Trumpadas

En este caso es posible, ojalá, que dos más dos sean cuatro. En política, se dice, no es cierto y se agrega que en esta hasta los ríos se devuelven. Pero ante lo ocurrido durante las primeras cien horas de la nueva administración de la Casa Blanca ‒no durante sus primeros cien días, que aún no llegan‒ lo que dijeron era una estrategia de campaña ahora apunta a ser una extraña pero muy embarazosa y hasta espantosa realidad.  

Donald Trump tenía enemistades antes de ser el cuadragésimo quinto presidente de los Estados Unidos de América (EUA), el 20 de enero de este año; desde entonces, parece haberse agenciado más. Entre todas, la peor no el terrorismo fundamentalista; tampoco la “invasión” al territorio que hoy “dirige”, de una emigración que para nada es reciente; es histórica y cupo hasta su madre en la misma. No son esas las más grandes; sus más terribles enemistades son su propia personalidad, sus decisiones y sus acciones.

Con decretos, declaraciones o tuits que ha emitido desde que está al frente de tan poderosa nación ‒esa que hace más de ocho años parecía profundizar su democracia, con la elección de un mandatario federal afroamericano‒ le ha ido hincado clavos, uno a uno, a su ataúd político. Ya le renunció por torpe Michael Flynn, uno de sus asesores “estrella”, y no aceptó sustituirlo el vicealmirante Robert Harward.

De seguir así, como parece seguirá, cabe considerar como posibilidad para frenar sus ímpetus lo establecido en la sección cuarta, artículo II, de la Constitución estadounidense: sacarlo de la presidencia si es acusado y declarado culpable “de traición, cohecho u otros delitos y faltas graves”.

Otro escenario podría ser el de una oposición social interna fuerte y masiva, permanente y creativa, a la que se sumen liderazgos políticos, religiosos y morales dentro y fuera de aquel país. Llama poderosamente la atención que importantes funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas ‒el alto comisionado para los derechos humanos y el relator especial sobre la tortura, en concreto‒ lo han cuestionado públicamente.

Todo eso, en conjunto, vendría a ser una especie de détente global en defensa de valores incuestionables fundados en la dignidad de la persona humana y de los pueblos.

Tras esta preocupada combinación de cruda realidad e ilusionada especulación, no es descabellado ver lo que ocurre en EUA y el mundo como una oportunidad para la subregión ‒hoy por hoy y desde antes‒ considerada la más violenta y peligrosa del planeta: los territorios chapín, catracho y guanaco, conocidos como el “triángulo norte centroamericano”.

Ingenuo o deschavetado, dirán. Pero debe verse, asumirse y administrarse la actual coyuntura internacional, con visión de real oportunidad para estos pequeños países cuyos esfuerzos ‒separados‒ son pequeños y débiles; sumados, pueden ser mayores y más fuertes. No hay que desaprovecharla indolentemente. ¿Qué se puede esperar de sus gobiernos? Desde la administración Obama,  andaban en la rebusca de más ayuda proveniente de aquel país en cuya agenda tienen lugar prioritario combatir la narcoactividad, reducir la inseguridad, luchar contra la corrupción y superar la impunidad. En esos menesteres, los presidentes de los mismos elaboraron y presentaron en septiembre del 2014 los “Lineamientos del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte”. Les aceptaron la propuesta. Para eso, el trío original –falta  un integrante, precisamente por obediencia a dicha agenda en Guatemala– se desnudó reconociendo los grandes males que azotan a las mayorías populares y de los cuales son responsables, junto a sus antecesores; luego, cada cual extendió la mano para empezar a recibir algunos millones de dólares aprobados para echarla a andar.   Habrá que ver si Trump no los arrodilla; también si la dichosa propuesta surte efecto en una subregión donde el principal ejemplo del fracaso es El Salvador. ¿Hay mejor agenda para transformarlo que los acuerdos de Ginebra y Chapultepec? No. ¿Cuánto dinero se invirtió para cumplirla, mediante su democratización y el respeto de los derechos humanos? Se dice que casi $ 2,500. Y véanlo hoy, a más de cinco lustros transcurridos del fin de la guerra. Háblese entonces, mejor, de movimientos sociales organizados y activos luchando por hacer de sus países los lugares donde se pueda vivir bien y la gente no tenga que huir de la violencia y la falta de oportunidades. Si no, seguirán siendo “cantos de sirena” los “planes asistenciales o soluciones que nunca llegan o, si llegan, llegan de tal manera que van en una dirección o de anestesiar o de domesticar”. (Papa Francisco, octubre del 2014; discurso en el Encuentro mundial de movimientos populares”).

Ahora es cuando...

Benjamín Cuéllar

Hay en España, Argentina, Colombia, Perú y otros países que sufrieron las consecuencias de ese flagelo… Ha habido congresos internacionales de sus víctimas… En el quinto, realizado el 2009, ubicó al terrorismo como un “fenómeno global (…) injusto e injustificado, cruel, abominable y rechazable”. Igualó a sus víctimas como “seres inocentes cuyas vidas se ven quebradas por la maldad de aquellos que no saben exponer sus ideas de otra forma que no sea usando la violencia”.

Además de las víctimas directas, se refirió a otras: sus familiares, amigos, comunidades y “el conjunto de la sociedad que se ve amenazada por el riesgo de acciones terroristas o alteradas por la realidad de las mismas”.

Ahora aparece en El Salvador una agrupación que, parece, consideró lo anterior pues no son víctimas directas pero denunciaron ‒este 8 de febrero‒ a integrantes de la comandancia general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), incluido el presidente Salvador Sánchez Cerén; también a dirigentes de organizaciones integrantes del mismo y autores materiales de graves violaciones de derechos humanos.

Ojalá no pretendan utilizar esos casos para fines políticos y electoreros, algo de lo que nos acusaron durante 23 años a quienes batallamos hasta derrotar la amnistía; ojalá tampoco busquen atemorizar a quienes acusan y, desde esa “posición de fuerza”, negociar una artificial “salvación” de victimarios pertenecientes a uno y otro bando. Esos dos sempiternos rivales de papel, luego del fin de su guerra, acordaron hace 25 años superar la impunidad; en lugar de eso, algo muy sano, la fortalecieron con una autorecetada amnistía. Esto fue  dañino.

Era literalmente necesario “esclarecer y superar todo señalamiento de impunidad de oficiales de la Fuerza Armada, especialmente en casos donde esté comprometido el respeto a los derechos humanos”. Asimismo, reconocieron que “hechos de esa naturaleza, independientemente del sector al que pertenecieren sus autores, deben ser objeto de la actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia, a fin de que se aplique a quienes resulten responsables las sanciones contempladas por la ley”. 

Los 32 casos publicados por la Comisión de la verdad, son emblemáticos; hay mucho más que también lo son. Pero no bastaba que aquellos se conocieran, aunque se les diera muy poca difusión. Al menos esos había que volverlos ejemplarizantes sometiéndolos al sistema de justicia interno, por dos elementales razones. Hacerlo funcionar como se debía y mostrarle al mundo ‒al país también, principalmente‒ que en adelante nadie estaría por encima de la ley. Hace rato, si se hubiera hecho antes, este país fuera “normal” o “casi normal”.   

A eso le llaman hoy litigio estratégico y puede contribuir a educar en el sentido más profundo de lo que significa un proceso de pacificación. Este debe cimentarse en la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. La verdad no es de la izquierda ni de la derecha; esas están sesgadas y son incompletas. La verdad verdadera y, en lo posible, total la establece la Fiscalía General de la República (FGR); la justicia, el ente responsable de impartirla. 

Como eso no se hizo durante 25 años. Por ello, callaron los fusiles aquellos pero las atrofiadas instituciones no cambiaron para bien y la violencia siguió. No son las mismas causas, dicen; antes eran políticas y ahora sociales. Conformarse con eso es aceptar algo cierto, pero que facilita evadir la discusión juiciosa y la superación de las causas profundas que son las mismas de antes: exclusión, desigualdad e impunidad.

No habrá país decente para su gente ni memoria histórica congruente con la verdad, si no se le da este enfoque y tratamiento a cualquier esfuerzo que pretenda contribuir a alcanzar la paz. Para ello, hay tres fuentes primarias de inspiración y dirección. El Acuerdo de Ginebra, firmado por  los responsables de que el país siga estando mal; también las homilías y cartas pastorales del beato Romero. Finalmente, está la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. 

“Deben” es el verbo utilizado en el compromiso antes citado para superar la impunidad. Exige la obligatoriedad de hacerlo; obligatoriedad que continúa vigente. La amnistía fue, durante 23 años, la herramienta ocupada para incumplirlo y ya no la tienen para favorecer a victimarios.

Cualquier persona que se considere víctima directa o desde la perspectiva amplia consignada al inicio, puede demandarle a la FGR que investigue seriamente y proceda como sea debido. Eso es lo que hizo la agrupación denominada “Víctimas del terrorismo”. No son las primeras ni serán las últimas porque, dice la gente, “ahora es cuando, papito…”

Dos letras

Benjamín Cuéllar

“Toda persona tiene derecho a la vida…” Así inicia el segundo artículo constitucional en El Salvador; en su siguiente párrafo se garantiza a toda la población su derecho al honor. No hay dónde perderse o, más bien, no debería haberlo. Pero acá, la Carta Magna no alcanza a ser más que un borrador mínimo de aspiraciones y mandamientos que solamente deben respetar quienes menos tienen: las mayorías populares. Los que tienen todo, minoría privilegiada, ¿por qué y para qué? La impunidad imperante permite que la violen sin problema. Que conste, entre esta última categoría también hay gente buena; de “categoría”, entendida esta como seres dignos por ser respetuosos de la dignidad de las demás personas.

¿Por qué iniciar estas líneas citando ese par de preceptos constitucionales? Pues porque este intento de comentario, lo provocó un hecho que ha sido noticia en los medios y que ha generado abundantes reacciones. Un abogado, empleado de la Corte Suprema de Justicia, murió atropellado este viernes 27 de enero. De forma reactiva y temeraria, sin información ni reflexión, el encargado de las comunicaciones presidenciales ‒Eugenio Chicas, alias “Marquitos” durante la guerra‒ se lanzó al ruedo y salió al “quite”: dijo que la víctima era… “indigente”. 

Es entendible que haya dado la cara y hablado, pues el vehículo y el motorista responsable del fatal hecho son parte del stock del Ejecutivo; pero lo hubiera hecho con inteligencia, con prudencia, con decoro y ‒sobre todo‒ con verdad. Además, oficioso señor Chicas, ¿acaso un indigente no es gente? ¡Ay, ay, ay! ¿De qué madera hicieron a quienes han conducido este país desde hace ya más de un cuarto de siglo? Parecen ser la encarnación del “Malamén”, que no es un villano de película; quien ha rezado el padrenuestro, ruega a Dios que nos libre de eso.

A estas alturas, ya se difundió ampliamente la denuncia de la esposa del fallecido. Este, José Rafael Zelaya González de 58 años, salió joven del campo a la ciudad a estudiar y se graduó abogado; fue el único profesional de entre ocho hermanos. También son muchos los comentarios llenos de indignación que ha generado el hecho en su conjunto, desde las sospechas de haber sido manipulada la escena del accidente hasta las citadas declaraciones del vocero oficial de Casa Presidencial. No es necesario repetir, pues, lo que ya se dijo. 

Mejor recordar unas líneas del reciente mensaje del papa Francisco para la quincuagésima jornada mundial de las comunicaciones sociales. El pontífice ‒este que celebra sus cumpleaños comiendo con indigentes‒ llamó a quienes “tienen responsabilidades institucionales, políticas y de formar la opinión pública”, a estar “siempre atentos al modo de expresase cuando se refieren a quien piensa o actúa de forma distinta, o a quienes han cometido errores”. “Es fácil ‒continuó‒ ceder a la tentación de aprovechar estas situaciones y alimentar de ese modo las llamas de la desconfianza, del miedo, del odio”. ¡Qué oportunas e iluminadoras palabras!

Volviendo a la trágica muerte del licenciado Zelaya González y a las infortunadas declaraciones de Chicas, cabe destacar que este último insinuó además que la culpa era del primero al no haber cruzado la calle por la pasarela. Cometió un “error” fatal y el comunicador presidencial cedió ante la tentación de generar duda sobre cómo ocurrieron los hechos, desconfianza respecto a cualquier otra versión y hasta condena inapelable de la víctima.

Si aseguró que esta era un “indigente”, ¿habrá que creerle a ojos cerrados que había pasarela? Al menos yo, dudaría de estas declaraciones y de otras más. En una ocasión remachó y remachó, sosteniendo que el Gobierno actual ‒del cual es una especie de merolico o palabrero‒ no entregaba sobresueldos a nadie de su burocracia.

¿Quién sabe? Pero, entre líneas, claramente aceptaba que los anteriores sí; eso fue confirmado por la ministra de Salud Pública de la administración de Mauricio Funes ‒el primer presidente de “izquierda” salvadoreño, hoy asilado en Nicaragua acusado de corrupción‒ en una entrevista. ¿Por qué, si tiene información de esa práctica malsana, no promueven una investigación de lo ocurrido desde el 2014 hacia atrás?

Así las cosas, ¿cuántas de sus aseveraciones anteriores sobre ‒por ejemplo‒ los “logros” que se presumen en la onerosa y poco creativa campaña publicitaria “Salvador cumple” estarán reñidas con lo que el obispo de Roma predica? “Marquitos” no es indigente, pero está cerca de serlo. Apenas dos letras lo separan. Actuó y se mostró, al menos en este caso, como un indecente. Por eso, la familia de la víctima no lo disculpó. Pobre…

¿Paz sin justicia?

Benjamín Cuéllar

Pasó lo más fuerte de la bulla. Hoy solo quedan ecos de un elitista concierto y el vago desconcierto que deja la mención de nuevos acuerdos para avanzar hacia una paz que, irresponsable y lastimosamente, no llega desde hace 25 años. Bueno, también quedó inaugurado el monumento a una inexistente reconciliación. Esa entelequia de quienes han hecho del ejercicio del poder un buen negocio, tampoco llegó a El Salvador pues ‒pese a sus investigaciones y recomendaciones‒ la Comisión de la Verdad fue ninguneada por las mismas partes que acordaron crearla.

No fue culpa de esta. Dicha Comisión hizo lo que pudo, pero pudo más la decisión de quienes ‒siendo y sabiéndose responsables de las atrocidades ocurridas‒ se refugiaron vilmente en la madriguera inmunda de la impunidad. Esa es la parte irresponsable de lo ocurrido.

Para reconciliar la sociedad salvadoreña, había que perdonar. Sí. Pero, atinadamente, la citada Comisión estableció algo refutable únicamente por criminales cobardes. No se trataba de “un perdón formal”, limitado “a no aplicar sanciones o penas”. Del conocimiento de la verdad había que pasar a los requerimientos de la justicia: había que condenar y castigar a los autores de la barbarie; además, había que reparar debidamente a sus víctimas directas y a sus familiares.

Lo primero lo acordaron las partes beligerantes en el documento que firmaron en Chapultepec el 16 de enero de 1992, tras reconocer que las graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad ‒”independientemente   del   sector  al  que   pertenecieren  sus  autores‒ debían “ser objeto de la actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia, a fin que se aplique a quienes resulten responsables de las sanciones contempladas por la ley”. Eso acordaron los guerreros y la Comisión lo ratificó, pero aquellos no cumplieron. Lo segundo es un derecho reconocido nacional e internacionalmente. 

Pero tanto la Alianza Republicana solo de nombre “Nacionalista” (ARENA) como el Frente Farabundo Martí dizque para la “Liberación Nacional” (FMLN), siendo oposición o Gobierno, se olvidaron de las víctimas y blindaron a los victimarios. Esa es la parte lastimosa.

No hay donde perderse, por más amagos politiqueros que hagan ambas maquinarias electoreras. Que se vayan juntas al cementerio de la historia y que nazca una nueva oportunidad para un país donde, cinco lustros después de arreglarse entre aquel par de fuerzas enfrenadas con las armas, la sangre de las mayorías populares ‒sobre todo la de sus adolescentes y jóvenes‒ se sigue derramando; además, continúan aguantando hambre por falta de oportunidades y permanecen sedientas de justicia. Por ello, siguen abandonando El Salvador; al menos, quieren irse y muchas veces lo intentan.

¿Qué deben hacer entonces esas sempiternas víctimas y la sociedad entera este año? Salir del desengaño, que hace tanto daño. Recuperar su historia, aprender de la misma y no seguir creyendo en mesiánicos palabreros, falsos profetas y fanfarrones corruptos. En este país, por hipotecar sueños y esperanzas en esa chusma, se ha probado de todo y no se ha logrado nada en favor del bien común. Más bien, permanece extendido el mal común; eso destaca en un cuarto de siglo sustentado, igual que antes, en la injusta exclusión y la impune violencia. Por ello, debe conocerse y aprender del pasado.

En este 2017 se cumplen 85 años de “la matanza”. En enero de 1932  ensangrentaron el suelo patrio; sus responsables, civiles y militares, fueron “premiados” seis meses después con una amnistía. 45 años atrás se robaron la Presidencia de la República con un descomunal fraude electoral; repitieron la “hazaña” el 20 de febrero de 1977, hace cuatro décadas, y transcurridos veinte días  masacraron el 12 de marzo a Rutilio Grande, Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus, de apenas 16 años. 

No les bastó y en 1980 asesinaron a monseñor Romero, al rector de la Universidad de El Salvador ‒Félix Ulloa‒ y a seis dirigentes del Frente Democrático Revolucionario; cerraron el año violando y matando a cuatro religiosas estadounidenses. Esos crímenes se dieron entre tantos cometidos por las fuerzas gubernamentales y rebeldes, mientras sonaban los tambores de una guerra que arrancó el 10 de enero de 1981; ese año, según el Socorro Jurídico Cristiano las víctimas mortales de la población civil no combatiente sumaron 16,266.

Silenciaron los fusiles, había que hacerlo; pero, ¿también la verdad? ¡No! Esa hay que rescatarla. Ambos bandos tienen culpas y deben responder para que en el país ya no existan “intocables”, porque funcionan las instituciones. Por eso temen, pues tras la verdad sigue la justicia. Si no, ¿cuál paz?

Balance

Benjamín Cuéllar

En estos días, han sido numerosas y variadas las opiniones sobre un hecho histórico que marcó un antes y un después para El Salvador. Pero lo que quedó atrás y lo que se vino tras el 16 de enero de 1992, hace ya cinco lustros, no fue parejo. Hubo quienes se beneficiaron; hubo quienes, para nada. De ahí que, pasados los años, hayan sido y sean diversos los juicios y balances al respecto. Van desde las rastreras loas sin sustento, hasta las sublimes y justificadas puteadas.

Gobernantes asistentes a la firma del Acuerdo final de paz, más conocido como el “de Chapultepec”, declararon que iniciaba una “nueva etapa” nacional; auguraron la ampliación de “horizontes de bienestar común” con democracia y respeto de los derechos humanos. El secretario general de la ONU en el momento, Boutros Boutros-Ghali, habló del final de una “larga noche” y anunció una “nueva era”; quedó atrás, dijo, un “país profundamente perturbado” y “asolado por la violencia” durante más de una década.

El entonces presidente Alfredo Cristiani pidió ver hacia el futuro, “único sitio” dónde edificar el anhelado país “grande, prospero, libre y justo”. ¿Brillante? No se me hubiese ocurrido mirar al pasado para ello, pero sí para aprender de las lecciones del mismo. Eso no lo permitió Cristiani. Más bien ‒antes y después de presentarse el informe de la Comisión de la Verdad‒ pidió una “amnistía general y absoluta, para pasar de esa página dolorosa de nuestra historia y buscar ese mejor futuro para nuestro país”. El 16 de enero de 1992 dijo que solo había tiempo para “trabajo”, “reconciliación” y “paz”. 

Schafick Handal reivindicó el turno de la nación, asumiendo “el protagonismo de su propia transformación”. Y el fallecido expresidente Francisco Flores dijo, diez años después, que al finalizar la guerra “dejamos de retroceder”. Palabras, palabras y más palabras…

Tras cinco lustros de aquel 16 de enero mi balance es más modesto y, quizás, más molesto. Lo resumo en tres bailes escenificados primero por aquel Gobierno y su Fuerza Armada, junto a aquella insurgencia rebelde ya para entonces desarmada pero además entusiasmada con ser parte del sistema que algún día quisieron desaparecer. Esa “parejita” danzó y pasó de lo sublime a lo miserable; en esto último sigue enfrascada, al son de una politiquería barata y bajera.

Iniciaron con el vals intitulado “Democracia y paz”. Preciosa letra y música de ensueño plasmadas en los acuerdos firmados por ese “lindo” dúo danzante de la época ‒Gobierno “arenero” y exguerrilla “efemelenista”‒ que desde el salón imperial del Castillo de Chapultepec encantó al mundo. Tendido a sus pies, este aplaudía frenético y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo ponía como imitable ejemplo.

Luego se vino el “perreo” partidista en la pista del Salón Azul legislativo. Con gana de joder al sempiterno rival ‒relamiéndose y contoneándose entre pasos indecentes y roces obscenos‒ se amontonaban nuevas parejas antes impensables, apretadas y bien topadas chocaban sus copas por lo alto para meterse zancadilla por lo bajo y dedicarse a atracarnos impunemente.

Finalmente está el  striptease o estriptís en el "tubo" de Casa Presidencial. Una desvergonzada y ramplona “encuerada”, dirían en México. Nada sensual y asquerosamente fea, completado por la “derecha-derecha” durante dos décadas y en avanzado proceso de completarse desde hace siete años por la “izquierda-derecha” ‒ya casi completo‒ mostrando el patético absurdo de ambos cuerpos politiqueros, desencantadores e impresentables, a pesar de los esfuerzos del mejor cirujano plástico que la ONU pudiese conseguir y contratar. Así se desnudaron uno y otro partido, destapándose a cual mayor ordinariez y ante sonoros, indignados y justificados chiflidos...    

¿Qué nos queda? ¿Seguir soportando tan decadentes espectáculos por cinco lustros más? No. ¡Por favor! Que no nos quieran dar “atol con el dedo” anunciando “nuevas generaciones” de acuerdos, si no cumplieron el de Ginebra. Este, firmado el 4 de abril de 1990 planteó los pasos para alcanzar la paz: respeto irrestricto de los derechos humanos, democratización del país y unidad nacional.

Este pueblo ‒el del beato Romero‒ debe despertar y organizarse, demandar, luchar y lograr los cambios profundos para alcanzar el bien común. No es lo mismo el “buen vivir”, ojo, que el bien común. El primero puede ser para unos pocos vividores; el segundo debe ser para toda la población. Es su derecho constitucional.

Nuestro buen pastor y mártir dijo que “un pueblo desorganizado es una masa con la que se puede jugar; pero un pueblo que se organiza y defiende sus valores, su justicia, es un pueblo que se hace respetar”.

InformaTVX entrevistó a Benjamín Cuéllar y Pedro Martínez, investigadores y defensores de derechos humanos, para conversar sobre justicia transicional y otros asuntos que siguen siendo grandes deudas en este ámbito esencial para la pacificación real y plena de El Salvador, a 25 años del fin de la guerra. Pueden ver la entrevista en el siguiente vídeo. 

Pleito de mercados

No hablo de lo que cualquiera podría asumir con simplicidad: puteadas y hasta golpes de por medio entre dos “viejas placeras”. Lo último, mal usado, es “peroyativismo” barato y cómodo. “Viejas” son, entre las diversas acepciones ofrecidas por los celadores del idioma, quienes merecen afecto e inspiran confianza. “Viejo, mi querido viejo” cantó, por ejemplo, Piero. Y nadie se ofendió. Es más, muchísima gente tarareó esa letra en algún “día del padre” y ‒cariñosamente o por costumbre‒ la entona al menos una vez al año durante esa celebración. Y “placeras” son las personas, hombres y mujeres, que trabajan en la plaza. No hay dónde perderse.

Aclarados esos términos, es necesario precisar algo más. Por “pleito de mercados” debe entenderse, en esta oportunidad y para estos fines, no las antes referidas peleas sino la “bajera” politiquería que le recetan desde hace tanto a este “paisíto” quienes acordaron ‒veinticinco años atrás‒ terminar su guerra en las trincheras para prolongarla en las urnas. Cuánta razón tuvo el enorme Roque, irreverente y hasta hoy eternamente atrevido, cuando afirmó que “deberían dar premios de resistencia por ser salvadoreño”. 

Pero, conste, no fue Roque quien motivó la redacción del presente comentario. Fue otro grande de las letras también nacido en esta sufrida tierra: Francisco Andrés Escobar, maestro de maestros. Hace nueve años, el 2 de enero del 2009, La Prensa Gráfica le publicó un texto en el que se lee esto:

“Respecto del país, como ya entramos al otro año, la cosa de las elecciones se va a ir poniendo cada vez más peluda. Según las encuestas del 2008, la gente piensa que la campaña es sucia. Y es que muchos políticos actúan como viejas placeras sacándose los trapos al sol. ¿Para qué gastar tanto pisto en propaganda, digo yo, para ver y oír lo que ya sabemos?”

Francisco, en el ocaso de los gobiernos centrales de la derecha y la víspera del inicio de los de “izquierda”, sí echó mano del imaginario popular en lo que toca al “pleito de mercados” entre mujeres vendedoras. Ojo, también hay “viejos placeros” desde esa óptica violenta y vulgar.

¿A qué viene todo esto? Tiene que ver con lo que recientemente ocurrió en los municipios de Santa Tecla y Mejicanos; el primero en manos de ARENA y el segundo en las de su supuesta antípoda: el FMLN. Enfrentamientos entre las autoridades versus quienes intentan ganarse la vida vendiendo lo que sea, dentro y fuera de esos espacio públicos para la compra y venta de artículos de primera, segunda y hasta quién sabe qué necesidad.

Surgen explicaciones y acusaciones similares entre quienes presumen estar “al servicio de la gente”, cuando son confrontados precisamente por gente que reclama el derecho a ganarse la vida en un país donde ‒desde siempre‒ las oportunidades para disfrutar un digno desarrollo humanos no se “venden en la tienda de la esquina”. Así diría “Aniceto Porsisoca”, el célebre cómico salvadoreño fallecido hace casi veinticuatro años.

Donde reina ARENA, esos conflictos son “estrategia desestabilizadora” del rival; donde impera el FMLN, lo mismo pero al revés. Y para meter relajo en busca de votos, “palabrean” ambos dinosaurios, su contrario ocupa a las maras. 

¿Qué dijo el “arenero” Roberto D’abuisson hace cerca de un mes, cuando en el conflicto con vendedoras y vendedores del mercado ocurrieron disturbios en la municipalidad a su cargo? Lo siguiente: “Personas que están vinculadas con grupos irregulares, personas que están vinculadas al crimen organizado y agrupaciones terroristas, han estado acá en Santa Tecla. Eso me da la pauta de que ahí no hay vendedores; en ese desorden, ahí lo que hay es venta de ilícitos y nosotros no (nos) vamos a prestar a eso”.

¿Qué dijo hace unos días el “efemelenista” Simón Paz, cuando el relajo violento tuvo lugar en Mejicanos ‒el territorio que gobierna‒ y fue incendiado parte del Mercado Zacamil? “Lo que ha pasado aquí sale de la esfera legal, son actos vandálicos, terroristas. Yo no creo que los vendedores puedan hacer ese tipo de actos”, fue lo que sostuvo. 

Y se acercan las elecciones, por lo que pueden extenderse los “fuegos politiqueros” en estas y otras comunas. ¡Ya déjense de porquerías! “Los políticos ‒cito a Francisco, no el Papa sino al otro poeta‒ debieran llevar una vida como la que dijo el padre en la misa de Navidad: austera, justa y en obediencia a las leyes de Dios. Pero para estos el único Dios es el pisto, el poder y las apariencias”. ¿Qué queda entonces? ¿Mandarlos a la…?