Carapintadas

Benjamín Cuéllar

El 27 de abril 1991, la “rebeldía” salvadoreña ahora sepultada y el entonces militarizado Gobierno nacional, firmaron en México el cuarto documento producido durante sus negociaciones que culminaron hace casi cinco lustros. Se acerca el aniversario. Lo que está lejos, lamentablemente, es lo ofrecido por ese par de vetustos y vacuos actores en la melodramática polítiquería nacional de posguerra. Doce meses antes, se obligaron en Ginebra a dejar de combatir entre sí lo más pronto posible; además se comprometieron a democratizar el país, respetar los derechos humanos y (re)unificar la sociedad. Ese, dijo la ONU, era el “camino de la paz”.

Volviendo al Acuerdo de México, que propició una reforma constitucional sustantiva, cabe recordar que hubo un “pero” por parte de la entonces guerrilla y ahora Gobierno. Al final, en una “declaración unilateral”, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) cuestionó la redacción del artículo 211; no aceptaba que la Fuerza Armada apareciera como una “institución permanente”. Además, exigía una “desmilitarización” sin dar explicaciones; supondría que del país, pues la de la seguridad pública y de la futura Policía Nacional Civil ya estaban convenidas.

Con esos antecedentes, a poquito más de los ciento cincuenta días del veinticinco aniversario del Acuerdo de Chapultepec, cabe preguntar cómo están las cosas. ¿Bien? ¡Para nada! Un vistazo sobre algo que ha dado mucho de qué hablar recientemente, es suficiente para respaldar tal aseveración. 

En algunos medios apareció una noticia alarmante para un país que, sin sufrir los estragos de una guerra es considerado si no el más violento, uno de los más violentos del planeta. Habían desaparecido, se afirmó, más de mil quinientos pertrechos; no estaban, se esfumaron. Eso ocurría en una tierra por décadas anegada en sangre, sin que ningún Gobierno –ni este ni los anteriores‒ hayan hecho algo por “agarrar al toro por los cuernos”. Si el director de la Policía Nacional Civil ‒comisionado Howard Cotto‒ acaba de afirmar que el 83% de los homicidios y feminicidios se cometen con armas de fuego, no hay dónde perderse. Al menos, habría que comenzar por suspender la venta legal de estos artefactos mortíferos. Pero no. Son muy grandes, enormes, los intereses en juego.  

Hace unos meses, con cifras oficiales en mano, un periódico digital soltó unos datos que le pararían los pelos incluso a quienes no tenemos: del 2010 al 2015, el promedio anual de armas registradas fue once mil; es decir, treinta diarias. Según la misma fuente, del 2009 al 2014 –años de “esperanza”, “cambio” y “buen vivir”– la suma de dólares por su venta legal superó los nueve millones; en el 2014, poco faltó para alcanzar los dos millones.

Siendo en El Salvador “artículos de primera necesidad”, sea para una poco probable protección o para un bastante factible ataque, que se pierdan armas propiedad de la milicia es algo gravísimo. Frente a la noticia del descomunal extravío mencionado, en su defensa, el ya añejo ministro de la misma salió al paso con paso firme y voz de mando. Cobijado por ochenta y seis oficiales, leyó un comunicado desmintiéndola y descalificando a quienes la difundieron.

Dijo algo así como: “Esas armas las tenemos; hasta se las podemos mostrar”. Pero no las mostró. Aceptó haber perdido diecinueve, entre ametralladoras y fusiles; pero, agregó,  habían recuperado tres de cada tipo. Además, sostuvo que “los señores oficiales salen con su armamento y lo dejan en su vehículo y les abren los vehículos”. Por persignarse, terminó arañándose grueso. ¿Serán de esos oficiales los que están al mando de la abundante tropa que realiza, desde el 16 de julio de 1993 hasta la fecha, tareas de seguridad pública?

Acá por todos lados hay armas y en todos lados se pueden conseguir, dentro o fuera de los cuarteles. Acaba de regresarse, “triste” y “condolido”, a seguir fungiendo como embajador en Alemania el “pobre” general José Atilio Benítez Parada. “Pobre”, sí, porque vino al país a “limpiar su nombre ante la justicia” luego de que lo acusaran de traficar armas, aprovechándose de sus anteriores cargos: viceministro y ministro de la Defensa Nacional durante la presidencia de Mauricio Funes, quien también tiene registradas casi un centenar. Vino a eso y no lo dejaron dos partidos: el FMLN y la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), que votaron contra su antejuicio. 

 Todo eso ocurre en un país gravemente enfermo; un país con su siempre precaria salud cada vez más complicada por la exclusión y la desigualdad, agravadas con la inseguridad y la violencia. A quienes viven eternamente en aflicción por ese estado crítico, sus médicos les dicen: va mejorando. La sobredosis de militarización, lo está levantando; pronto caminará. Y alegan: de veintidós víctimas mortales diarias durante el primer trimestre del 2016, más del 80% con arma de fuego, hoy bajaron a once y media. Es como si a un paciente terminal le bajan la temperatura con trapos húmedos.

Para acabar de fregar, recién apareció desfilando por las calles capitalinas un puñado de “carapintadas”: el alto mando castrense, encabezado por su “líder”. El por ya siete años ministro, general David Munguía Payés, no me recordó al teniente coronel Aldo Rico cuando en 1987 ‒también con “carapintadas”‒ se alzó contra el presidente argentino Raúl Alfonsín; ese golpista real estaba furibundo por el juzgamiento de militares violadores de derechos humanos. Más bien me recordó a su antecesor, el general René Emilio Ponce, quien en marzo de 1993 apareció despotricando contra el informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador, arropado por casi nueve decenas de oficiales. Está la foto del recuerdo; eso sí, sin ningún “carapintada” rodeándolo.  

Esos “carapintadas” guanacos, ¿estarán pensando alejarse del cada vez más lejano “camino de la paz”?

Imágenes tomadas de internet. 

Al fondo, a la derecha...

Benjamín Cuéllar

El recién pasado lunes, primer día de agosto y primero en serio de las vacaciones de temporada, estuve en una agradable tertulia con amistades de verdad y con uno de los amores de mi vida. Entre estos últimos, no estuvieron presentes los tres restantes porque están fuera del país; el otro, mi madre, por razones lógicas no participó en la mentada reunión. Irremediablemente, la conversación arrancó con el tema del momento: la sentencia de inconstitucionalidad de la siniestra amnistía aprobada el 20 de marzo de 1993.

Este extraordinario fallo fue conocido mediante un comunicado oficial de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, emitido el miércoles 13 de julio y notificado posteriormente tanto a este servidor –José Benjamín Cuéllar Martínez– como al ciudadano Pedro Antonio Martínez González y a la ciudadana Ima Rocío Guirola, por ser sujetos procesales que asumimos los riesgos y firmamos el 20 de marzo de 2013 la demanda inicial, manteniéndonos vigentes como tales hasta el desenlace positivo del esfuerzo.

Regresando a la velada antes mencionada, frente a ese acontecimiento de trascendencia  mayúscula para el país y habiendo conocido ya la posición de la dirigencia del partido de Gobierno y de quien ingresó como inquilino principal a Casa Presidencial hace ya más de dos años, una de las personas asistentes me preguntó cuál era mi opinión al respecto. Lo hice con palabras duras, sí, pero ciertas. No faltó quien me pidiera fuese “políticamente correcto”, sugiriéndome resumir en una palabra mi juicio sobre la postura de eso que aún hay quien llama “izquierda”. “Pusilánimes”, me dijo a manera de ejemplo.

“¡No!”, arremetí indignado. “¿A cuenta de qué?”, rematé. Pusilánime es quien –según el diccionario– “muestra poco ánimo y falta de valor para emprender acciones, enfrentarse a peligros o dificultades o soportar desgracias”. Puede haber algo de eso, pero el término se  queda corto. Son, hay que decirlo con todas sus letras, simplemente traidores; es decir, quienes cometen traición. Y el significado de la palabra traición, siempre con el diccionario en la mano, es el siguiente: “Falta que comete una persona que no cumple su palabra o que no guarda la fidelidad debida”. 

 Lo anterior no hubiera trascendido más allá del lugar y el momento en que ocurrió, si el personaje ese que han instalado como secretario de comunicaciones del Ejecutivo, vocero gubernamental o merolico presidencial, no hubiese dicho lo que acaba de decir. “Durante muchos años –afirmó atrevido Eugenio Chicas– estuvimos esperando una resolución como esa; pero veinticinco años después, ¿qué utilidad práctica tiene eso realmente?”. Para este malogrado portavoz oficial, la inconstitucionalidad de la amnistía más aberrante de los tiempos modernos representa para el país “una enorme complicación”.

Quiere Chicas respuestas a su pregunta sobre la utilidad práctica de este excepcional suceso. Le va la primera: “La Ley de Amnistía viola el derecho de acceso a la justicia de ciertos casos que no se han querido ventilar aquí en el país… Mientras no se haga justicia, las estructuras que cometen graves violaciones a la sociedad van a seguir siendo impunes”. Fuente, lugar y año: Salvador Sánchez Cerén, hoy primer mandatario, en la Asamblea Legislativa en el 2007.

En otra sesión plenaria realizada antes, el 15 de abril del 2005, siendo oposición el FMLN también propuso derogarla. Ante el férreo rechazo del entonces granítico bloque de derechas, se escuchó otro argumento que confirma la utilidad práctica que entraña el haber mandado esa amnistía al basurero de la historia. “Les pedimos a los otros protagonistas del conflicto –se escuchó exigente al entonces diputado y ahora canciller, Hugo Martínez‒ que tengan la valentía, para que se sepa la verdad”.

Finalmente, su líder histórico sostuvo que la oposición de una fracción parlamentaria a dicha derogatoria era “para proteger a algunos de sus oficiales”, que entonces eran diputados. Eso aseveró Shafick Handal, agregando un interesante y sobre todo desafiante planteamiento: si ese bloque de derechas estaba convencido que únicamente la izquierda había cometido atrocidades, ¿por qué no desaparecían y sepultaban la amnistía, para juzgar a sus responsables? Shafick terminó exclamando: “¡Porqué quieren seguir mintiendo!”.

A esas palabras pronunciadas con coherencia y coraje por el finado Handal, no le están guardando la fidelidad debida quienes ven la derrota de la amnistía como una “complicación para el país”. Pero es ley de la vida: hasta en las mejores familias, así como hay personas encumbradamente grandes también las hay miserablemente chicas. 

Otra utilidad práctica que debe adicionarse es que con su actitud, de cara a este enorme e  histórico triunfo de las víctimas en su lucha contra la impunidad, la “izquierda” y la derecha partidistas han colocado otro clavo más en el ataúd de una polarización falsa y únicamente conveniente para quienes se han querido presentar ‒a lo largo de la posguerra‒ como acérrimos rivales. Sin embargo, a final de cuentas, en realidad han resultado ser patéticos iguales. Por ello, desde hace un buen rato, cuando me preguntan dónde está la izquierda salvadoreña no me queda más que responder: “Al fondo, a la derecha”.

¿Amenaza u oportunidad?

Benjamín Cuéllar

Antes de que los viejos y “nuevos” enemigos de la justicia en El Salvador acuerden cómo darle la vuelta a la sentencia que –el pasado miércoles 13 de julio – declaró inconstitucional la amnistía, hay que hacer algo desde y con las víctimas de las atrocidades ocurridas hasta antes de enero de 1992 y de la impunidad protectora de quienes las ordenaron. Y hay que hacerlo no solo por los casos individuales sino también por el país que, de seguir así, va directo al fracaso. Mientras chillan y se desgañitan quienes defienden la fenecida ley ‒háganlo y sigan haciendo así el ridículo‒ mejor proponer hacer lo debido, para no desaprovechar este gran chance para el país.

Primero, de una vez por todas hay que hacer que funcione el sistema de justicia. Que sus instituciones, sobre todo la Fiscalía General de la República y el Órgano Judicial, sienten precedentes con los casos publicados por la Comisión de la Verdad. Eso acordaron y firmaron en Chapultepec hace casi veinticinco años, la moribunda guerrilla y el robusto primer Gobierno del partido ARENA. El texto decía que “hechos de esa naturaleza, independientemente del sector al que pertenecieren sus autores, deben ser objeto de la actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia, a fin de que se aplique a quienes resulten responsables las sanciones contempladas por la ley”

Podría pensarse en el indulto; pero luego de tocar lo intocable emitiendo una sentencia condenatoria firme. Si no, las cosas no cambiarán de fondo y el encierro, el entierro o el destierro seguirán siendo las opciones para gran parte de las juventudes nacionales que sobreviven en las mayores y más intolerables condiciones de vulnerabilidad.

Asimismo, deberán promoverse espacios comunitarios de sanación (ECOS) donde se diga la verdad  para escucharla en todo el país y el mundo; que quede resonando por siempre en la historia y no vuelva a repetirse la barbarie, como ya ocurrió acá después de la matanza de enero de 1932. También que suenen y resuenen los perdones solicitados desde la crueldad de los victimarios y los perdones otorgados desde la generosidad de sus víctimas. Perdón al que pida perdón y sanción al que merezca sanción, la cual deberá cumplirse en beneficio de la comunidad.

El castigo ejemplarizante a los que dieron las órdenes ‒los “imprescindibles” de la barbarie‒ estimulará a que en estos espacios pidan perdón y cumplan su sanción quienes las recibieron; es decir, los “prescindibles”. Las personas que participen en los ECOS de la verdad y la restauración del tejido social, abajo y adentro del hasta ahora siempre doliente El Salvador, deberán hacerlo con la suficiente información sobre lo que pueden esperar y con el más claro conocimiento de la oportunidad que este ejercicio representa para curar la profunda, extendida e infectada herida nacional.

Con el necesario apoyo psicosocial previo, victimarios y víctimas serán sus principales protagonistas; deberán serlo, conscientes de que ese será el punto de encuentro del arrepentimiento de la maldad pasada y la humildad presente de aquellos, con la abundante nobleza de estas que crecerá con el conocimiento necesario de la verdad. 

 La combinación de lo primero y lo segundo, bien hecho, sin trampas ni dobleces, reducirá en mucho la opción de usar la justicia retributiva. Esa que necesita tribunales y tribunos, normas y formalismos que muchas veces la gente ni siquiera entiende, pero que –aún así– por ser un derecho fundamental no puede ni debe negarse a nadie, imponiendo por ley una falsa “reconciliación” que solo alcanza para los de siempre: las altas jerarquías de uno y otro bando. 

Si marchan bien los dos primeros recursos de esta propuesta, el tercero será menos utilizado. Eso sí, para las víctimas que opten por echar mano del mismo, las tres instituciones integrantes del Ministerio Público diseñarán en conjunto una estrategia que ‒sin regateos‒ facilite dar respuesta a esas justas demandas.

En función de lo anterior, deberá promoverse y conseguir toda la contribución posible de la sociedad: de universidades, iglesias, empresa privada, asociaciones de servicio a la comunidad, organizaciones y más. También de la “comunidad internacional”, cuya cooperación únicamente será brindada si se le brindan todas las certezas y garantías de que ahora sí ‒realmente‒ la cosa va en serio. 

Hoy por hoy, este es el gran desafío nacional para sacar al país del peligroso sendero que por casi cinco lustros ha recorrido; sendero pavimentado por el hambre, fruto de un precario desarrollo humano digno para sus mayorías populares a causa de la ofensiva desigualdad, la inaceptable exclusión y la gran corrupción. Sendero, además, encharcado –ayer, hoy y quizás mañana‒ por la sangre que siguen derramando los sectores siempre víctimas de violencias atroces, antes políticas y ahora sociales o derivadas de estructuras criminales.

Manejado por la derecha o por la izquierda, el vehículo marca El Salvador ha transitado por ese mal camino tras el fin de la guerra y hasta el pasado miércoles 13 de julio; camino encementado con un material pernicioso que ya comenzó a romperse: la impunidad sempiterna sobre la cual nacen, crecen y se reproducen tanto el hambre como la sangre. Dicho en las cuatro palabras que acordaron los firmantes una paz que solo sirvió para su beneficio, se trata de la “superación de la impunidad”.

Habría, pues, que redactar y aprobar una buena legislación que contemple esta y otras propuestas, si las hay. También habría que imaginar un equipo gestor bien independiente y operativo para terminar de pulirla y después compartirla; inicialmente por separado con víctimas, organizaciones sociales, iglesias, partidos políticos, instituciones integrantes del sistema de justicia, militares, organismos intergubernamentales y cuerpo diplomático. 

¿Amenaza u oportunidad? Lo primero, solo para quienes se saben culpables; oportunidad, sí, para las mayorías populares que ‒por culpa de los anteriores‒ no disfrutan aún la paz que les prometieron. Recordemos al gran Lennon y no le sigamos negando esta oportunidad a la paz…

"Compañeros" caídos en la ducha...

Benjamín Cuéllar

Nació en 1952 e ingresó a las Fuerzas Populares de Liberación, las FPL, en 1972;  su nombre de guerra: “Milton Méndez”. Este es el primer personaje. El seudónimo del segundo es “Guillermo Rodríguez”, quien vino al mundo en 1961. Originarios de los departamentos de San Miguel y La Unión, respectivamente, en 1980 fueron fundadores del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional; de aquel FMLN histórico y añorado. Dejaron atrás su pasado guerrillero en 1992 cuando, tras lo pactado con el hasta entonces archienemigo, entregaron sus armas rebeldes que empuñaron durante los años que luchaban por la justicia y la revolución.

En realidad, no las entregaron todas; se quedaron con algunas y no fueron pocas. Solo en cinco casas de seguridad ubicadas en Managua, luego de una explosión accidental ocurrida el 23 de mayo de 1993, se descubrió como por “arte de magia” el siguiente “guardadito”: 1,240 fusiles y 2,025 kilogramos de explosivos; 1,406,300 balas; 1,300 granadas de mortero y 3,970 granadas diversas; 350 cohetes “law” y 35,700 detonadores; 42 ametralladoras y 19 misiles “tierra-aire”. En su “mayor parte”, según Boutros Boutros-Ghali –secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en esa época– dicho arsenal estaba “en buenas condiciones”.

El 11de junio de 1993, “Leonel González” –jefe máximo de aquella tremenda y hoy extinta agrupación guerrillera, por tanto también de “Milton” y “Memito”– respondió lo siguiente: “La verdadera razón por la que no inventariamos ni destruimos todas nuestras armas fue sencillamente por la profunda desconfianza que tenemos en la fuerza armada. Ello nos obligó a esconder una última carta de negociación para garantizar el cabal cumplimiento de todos los acuerdos. Como usted sabe, los retrasos e incumplimientos de los compromisos gubernamentales, […] incrementaron notablemente nuestra desconfianza”.

Alfredo Cristiani, presidente de la República y comandante general de una Fuerza Armada que además de generar recelos debía ser depurada, puso el “grito en el cielo”. El mismo 11 de junio de 1993 le escribió a Boutros-Ghali, acusando al FMLN de violar de forma consciente su compromiso de entregar todos los pertrechos de guerra que poseía, dentro y fuera del país. Para Cristiani, la “conducta” de la contraparte de su Gobierno –además de violar compromisos adquiridos– era “sumamente grave” y podía “afectar la credibilidad de todo el proceso de pacificación”.

Así las cosas, hoy resulta que ese tan afamado y mundialmente aplaudido proceso ha sido conducido –a lo largo de sus casi veinticinco años de duración‒ por una pareja de partidos mañosos, eternamente desconfiando el uno del otro y queriendo presentarse, uno y otro, elección tras elección, como la mejor opción para salvar a El Salvador.

Por cierto, el nombre real de “Leonel González” ‒Salvador Sánchez Cerén– es bastante más conocido que los sus subordinados pasados y presentes. “Milton Méndez”, en verdad se llama Medardo González Trejo; “Guillermo Rodríguez” o “Memito” fue asentado en su partida de nacimiento como Óscar Samuel Ortiz Ascencio. Este trío ahora sí está del todo “a pecho descubierto” ante su rival. Las armas de fuego las entregaron el 16 de enero de 1992  o se las hallaron ocultas en los “tatús” de Managua, el 23 de mayo de 1993.

Pero también entregaron otras armas, quizás las más valiosas, sin acuerdo de por medio: las de los ideales y las ideas. Ya no tienen más que entregar. ¿O sí? Por eso, ahora dos de ellos despachan desde Casa Presidencial y el tercero tiene una curul en la Asamblea Legislativa que, desde el recién pasado miércoles 13 de julio, deberá ocupar a… fuerza del cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Constitucional. A menos que, como en sus años mozos, convoque a otra huelga; ya no estudiantil, sino parlamentaria. Como sea –en esos espacios– cada quien con su cada cual chilla o se lamenta defendiendo una amnistía infame, ahora caída en la lucha siempre librada por las víctimas de las atrocidades.

¡Peligra la democracia! ¡Se abrirán viejas heridas¡ ¡Renacerán acusaciones sepultadas en 1992! ¡Dinamitarán los pequeños puentes tendidos! ¡Volverán el caos y la confrontación! ¡Hay que darle un “sacudón” a esa Sala “revanchista” y “golpista”! Hoy ya no hay por qué desconfiar de “su” Fuerza Armada que ni irrespeta derechos humanos de jóvenes a quienes acusan de ser “delincuentes terroristas” sin serlo, ni sus altos jefes venidos a más en el servicio exterior trafican armas de muerte. Por eso andan maniobrando, apurados para que mediante una nueva y deshonrosa legislación mantengan viva su “amorosa reconciliación”.

“Leonel”, “Milton” y “Memito” cayeron en la lucha electorera, emboscados bajo una lluvia de bombas doradas y en medio de las peligrosas urnas donde decidieron combatir para ganar votos. Pero les sobreviven Salvador Sánchez Cerén, Medardo González Trejo y Óscar Samuel Ortiz Ascencio cuyo único riesgo actual es el de pasar a la historia –a diferencia de Apolinario “Polín” Serrano, “Juancito” Chacón y Patricia “Ticha” Puertas, este sí trío grande y heroico– simplemente como “compañeros” caídos en la ducha del lugar donde habitan y disfrutan su “buen vivir”.

El búmeran continúa devolviéndose

Benjamín Cuéllar

Ya son más de las diez de la noche del miércoles 13 de julio del 2016. Vengo de un conversatorio sobre grupos armados ilegales en El Salvador, el cual giró alrededor de un texto que escribí recientemente acerca de ese fenómeno criminal descalificador y deslegitimador de cualquier Estado que ‒como este de acá‒ pretende presumir ser de Derecho. Es, más bien, de “derecha”. El evento, con una nutrida y atenta asistencia, finalizó antes de las veinte horas. Comencé a redactar estas líneas tan tarde, después de atender múltiples llamadas de diferentes medios que querían conocer mis primeras reacciones sobre la noticia que acaparaba la atención casi general. Era de esperarse. La Sala de lo Constitucional acababa de anunciar su sentencia sobre dos demandas que presentamos el 20 de marzo del 2013, día exacto en que se cumplían veinte años de aprobada la infame amnistía.

Lo primero que le expresaba a todos, antes  de comenzar a grabar, era en realidad una súplica: por favor no me pregunten sobre el fondo de lo resuelto, porque no lo conozco. Disculpen, les rogaba. Únicamente podía hablarles, en ese instante, de mis sentimientos. Mi persona no daba para más. Esa era la única posibilidad que tenía, pues tenía el corazón en la mano y la mirada puesta en las víctimas que son ‒sin regateo alguno‒ las grandes e insustituibles protagonistas de la historia más dolorosa de El Salvador y de la lucha por transformarlo en un país presentable, amable y agradable.

Sus verdugos se perdonaron entre sí a conveniencia. Sabían que más tarde o más temprano se alternarían las riendas gubernamentales; mientras, tras bambalinas, eran manejados cual simples marionetas de los poderes ominosa y supuestamente ocultos. Eso comenzó a gestarse desde que se sentaron a negociar y pactar su paz. Como varias veces he dicho, escrito y discutido, no solo fueron seis los acuerdos entre los señores de la guerra para garantizarse su tranquilidad; esos fueron los escritos y firmados en Ginebra, Caracas, San José, México, Nueva York y Chapultepec. 

Hubo uno más que no quedó escrito; mucho menos fue firmado. Se trata del arreglo que a la gente más sufrida le torció el rumbo hacia el ofrecido y anunciado, ansiando y hasta ahora nunca alcanzado “paraíso terrenal”. Más adelante, para asegurarse, redactaron lo que en un burdo y ofensivo eufemismo denominaron “Ley general de amnistía para la consolidación de la paz”. Pero ya la desmoronaron quienes debían hacerlo: las víctimas luchadoras, nunca derrotadas, y sus desbordantes ganas de lograr para esta sociedad y su historia la verdad, la justicia y la reparación integral. Lo hicieron y lo seguirán haciendo con toda su dignidad, la cual trasciende cualquier inmoralidad oficial o electorera.

Los ojos del país y el mundo están puestos únicamente en la declaración de inconstitucionalidad de ese adefesio normativo que mantuvieron en vigencia durante veintitrés años, sin importar las críticas y condenas de dentro y fuera del territorio nacional. Aún sin leer íntegramente el texto emitido por la Sala, se sabe que lo resuelto tiene efectos generales y es de aplicación inmediata; por ello, nadie podrá invocar la amnistía tumbada como lo hicieron hasta ahora: como el impedimento para juzgar casos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales, ocurridos antes y durante el conflicto armado.

Pero la decisión comunicada ayer va más allá jurídicamente, para asegurar el cabal cumplimiento de lo anterior. Estipula que los crímenes contra la humanidad no prescriben con el transcurso del tiempo; así se abre la puerta para que efectivamente se imparta justicia y el país avance hasta llegar a ser normal y decente. Dicho con otras palabras: un país cuyas instituciones funcionan sin importar quién es la víctima y quién el victimario. Esto es lo único que no se ha intentado en El Salvador de la posguerra: combatir y derrotar la impunidad propiciadora de inseguridad y violencia, de corrupción y desigualdad. Ahora, pues, también se ha abierto la esclusa para comenzar a navegar a buen puerto: al de una paz cierta y sólida, por estar fundada en la verdad y la justicia.

Aquel 20 de marzo del 2013, con el calor de muchas víctimas, presentamos esas dos demandas de inconstitucionalidad: una contra la ignominiosa amnistía y otra contra la prescripción de los delitos de lesa humanidad. La inconstitucionalidad de la primera sin obtener la de la segunda, no hubiera pasado de ser algo simbólico pues se habría dejado viva la posibilidad de que los perpetradores ‒de uno u otro bando‒ alegaran que se había agotado el plazo para su persecución penal. Pero gracias a la asesoría de Paula Cuéllar, candidata al Doctorado en historia y derechos humanos, decidimos  atacar dicha traba; el primer borrador de esta segunda demanda lo elaboró ella. Gracias, pues, querida Paula. Y gracias también al entrañable Pedro Martínez, quien con su conocimiento jurídico e indudable compromiso elaboró la primera: la que cercaba a la amnistía, cuya derrota es ahora un hecho. 

Pero el sitial de honor, el agradecimiento más alto y el mayor reconocimiento es para las víctimas que desde su condición nunca flaquearon. Siempre estuvieron en pie de lucha, demandando lo que merecen: verdad real, justicia plena y reparación integral. Su linda y legítima terquedad, apartó ya del camino aquella piedra de tropiezo; esa que Francisco Flores, cuando era presidente, llamó la “piedra angular de los acuerdos de paz”. Ya no hay, pues, amnistía que valga. Pero siguen ahí los cobardes que se cubrieron con ese trapo sucio. Por ello, habrá que aspirar y esperar que esta “buena nueva” sirva para fortalecer la organización de sus víctimas y agigantar los esfuerzos de estas. Son mis mejores deseos.

Verdad y memoria, justicia y paz

Benjamín Cuéllar

Día: 6 de abril de 1944. Lugar: un refugio con más de cuatro decenas de niños y niñas, ubicado en un pueblo francés cercano a la ciudad de Lyon. Hecho: su detención. Pecado: su nacionalidad judía. Destino: su ejecución en Auschwitz, Polonia. Ese fue su destino, pero no el final de la historia. Esta ni siquiera terminó el 4 de julio de 1987 cuando, a sus setenta y tres años de edad, Klaus Barbie fue condenado a prisión perpetua por crímenes contra la humanidad. Ahí murió el 25 de septiembre de 1991. 

En estos días pues, pero hace ya casi treinta años, con la mentada sentencia de culpabilidad se escribió el último capítulo de esa particular historia para dar paso a la memoria, con la cual muchas víctimas ulteriores –en todas partes del mundo– siguieron escribiendo y resguardando sus preciadas historias, para forjar así el triunfo de la dignidad sobre las escorias.

Más de un centenar de personas testificaron en el juicio del “carnicero de Lyon”. Una  acaba de partir, dejando tras de sí su enorme y valioso legado. Este sábado 2 de julio falleció Elie Wiesel, Nobel de la Paz en 1986. De sus 87 años de vida, un par los pasó precisamente en Auschwitz donde vio morir a su padre; donde, además, asesinaron a su madre y a su menor hermana. Casi al final de la emblemática vista pública antes referida, Wiesel redactó un texto dentro del cual se leía en alguna de sus partes esto:

“¿Buscas el fuego?, decía un gran rabino hasídico. Búscalo en la ceniza. Es lo que ustedes están haciendo desde el principio de este proceso; es lo que intentamos hacer desde la liberación. Hemos buscado en la ceniza una verdad para afirmar –a pesar de todo– la dignidad del hombre, que no existe sino en la memoria”.

Esa profunda reflexión es el epígrafe con el que inició un esfuerzo investigativo bien fundamentado que, durante un tiempo relativamente prolongado, realizó el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA). El resultado fue publicado por la revista Estudios Centroamericanos (ECA), también de la UCA; apareció hace casi dos décadas, en el último número de 1997. El título, una obviedad: “Buscando entre las cenizas”.

Al inicio, en el resumen del mismo, se decía que el documento mostraba “los hechos pasados acontecidos en El Salvador, los cuales han sido deliberadamente silenciados o tergiversados”. Rescatar la verdad de la historia del sufrimiento y establecer responsabilidades aunque sea de manera general –no solo cuantitativa, sino también cualitativamente– tenía un propósito: dejar atrás la impunidad y construir una convivencia pacífica, democrática y participativa.

En cuanto a cifras, esta búsqueda universitaria arrojó una cantidad superior a las publicadas por la Comisión de la Verdad. Era de esperarse por diversos motivos como –por ejemplo– el tiempo disponible para investigar, la información asequible por parte de organizaciones sociales colegas, la cercanía natural con las víctimas y un conocimiento más profundo de la realidad nacional, incluido el de sus protagonistas y de las instituciones nacionales con todas las mañas de unos y otras en varias acepciones y decepciones.

En lo que toca a imputaciones para ambos ejércitos, no existe mayor diferencia entre los hallazgos del IDHUCA y los de la citada Comisión. Según el primero, las fuerzas insurgentes aparecen como responsables del 5.33% de todos los hechos, entre los cuales destacan los mal llamados “ajusticiamientos” y los secuestros con fines extorsivos, políticos o ambos combinados.

Además, el ente universitario atribuyó a agentes estatales –militares, policiales y paramilitares– el 84.47% de la autoría en detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales individuales y masacres, desapariciones forzadas y torturas. Existe un porcentaje de crímenes adjudicados a autores desconocidos, dentro de los cuales se ubican los “escuadrones de la muerte” con participación oficial o con su tolerancia; parte de estos hechos, seguramente en mucha menor cuantía, también debe cargarse a los comandos guerrilleros clandestinos.

Con las anteriores y otras iniciativas, resulta necio preguntar si en El Salvador se ha buscado entre las cenizas. ¡Claro que sí! Y se ha encontrado el fuego abrasador de la verdad dignificadora. En tal sentido, desde y con las víctimas, se han hecho todos los esfuerzos  nacionales e internacionales posibles. Pero para que esa verdad libere y sane, falta mucho aún. La resistencia de los poderes infames sigue siendo enorme. 

Elie Wiesel fue Premio Nobel de la paz en 1986 y, consecuente con el significado y el peso de ese galardón, el año siguiente declaró contra Klaus Barbie. Nadie le pidió que devolviera el reconocimiento mundial por ello; nadie le dijo que estaba “abriendo heridas” ni valieron los alegatos, en favor del genocida nazi, de que era ya un hombre de la “tercera” o la “cuarta” edad.

Con su testimonio, con el juicio en general y con la condena del “carnicero de Lyon”, Wiesel y el resto de las más de cien víctimas declarantes sembraron las semillas para cosechar un futuro de paz con justicia, donde no exista la impunidad premiando a los perpetradores y castigando a sus víctimas; tampoco las venganzas remuneradas o por “mano propia”. Le apostaron a construir, desde su dolor, un escenario donde la armonía estuviera resguardada por el funcionamiento aceptable de las instituciones.

En tal dirección y a punto de finalizar hace veintiocho años el juicio comentado, Wiesel se dirigió a las víctimas en los siguientes términos: “Es lo que ustedes están haciendo desde el principio de este proceso; es lo que intentamos hacer desde la liberación. Hemos buscado en la ceniza una verdad para afirmar –a pesar de todo– la dignidad del hombre, que no existe sino en la memoria. Gracias a este proceso, los sobrevivientes encuentran una justificación a su supervivencia. Su testimonio cuenta, su memoria será parte de la memoria colectiva. Está claro que nada podría volver a los muertos a la vida. Pero, gracias a las palabras pronunciadas ahí, el acusado no podrá matar otra vez a los muertos”.

Gracias Elie Wiesel, nobel de la paz. Descanse en la misma…

¿Qué noticia prefiere?

Benjamín Cuéllar

¿La paz colombiana? ¿La salida inglesa de la Copa y la Unión europeas? ¿El día internacional de apoyo a víctimas de torturas? ¿La renuncia de Messi a la “albiceleste”? ¿La represión en Nochixtlán, Oaxaca? ¿La pública solicitud de matrimonio de un policía británico a su pareja, en plena marcha del orgullo gay? ¿La sorpresa en que se convirtió la “selecta” islandesa? ¿O el sorpresivo anuncio presidencial de las “medidas extraordinarias” para prevenir la violencia? De esos sucesos ocurridos durante los últimos días dentro y fuera de El Salvador, ni alcanza el conocimiento detallado ni el espacio para comentar cada uno.

Quizás convenga mejor hablar solo de lo que el Ejecutivo publicita –en su sitio oficial– como “acciones estratégicas e integrales que fortalecerán las capacidades y oportunidades de la población, para mejorar la seguridad de las familias, fortalecer la armonía social y recuperar la belleza de los territorios”. Y de esas promesas, conviene priorizar la opinión sobre el subsidio a la juventud etiquetada peyorativamente como “nini”. Hay que hacerlo porque, mientras estuvo en “agenda”, en su mayoría solo se escucharon necedades propias de una polarización soez. Ni desde la oposición mezquina, egoísta; ni desde el Gobierno de oficina, populista; ni en su defensa ni en su ataque… Hay que ubicar el asunto desde la perspectiva de los derechos humanos.

Acá y en el resto del mundo, en documentos y discursos se reconocen a las juventudes –“divino tesoro”, según Darío– como un vasto grupo humano con igual dignidad; aunque en El Salvador, la realidad sea otra. No obstante tanta guerra militar y electorera, en esta comarca les son negados y violados a diario sus derechos. Se supone que los tienen –entre otros– para vivir con seguridad, educación y trabajo; este último, reivindicable por quienes están en edad y condiciones de hacerlo: la ley determina que una persona puede trabajar a partir de los catorce años, cumplidos los requisitos establecidos para ello.

Pero entre esa población nacional mayoritaria, preguntas incómodas, ¿se ha invertido para  generar oportunidades laborales decentes y desarrollar capacidades productivas, que permitan convertir a las y los jóvenes en motor de las transformaciones a fondo? ¿Se ha hecho lo debido para que no solo vean su realización fuera de las fronteras patrias? ¿Para que además de ese “destierro”, no sean sus otras opciones fatales el “encierro” y el “entierro”? ¿O son, simple y descaradamente, el sufragio clave a enamorar?

Ojo: estas interrogantes críticas no son exclusivas para la actual administración presidencial. Lo son para todas las de antes y para la alta cúpula empresarial; también para los ciento sesenta millonarios que en el 2014 –según OXFAM– acumulaban veintiún mil millones de dólares. No se salva nadie. Son responsabilidades compartidas al no intentar, siquiera, una solución cierta a problemas estructurales tales como la pobreza y la desigualdad, la violencia y la inseguridad.

Y toda esa gente metida en la “política” –quizás hay alguna excepción– utilizó y sigue utilizando electoreramente a las juventudes en condiciones de mayor vulnerabilidad. Y, puestos en el puesto, “si te vi ni me acuerdo”. Por de pronto no hay una nueva y real, diferente y edificante alternativa partidista. No hay pues, como dicen en México, “otro palo onde horcarse”. Por eso, en la actualidad y cada vez más, la mayoría de las personas pensantes y conscientes del país se posiciona: ni con uno ni con el otro.  

A propósito, en el supuesto Gobierno esperanzador y cambiador –previo al del “buen vivir”– se publicitó el peliagudo Programa de Apoyo Temporal al Ingreso. “PATI” le decían por sus siglas, casi hasta con cariño. ¿Alguien lo evaluó? ¿Valió la pena? ¿Favoreció a las maras o a jóvenes que no lo son, entre una población donde policías y militares no distinguen? ¿“Victimizó” más a sus víctimas? ¿Fue prevención o urgente sed de votos? Las críticas al mismo, ¿fueron infundios contra el fantasioso “cambio” que nunca llegó?  

Hoy como antes, con el subsidio ya notificado, surgen inquietudes legítimas que no tienen sesgo de ningún tipo ni son fruto de algún prejuicio. Surgen desde los derechos humanos. Una: esas mujeres que se afanan en su hogar, las imaginadas e imaginarias “amas de casa”, ¿serán consideradas personas que ni trabajan ni estudian?  En realidad, esas de las que –por una nefasta “construcción social”– designan y clasifican como “trabajadoras domésticas sin remuneración”, pero no son reconocidas como tales. Y jóvenes, entre ellas, hay un montón. ¿Serán favorecidas por la última pensada oficial?

Otra: el beneficio anunciado es para quince mil jóvenes y, obviamente, sus familias. De acuerdo. Pero, según el Programa de las Naciones Unidas, en su informe del 2015 denominado  “Trabajo al servicio del desarrollo humano”, el veintisiete por ciento de jóvenes entre quince y veintinueve años de edad ni estudia ni trabajaba. El estimado para el 2012 hecho por la Fundación “Guillermo Manuel Ungo”, partiendo de los dieciséis años, es casi el mismo: veintiséis. En cifras, esta Fundación estableció una cantidad superior a las cuatrocientas mil personas hace cuatro años. ¿Será progresivo y sostenible el subsidio oficial ante un escenario de semejante tamaño?

Finalmente, está lo relativo a su conducción adecuada y a la información transparente. Porque hay quienes hacen de las instituciones estatales una especie de “torre de Babel” guanaca. Salvador Sánchez Cerén, el presidente, dijo: “Si su hijo no estudia, si su hijo no trabaja, pues, este programa le va a dar un apoyo en dinero por doce meses para que […] pueda tener formación y si tiene formación, enviarlo a pasantías. Que trabaje”. Para quien preside la actual legislatura, Lorena Peña, no se trata “de salir a repartir billetes ni salir a buscar vagos”, sino de brindar quince mil “oportunidades de empleo”. 

Y el responsable de ver cómo se financia esta “extraordinaria” medida, Carlos Cáceres, ofensivo e irresponsable declaró textualmente lo siguiente: “El dinero es para prevención. Imagínese qué significa la prevención, de que aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan y que son vagos, ahora se dediquen a estudiar o a trabajar”.

Que alguien me explique, ¡por favor!