole especial atención a los casos en los que estuviera –literalmente– “comprometido el respeto a los derechos humanos”.

Para ello, remitirían “la consideración y resolución de este punto” a la citada Comisión de la Verdad. Sin embargo, independientemente del bando responsable, esas demostraciones del salvajismo más aberrante también se someterían al funcionamiento “ejemplarizante” del sistema de justicia interno, para aplicarles todo el peso de la ley a sus responsables. Ello, así lo acordaron, independientemente del bando al que hubiesen pertenecido.    

Dolor más grande de pueblo por la muerte nunca aclarada –como deberá ser algún día– de quien durante los dos últimos gobiernos ha sido enarbolado como estandarte en el marco de un fariseísmo oficial, que lo presume como “guía espiritual” sin que sus precarios logros pasen de una petición general de perdón y de la nominación de ese Día internacional del derecho a una verdad que –más allá de la retórica– aún permanece soterrada en lo más hondo de este país. En la posguerra, de los anteriores períodos presidenciales a los de la antigua insurgencia era de esperarse la negación de la misma y su ocultamiento. No podía ser de otra manera, si entre sus filas participaron herederos políticos del cerebro criminal así como cómplices, financiadores y encubridores de la perversa conspiración. Por tanto, no se iban a hacer cargo de nada aunque ahora –rebosando hipocresía– más de uno incline la testa ante el venerable prelado, en la víspera de su anunciada beatificación.

¿Hubo algún chance de hacer algo por la verdad y la justicia en este caso? En la década de 1980, quizás ninguno. De lo actuado por la Comisión de la Verdad y reseñado en su informe, se puede establecer que desde las investigaciones iniciales fue evidente y descarada la deliberada ineficacia. Esas pesquisas fueron del todo discutibles, nada confiables y apestadas por razones políticas. La Policía Nacional, por ejemplo, no recolectó indicios materiales en el lugar sino hasta el 2 de abril de 1980, a más de una semana del hecho. Atilio Ramírez Amaya fue el juez que condujo la autopsia del santo cadáver, abrió el expediente judicial –cuyo número de referencia era el 134-80– y debió renunciar para abandonar el país y salvar su vida, luego de un atentado que sufrió tres días después del martirio. Además, un testigo presencial del magnicidio fue detenido y nunca apareció.

El 7 de mayo de 1980 capturaron a doce militares –incluido Roberto D'Aubuisson– y doce civiles, acusados de complotar contra el Gobierno de la época. En ese operativo se confiscó valiosa documentación que bien pudo utilizarse para descubrir la verdad y hacerle justicia a Romero, a la Iglesia católica y al pueblo. Pero no. Nada fue entregado al Juzgado Cuarto de lo Penal, hasta que dos años después se tuvo en el tribunal una copia –no original– de la agenda incautada entonces con información inapreciable. En marzo de 1984, en plena campaña presidencial, D’Abuisson presentó una grabación en la que un supuesto “comandante” guerrillero “confesaba” ser cómplice del crimen. Este delincuente común encarcelado entre 1979 y 1981, luego declaró que le ofrecieron cincuenta mil dólares si se  hacía cargo. D'Aubuisson insistió en culpar a la insurgencia; también lo hizo el ejército.

Y así siguió el desatinado curso del proceso judicial interno, cerrándose y abriéndose la causa según los vaivenes políticos y electorales hasta que –el 31 de marzo de 1993– un juez sobreseyó definitivamente al único acusado: el mayor Álvaro Saravia. Lo hizo el 31 de marzo de 1993, alegando que lo favorecía la amnistía aprobada días antes. El juez no resolvió sobre D'Aubuisson, al sostener que nunca fue imputado y que al morir se extinguió su responsabilidad penal. La última pieza del expediente se cerró en 1994.

La conmoción nacional e internacional que generó el martirio de Romero, fue suficiente razón para que la Comisión de la Verdad investigara los hechos y difundiera –el 15 de marzo de 1993– sus conclusiones, que eran contundentes y pudieron servir para abrir un nuevo proceso. Pero no; tampoco se hizo nada. Luego, en marzo del 2000 se publicó el informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; de igual manera, sus resultados apuntaban a los mismos responsables y a las mismas motivaciones. Y la historia se repitió: no se movió un dedo, pese a la obligación estatal de esclarecer la verdad e impartir justicia.

Verdad… justicia… En este país, al escucharlas, no queda más que recordar al enigmático  Pessoa en pareja con el prolífico Aute: “¡Extrañas palabras! ¿Serán un conjuro? ¡Hoy cualquier cerdo es capaz de quemar el Edén por cobrar un seguro!” Eso han dicho ese par. Hoy también, digo yo, cualquier lerdo es capaz de usar a Romero para presumir de ser puro. Por eso, más que andar afuera llenándose la boca y luciendo lo “buenos” que son en la ONU o donde sea, hagan bien lo que tienen que hacer quienes tiene que hacerlo acá adentro, para honrar al mártir y a quienes fueron en serio la razón de ser de su martirio: las víctimas.

Para frisar...

"Vivas se las llevaron, vivas las queremos... Vivas las mantendremos, vivas las amaremos..."

Para frisar

“La misión y la visión, se paga la consultoría y se tienen… La pasión y el corazón, la imaginación y la creación, la indignación y la acción, se tienen o no se tienen ni pagando"

A Romero

A una semana del trigésimo quinto aniversario de su martirio, dos homenajes al santo patrón de los derechos humanos...